12.12.2018
 
Artículos / Opinión
Hugo Machín Fajardo
La mafia de Odebrecht se cobró dos vidas en Colombia
Por Hugo Machín Fajardo
Twitter: @MachinFajardo
26 de noviembre de 2018
Analistas estiman en tres meses la demora en llegar a buen puerto con un fiscal ad hoc. Y a partir de ahí, el designado deberá estudiar miles de fojas de expedientes que componen las 20 líneas de investigación existentes en Colombia sobre Odebrecht y visionar centenares de videoaudiencias.
 

En estos días Colombia se ve sacudida por una situación que apunta a ser uno de los mayores episodios de corrupción en el país, al tiempo que reitera la incertidumbre de que haya solución a la pandémica situación que azota al país cafetero.

Desde 2015, el actual Fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, supo que hubo aproximadamente US$ 11 millones de coimas pagadas por Odebrecht a diferentes funcionarios colombianos de la Concesionaria Ruta del Sol II, obra inconclusa que se extiende por 528 km. y proyecta unir al centro con el norte de Colombia, cuya concesión se extiende hasta 2035.

¿Cómo lo supo Martínez, por entonces un reputado abogado penalista?

Un amigo suyo, Jorge Pizano, que se desempeñaba como auditor del Grupo Aval, el socio colombiano en el negocio con la multinacional brasileña, se lo confió en el contexto de una consulta sobre la actuación de los brasileños en Colombia. Martínez era asesor jurídico del Grupo Aval, uno de los más poderosos de Colombia, y sin ambages le dijo a Pizano, que Odebrecht estaba delinquiendo: “Síhijueputa, esto es una coima marica”, se escucha decirlo entre risas a Martínez en la grabación de lo conversado en ese encuentro. El audio fue grabado por Lozano.

En su última comparecencia de agosto ante la Fiscalía, Pizano dio a conocer una grabación en que Martínez enumera las irregularidades descubiertas por el auditor encuadrándolas en lo que tipifica el Código Penal de Colombia: “soborno, lavado de activos, falsedad de documento privado, administración de confianza, estafa, hurto agravado, peculado por apropiación”, pero que, inexplicablemente, no lo denunció entonces, ni procedió a detener a los responsables cuando asumió como fiscal general del país.

Noticias Uno de Bogotá, medio que inició la investigación periodística, dio a conocer un informe en el cual Martínez, todavíacomo abogado de Corficolombiana, el consorcio socio de Odebrecht, le respondió a Pizano a la pregunta “¿indago o me quedo quieto?” que no lo hiciera.

Martínez fue designado fiscal del país en agosto de 2016 por el presidente Juan Manuel Santos y continuó en el cargo luego de asumir la presidencia Iván Duque en agosto. No realizó ninguna actuacióncomo abogado cuando supo del delito, ni como fiscal general de Colombia.

El 8 de noviembre Pizano, quien padecía cáncer linfático, fallece a causa de un infarto cardiaco según medicina forense.

Segunda muerte. El 11, su hijo Alejandro, residente en España, retornado a Colombia para asistir al sepelio de su padre, bebe de una botella de agua saborizada que había en el escritorio de Lozano padre. Fallece por envenenamiento con cianuro contenido en la botella, que, según un primer dictamen forense, tiene solamente rastros del ADN paterno. No habría sido manipulada por nadie más.

Pizano había entregado los audios de sus conversaciones con el abogado Martínez a determinados periodistas, pues temía que en el juicio en que era testigo acreditado pasara a ser imputado. Estaba convencidode que los brasileños de Odebrecht tenían un accionar mafioso como se desprende de los audios que hoy son parte de las pruebas judiciales: “Tienen una cultura mafiosa” sostiene y agregaba que un ex senador colombiano ahora condenado por corrupción, Otto Nicolás Bula, que mantenía reuniones con directivos de la Concesionaria, por entonces le hacía seguimientos.

