29.11.18Campañas electorales con debates
(El Observador) Los dirigentes políticos deben aceptar una regla que los obligue a debatir tanto por razones sustantivas (por respeto a la ciudadanía, especialmente en tiempos de malestar cívico) como por razones estratégicas (porque todos precisan conservar la legitimidad del sistema democrático y porque todos, en algún momento, se beneficiarán de ella).Por Adolfo Garcé
(El Observador) El diputado Fernando Amado viene manteniendo una serie de contactos políticos con la finalidad de determinar si los principales precandidatos de los distintos partidos están dispuestos a participar en debates durante la próxima campaña electoral. De acuerdo a la información disponible, tanto Daniel Martínez como Luis Lacalle Pou manifestaron su disposición favorable. Una vez que culmine la ronda de reuniones, Amado volverá a intentar que el Parlamento apruebe un proyecto de ley sobre esta materia. Desde su punto de vista los debates deberían ser obligatorios. Espero que tenga éxito en su empeño. Precisamos con urgencia señales de grandeza. Es tiempo que los partidos políticos prioricen la calidad de la democracia. Es tiempo que los líderes antepongan el interés de la ciudadanía a la ambición personal.
Deben suspender las especulaciones miopes y aceptar obligarse a debatir al menos por tres razones. En primer lugar, en señal de respeto hacia el soberano. La campaña electoral es el momento de la vida democrática en que se maximiza el poder ciudadano. Entre elección y elección es mucho más difícil para la ciudadanía hacer que se escuche su voz. Cualquier esfuerzo de la “clase política” por aportar información y elementos de juicio siempre será poco comparado con lo que está en juego.
En los debates los presidenciables no podrán eludir responder preguntas de la mayor importancia respecto a los desafíos del país y a sus propuestas concretas. Los debates dejarán en evidencia quienes se manejan con frases hechas y quienes conocen los asuntos públicos en profundidad. En los debates el frívolo lleva las de perder y el ciudadano las de ganar. En segundo lugar, deben aceptar debatir porque el argumento “acepto debatir si y solamente si me conviene”, es directamente impresentable e impronunciable. Por algo ningún dirigente político se atreve a enunciarlo públicamente. Lo que hemos tenido desde 1994 en adelante son excusas y dilatorias. Todos sabemos que exigen debatir con otros los dirigentes que se saben en desventaja y que lo eluden los que se consideran “favoritos”. Pero, la magia de la democracia hace que el que favorito de hoy esté condenado a estar en desventaja mañana. Cuando la diosa fortuna lo abandone, cuando deje de ser “favorito” (por ejemplo, en el próximo ciclo electoral), seguramente va a reclamar debatir. Dicho de otra manera: a todos les conviene aceptar ahora una regla que, tarde o temprano, los terminará beneficiando.
En tercer lugar, deben aceptar obligarse a debatir hoy, más que nunca, en tiempos como los que vivimos, de “enfriamiento” del entusiasmo con la política y de decadencia del prestigio de los partidos. A ningún dirigente político se le escapa que, a su manera, “a la uruguaya”, amortiguadamente, el malestar con la democracia que signa estos tiempos se ha instalado también entre nosotros. Esta tendencia declinante, que forma parte de un patrón global, tiene impulsos domésticos poderosos. El más importante de ellos es la instalación del debate sobre la corrupción, que ha pasado a formar parte del paisaje cotidiano. La mejor manera de combatir el declive es construir instituciones. Una buena manera de evitar que la ciudadanía siga pensando que a los políticos les importan más los cargos que el bien común es legislar sobre la obligatoriedad de los debates. Estos argumentos, desde mi punto de vista, valen para todas las etapas del ciclo electoral. Digo esto porque he escuchado a algunos precandidatos decir que están dispuestos a debatir con los de otros partidos pero no con los de su propia colectividad. Desde luego, una vez que se les pide que justifiquen esta posición, no logran dar argumentos convincentes.
