20.2.2019
 
Artículos / Opinión
Niccolo Moro
Crecimiento 2018 y vulnerabilidades de la economía chilena
Por Niccolo Moro
7 de febrero de 2019
(Política & Economía) El cierre económico de 2018 dejó satisfecho al gobierno de Sebastián Piñera, tanto porque logró el esperado repunte del crecimiento, de 4% del PIB. Sin embargo, hay dos temas que preocupan: el persistente endeudamiento y la proyección a la baja del PIB durante 2019.
 

(Política & Economía) El cierre económico de 2018 dejó satisfecho al gobierno de Sebastián Piñera, tanto porque logró el esperado repunte del crecimiento, de 4% (el más alto desde 2013), como también porque redujo el déficit fiscal efectivo, de 2,8% en 2017 a 1,7% en año pasado. En ambos casos respecto del PIB. Sin embargo, hay dos temas que preocupan: el persistente endeudamniento y la proyección a la baja del PIB durante 2019. ¿Qué está ocurriendo con la economía chilena? ¿Cuáles son las barreras que debiera sortear para conseguir un crecimiento sostenible, con buena oferta de empleos?

El crecimiento chileno del último mes de 2018, medido por el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec), que calcula el Bando Central, registró una expansión de 2,6% en comparación con diciembre de 2017. Esta cifra resultó inferior a las expectativas de los analistas y del propio gobierno de Sebastián Piñera, que habían estimado el cierre del año con un Imacec superior al 3,0%.

De inmediato se encendieron las luces amarillas, porque gran parte del crecimiento del año pasado se explica por la baja base de comparación que ofrecía 2017 (año en que la economía sólo creció en 1,5%), de modo que hacia 2019 no se ve un horizonte favorable para lograr un crecimiento cercano al 4%. Los menos pesimistas –incluyendo el FMI-esperan que en 2019 la economía chilena registre una expansión de 3,6%.

Por lo tanto, la pregunta se rigor es si a este ritmo la economía chilena será capaz de generar más actividad productiva, para abatir la tasa de desempleo que se mantiene sobre el 6%, y llevarla por debajo del 5%, tasa no del todo satisfactoria, pero al fin y al cabo más tolerable que la actual.

Aparte del bajo nivel de comparación con 2017, los factores que permitieron un crecimiento del 4% en 2018 apuntan a la reactivación de la inversión (sobre todo en minería, construcción y servicios) y a la recuperación del precio del cobre y de las expectativas de los empresarios locales. Estos últimos, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet resistieron las reformas estructurales (tributaria, laboral y educación) con una sibilina campaña del terror y paralizaron los proyectos que de ellos dependían.

Así y todo, con la expansión del PIB en 2018 queda claro que la reforma tributaria y otras realizadas por el gobierno anterior no eran impedimento para que la economía chilena creciera a una tasa razonable del 4%. También queda claro que cuando los empresarios ligados a la derecha se proponen boicotear, logran no solo enrarecer el ambiente político, sino también frenar la economía.

Cultura empresarial chilena

El crecimiento de 3,6% esperado para 2019 tendrá como entorno las reformas que dejó Bachelet, lo cual será la reconfirmación de que la ralentización de las inversiones y la molestia empresarial desatada en su gobierno obedecieron a razones ideológicas, las que claramente buscan la mejor tasa de ganancia posible para los negocios. Junto con ello quedará refrendado que en la cultura empresarial chilena persiste la motivación rentista de corto plazo, así como la visión patronal del factor trabajo, que se caracteriza por el afán de control total de las relaciones laborales.

Lo que ocurrió en la práctica con las reformas tributaria y laboral realizadas en el segundo gobierno de Bachelet apuntó al corazón de la cultura empresarial chilena. Concretamente, el mecanismo semi-integrado de tributación metió la mano al bolsillo de los empresarios, para extraerle un tercio de las ganancias que antes no tributaban, porque esta porción de ganancia se imputaba como ya pagada, junto con el impuesto de primera categoría erogado por sus empresas.

En tanto, la reforma laboral le restó capacidad de control a los patrones, porque se le dio más poder a la organización sindical y a la capacidad negociadora de los trabajadores.

En contraposición a la reforma tributaria hecha en el gobierno de la ex Presidenta Bachelet, el corazón del proyecto de “modernización tributaria” que propuso el Presidente Sebastián Piñera el año pasado, es restituir al sistema integrado, lo cual significa que el impuesto que pagan las empresas volverá a ser un crédito o descuento para sus dueños o accionistas, al momento en que tengan que tributar como personas naturales.

Queda en evidencia, por lo tanto, el afán de eximir a los grupos más acomodados de contribuir directamente a la caja fiscal, supuestamente para que éstos tengan más recursos a su disposición para reinvertir las ganancias. El propio gobierno de Piñera reconoció que el costo (para el fisco) de la eliminación del actual sistema semi-integrado será de poco más de US$ 800 millones.

La oposición ha expresado de manera transversal sus reparos a la contra reforma propuesta por Piñera, porque advierte que la propuesta es regresiva, y porque tampoco ofrece claridad respecto de las fuentes de compensación de aquella merma de US$ 800 millones para las arcas fiscales.

Por este solo factor, la propuesta tributaria de Piñera corre el riesgo de ser rechazada por la estrecha mayoría que tiene la oposición en el Congreso, salvo que un sector de la Democracia Cristiana, que se ha mostrado proclive a negociar con el gobierno, entregué sus votos para aprobar el proyecto. Así y todo, el gobierno tendrá que probar que este proyecto no afectará el financiamiento de los crecientes compromisos del Estado en materia de deuda fiscal y de políticas sociales.

Déficit fiscal y riesgo-país

Al mismo tiempo, Piñera tendrá que dar señales de que seguirá fiel al objetivo que se propuso cuando asumió el gobierno en marzo de 2018: abatir el déficit fiscal. Si no lo hace, seguirá alimentando una debilidad estructural que ha sido identificada como un factor crítico por las clasificadoras de riesgo internacionales, para rebajar levemente la nota del país. Moody’s lo hizo el año pasado y Fitch Ratings en 2017. Así y todo, Chile mantiene el primer lugar en el ranking de riesgo-país a nivel latinoamericano, con nota A de promedio.

La fuerte reducción del déficit fiscal el año pasado la obtuvo el gobierno por las dos vías clásicas: contención del gasto y generación de más ingresos. En el primer caso lo hizo mediante un decreto que obligó a todas las reparticiones del Estado a eliminar partidas de gastos aparentemente innecesarios (combustibles, viáticos, publicidad) y con el aplazamiento de algunos proyectos. Y por el lado de los ingresos, se vio favorecido por el alza de la recaudación tributaria, tanto porque la economía creció más, como porque operaron las nuevas fuentes aportadas por la reforma tributaria de Bachelet: el impuesto de primera categoría pasó del 25% al 27% y la aplicación del mecanismo semi-integrado.

Además, el año pasado se registró un ingreso fiscal extraordinario, con el impuesto especial de US$ 1.002 millones, pagado por la compañía canadiense Nutrien, por la venta del 24% de las acciones que mantenía en SQM, la mayor productora chilena de yodo, sales potásicas y litio, a la compañía china Tianqi.

El fuerte avance logrado el año pasado para la reducción del déficit fiscal fue un hecho puntual y el panorama para el mediano plazo no se ve fácil, debido -primero- a que el crecimiento será algo menor que en 2018; segundo, no se proyecta un alza en el precio del cobre; y tercero, no existirá un aporte extraordinario como el de la venta de acciones SQM a Tianqi.

Más difícil sería la tarea si Piñera logra aprobar su reforma tributaria, porque esta no asegura que aumenten los flujos al fisco. De este modo, es improbable que la recuperación de la nota de menor riesgo-país ocurra en el corto plazo.

Poco después de conocida la buena noticia del crecimiento y reducción del déficit en 2018, el analista de Fitch Ratings Todd Martínez, comentó que es improbable que las medidas de austeridad fiscal se puedan profundizar y que el paquete de reformas en que trabaja el Gobierno, "no promete bajar el déficit en nuestra estimación, ya que el efecto recaudatorio de la reforma tributaria no está del todo claro" (1).