El debate entre precandidatos del mismo partido aportaría elementos de juicio del mayor valor sobre estilos y propuestas, sobre diferencias y matices. ¿No les interesa a los frenteamplistas presenciar un debate entre Óscar Andrade, Mario Bergara, Carolina Cosse y Daniel Martínez? ¿Acaso no sería del mayor interés ver a Ernesto Talvi debatir con Julio María Sanguinetti (¿será precandidato?) y José Amorín Batlle? ¿No tienen derechos los electores blancos a terminar de formarse una opinión sobre quién puede ser el mejor candidato a la Presidencia por el Partido Nacional escuchando discutir a Verónica Alonso, Enrique Antía, Carlos Iafigliola, Jorge Larrañaga, Luis Lacalle Pou y Juan Sartori (será precandidato)? Se dirá que un debate de este tipo durante la primaria puede afectar la unidad del partido y su imagen. Si esto es así, es decir, si en un partido hay dirigentes dispuestos a atacar con virulencia a sus adversarios en la interna, es bueno que se sepa quiénes son y por qué atacan. Los electores tienen derecho a contar con toda la información disponible para poder determinar si tienen o no razón. Además, como resultará evidente, nada impide que el ataque entre compañeros (y el eventual daño colateral a la imagen del partido) ocurra aunque no existan debates. Danilo Astori y José Mujica nunca debatieron entre sí durante la primaria de 2009. Pero no dudaron un instante en tirarse mutuamente con artillería pesada, eso sí, cada uno desde su propia tribuna.
En definitiva, los dirigentes políticos deben aceptar una regla que los obligue a debatir tanto por razones sustantivas (por respeto a la ciudadanía, especialmente en tiempos de malestar cívico) como por razones estratégicas (porque todos precisan conservar la legitimidad del sistema democrático y porque todos, en algún momento, se beneficiarán de ella). Desde luego, una vez que se decidan a avanzar en esta dirección, los legisladores deberán prestar especial atención a los detalles para asegurar que los debates cumplan su cometido y no sean, apenas, un show mediático. Existen buenas experiencias en el mundo que pueden servir como punto de partida.
(El Observador) El diputado Fernando Amado viene manteniendo una serie de contactos políticos con la finalidad de determinar si los principales precandidatos de los distintos partidos están dispuestos a participar en debates durante la próxima campaña electoral. De acuerdo a la información disponible, tanto Daniel Martínez como Luis Lacalle Pou manifestaron su disposición favorable. Una vez que culmine la ronda de reuniones, Amado volverá a intentar que el Parlamento apruebe un proyecto de ley sobre esta materia. Desde su punto de vista los debates deberían ser obligatorios. Espero que tenga éxito en su empeño. Precisamos con urgencia señales de grandeza. Es tiempo que los partidos políticos prioricen la calidad de la democracia. Es tiempo que los líderes antepongan el interés de la ciudadanía a la ambición personal.
Deben suspender las especulaciones miopes y aceptar obligarse a debatir al menos por tres razones. En primer lugar, en señal de respeto hacia el soberano. La campaña electoral es el momento de la vida democrática en que se maximiza el poder ciudadano. Entre elección y elección es mucho más difícil para la ciudadanía hacer que se escuche su voz. Cualquier esfuerzo de la “clase política” por aportar información y elementos de juicio siempre será poco comparado con lo que está en juego.
En los debates los presidenciables no podrán eludir responder preguntas de la mayor importancia respecto a los desafíos del país y a sus propuestas concretas. Los debates dejarán en evidencia quienes se manejan con frases hechas y quienes conocen los asuntos públicos en profundidad. En los debates el frívolo lleva las de perder y el ciudadano las de ganar. En segundo lugar, deben aceptar debatir porque el argumento “acepto debatir si y solamente si me conviene”, es directamente impresentable e impronunciable. Por algo ningún dirigente político se atreve a enunciarlo públicamente. Lo que hemos tenido desde 1994 en adelante son excusas y dilatorias. Todos sabemos que exigen debatir con otros los dirigentes que se saben en desventaja y que lo eluden los que se consideran “favoritos”. Pero, la magia de la democracia hace que el que favorito de hoy esté condenado a estar en desventaja mañana. Cuando la diosa fortuna lo abandone, cuando deje de ser “favorito” (por ejemplo, en el próximo ciclo electoral), seguramente va a reclamar debatir. Dicho de otra manera: a todos les conviene aceptar ahora una regla que, tarde o temprano, los terminará beneficiando.
En tercer lugar, deben aceptar obligarse a debatir hoy, más que nunca, en tiempos como los que vivimos, de “enfriamiento” del entusiasmo con la política y de decadencia del prestigio de los partidos. A ningún dirigente político se le escapa que, a su manera, “a la uruguaya”, amortiguadamente, el malestar con la democracia que signa estos tiempos se ha instalado también entre nosotros. Esta tendencia declinante, que forma parte de un patrón global, tiene impulsos domésticos poderosos. El más importante de ellos es la instalación del debate sobre la corrupción, que ha pasado a formar parte del paisaje cotidiano. La mejor manera de combatir el declive es construir instituciones. Una buena manera de evitar que la ciudadanía siga pensando que a los políticos les importan más los cargos que el bien común es legislar sobre la obligatoriedad de los debates. Estos argumentos, desde mi punto de vista, valen para todas las etapas del ciclo electoral. Digo esto porque he escuchado a algunos precandidatos decir que están dispuestos a debatir con los de otros partidos pero no con los de su propia colectividad. Desde luego, una vez que se les pide que justifiquen esta posición, no logran dar argumentos convincentes.
El debate entre precandidatos del mismo partido aportaría elementos de juicio del mayor valor sobre estilos y propuestas, sobre diferencias y matices. ¿No les interesa a los frenteamplistas presenciar un debate entre Óscar Andrade, Mario Bergara, Carolina Cosse y Daniel Martínez? ¿Acaso no sería del mayor interés ver a Ernesto Talvi debatir con Julio María Sanguinetti (¿será precandidato?) y José Amorín Batlle? ¿No tienen derechos los electores blancos a terminar de formarse una opinión sobre quién puede ser el mejor candidato a la Presidencia por el Partido Nacional escuchando discutir a Verónica Alonso, Enrique Antía, Carlos Iafigliola, Jorge Larrañaga, Luis Lacalle Pou y Juan Sartori (será precandidato)? Se dirá que un debate de este tipo durante la primaria puede afectar la unidad del partido y su imagen. Si esto es así, es decir, si en un partido hay dirigentes dispuestos a atacar con virulencia a sus adversarios en la interna, es bueno que se sepa quiénes son y por qué atacan. Los electores tienen derecho a contar con toda la información disponible para poder determinar si tienen o no razón. Además, como resultará evidente, nada impide que el ataque entre compañeros (y el eventual daño colateral a la imagen del partido) ocurra aunque no existan debates. Danilo Astori y José Mujica nunca debatieron entre sí durante la primaria de 2009. Pero no dudaron un instante en tirarse mutuamente con artillería pesada, eso sí, cada uno desde su propia tribuna.
En definitiva, los dirigentes políticos deben aceptar una regla que los obligue a debatir tanto por razones sustantivas (por respeto a la ciudadanía, especialmente en tiempos de malestar cívico) como por razones estratégicas (porque todos precisan conservar la legitimidad del sistema democrático y porque todos, en algún momento, se beneficiarán de ella). Desde luego, una vez que se decidan a avanzar en esta dirección, los legisladores deberán prestar especial atención a los detalles para asegurar que los debates cumplan su cometido y no sean, apenas, un show mediático. Existen buenas experiencias en el mundo que pueden servir como punto de partida.