En la misma oportunidad, el ministro de Hacienda subrogante, Rodrigo Cerda, reconoció que tanto la reducción del déficit fiscal como la recuperación de la nota que ponen las clasificadoras de riesgo tomará su tiempo. "Trazamos una cierta forma de ir cerrando el déficit fiscal y eso no es de un día para otro", dijo el ministro subrogante. “Cerrar el déficit fiscal y eliminarlo completamente significaría que deberíamos tomar medidas que no son las que queremos tomar, porque pueden ir en desmedro de nuestros compatriotas”, concluyó Rodrigo Cerda.  (2).

Endeudamiento

El resultado directo de un menor déficit fiscal y una mejor nota por riesgo crediticio es la reducción en el costo de endeudamiento del país, tanto para las empresas como para el gobierno. Pero en este plano se abre otra ventana de riesgo, si el país mantiene el ritmo de endeudamiento observado en los últimos años. En efecto, otra luz amarilla se encendió hace poco con la noticia del aumento de la deuda del país, tanto la pública como la privada.

El propio Rodrigo Cerda informó a fines de enero pasado que en 2018 la deuda pública alcanzó a 25,6%, como porcentaje del PIB, respecto de 2017, cuando cerró en 23,6%. Esta información la entregó en el mismo momento en que anunció que la emisión de deuda pública en 2019 será de US$ 9.000 millones, para cerrar las brechas de gasto previstas para el año. “Estamos empezando a reducir la emisión de deuda y en la medida en que sigamos reduciendo el déficit, las necesidades de emisión de deuda van a ser cada vez menores”, comentó Cerda, en su calidad de director de Presupuestos del Ministerio de Hacienda (3).

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la deuda global de Chile equivale al 162% de su producto interno bruto (PIB), situándose a la cabeza de Latinoamérica y quinto entre las naciones emergentes (4). En su informe sobre deuda global entregado a comienzos de este año el FMI aclaró que dos tercios de la deuda externa total chilena son del sector privado y el otro tercio es pública.

A su vez, en el último Informe de Estabilidad Financiera del Banco Central de Chile (5) destacó que "parte importante del crecimiento de la deuda de las empresas proviene del componente externo”. Es decir, de las compañías instaladas en el país que tienen créditos con sus matrices en el exterior. Este endeudamiento podría ser otra fuente potencial de vulnerabilidad para el país, porque por tratarse de compromisos entre empresas relacionadas, “su exigibilidad y los cambios en las condiciones financieras de éstas responden a elementos distintos que la contraída, por ejemplo, con bancos", preciso el Banco Central.

Al tercer trimestre de 2018 la deuda externa chilena registró un crecimiento de US$ 2.429 millones, respecto del trimestre anterior, impulsado principalmente por el sector bancos. Con ello, “la deuda externa se situó en US$ 180.447 millones a septiembre, lo que equivale a 63,6% del PIB. De esta cifra, 44,8% correspondió a pasivos de empresas, incluidas las deudas con empresas relacionadas (IED); 9,7% a Bancos y 7,8% a Gobierno".

Según el Banco Central, "los pagos programados para los próximos 12 meses (deuda de corto plazo residual) suman US$ 56.053 millones al cierre de septiembre, los cuales en su mayoría corresponden a compromisos con empresas relacionadas".

Se trata de cifras multimillonarias que hoy por hoy está en condiciones de pagar el país, aun con la proyección de un menor crecimiento del PIB para este año. Pero, al mismo tiempo son cifras que dan cuenta de una potencial vulnerabilidad, si más adelante se desata una recesión internacional, que incluya el alza de tasas de interés.


Citas:
(1) Referencia publicada por el portal EMOL, el 5 de febrero de 2019. Disponible en aquí.

(2) Ibidem.

(3) Citado de La Tercera /Pulso, del 31 de enero de 2019.

(4) FMI, Base de Datos de Deuda Global (GDD); enero 2019.

(5) Disponible aquí.

Fuente: Política & Economía (Santiago, Chile)