A la periodista María Jimena Duzán, de revista Semana, Pizano le confió que temía por su vida. También le comunicó a la periodista, que ha investigado los sobornos de la multinacional brasileña en Colombia, que tramaban contra él, para convertirlo de testigo acreditado de hechos delictivos en la Concesionaria Ruta del Sol II, en acusado de haber recibido un soborno en otro contrato de Odebrecht: “Él (Pizano) sentía que la Fiscalía lo quería fregar” para que sus denuncias quedaran neutralizadas, sostiene Duzán.

Pizano acudió a la justicia estadounidense, solicitó protección, y actualmente el FBI cuenta con toda la documentación, así como los audios que en estos días han ido apareciendo en los medios colombianos.Pizano quería que la justicia de EEUU lo sacara de Colombia. No era para menos. A los 32 millones de dólares que Odebrechet ya había admitido como pago de coimas colombianas y que habían determinado la captura de 14 implicados -entre ellos los ex senadores Bernardo Elías y Bula, un ex viceministro de Transporte, un directivo de Corficolombiana y el ex gerente de campaña del ex presidente Santos- Pizano seguía la pista a seis contratos por los 11 millones de dólares mencionados más arriba que implican a varios sobornados.

La oposición quiere controlar. Las explicaciones que Martínez ha dado en diferentes entrevistas periodísticas dejan mucho que desear respecto a por qué no denunció como abogado lo que Pizano le comunicó en 2015 y, más grave, por qué no actuó al respecto como fiscal general del país cuando asumió en 2016. Sus conceptos del presente evidencian que si la prensa no hubiera dado a conocer estos hechos, Martínez habría permanecido en silencio.

Una vez difundidos los audios comprometedores, en declaraciones del jueves 15 de noviembre, el fiscal general afirmó que “si hubiera tenido la certeza, lo hubiera hecho conocer a las autoridades (…) estábamos [con Pizano] reconstruyendo hipótesis (…) estábamos sacado conclusiones, pero no había un delito específicamente”. Martínez sostiene ser víctima de una conspiración orquestada por alguien -a quien no identifico- que está sujeto a juicio imputada por el propio Martínez, y se confabuló contra él con abogados estadounidenses y la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA).

Quienes se dieron por aludidos han sido el ex presidente de Hyundai para Colombia, Carlos Mattos, prófugo de la justicia colombiana, residente en España y años antes defendido por el hoy fiscal general cuando se le iniciara el proceso de Hyundai; y el ex director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, investigado en uno de los sobornos de Odebrecht. Ambos negaron cualquier vinculación con la supuesta conjura. En el caso de Andrade, ejecutivo bogotano nacido en Estados Unidos, se agregan a este escenario dos cartas del embajador estadounidense en Bogotá, Kevin Whitaker, conocidas en la semana pasada. Una, dirigida la Fiscalía en la que pide “una actualización en la postura investigativa, jurídica y procesal del caso” del exdirector de la ANI. La otra carta fue a la dirección del instituto carcelario, en la que reclama garantías de seguridad para Andrade- en prisión domiciliaria-, quien ha dicho que teme por su vida y la de su familia.

Las respuestas del fiscal general Martínez no convencen a la oposición parlamentaria que para el martes 27 logró agendar un debate de control político sobre el punto.

El fiscal General no renunciaría y su remoción es inviable pues el cargo tiene fueros casi de Presidente de la Republica. Una iniciativa para removerlo debería promoverse en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, lo que se percibe como muy difícil.

Por su parte, la oposición al presidente Duque reclamó el nombramiento de un fiscal ad hoc para el caso, lo que no es un trámite sencillo.

La designación de un fiscal ad hoc, también solicitada por Martínez, debe ser realizada por la Corte Suprema de Justicia, integrada por 23 magistrados, a la que le restan dos sesiones en el año. Difícilmente lo resuelvan en este lapso. Aun en el caso de que haya acuerdo para sesionar, la Corte deberá solicitar al presidente Duque una terna de posibles candidatos. El Presidente dispondría de unos 10 días para elegirlos, pero adicionalmente surge un inconveniente: Duque podría estar implicado en el escándalo de Odebrecht respecto a la financiación de campañas electorales, pues acompañó al ex candidato Iván Zuluaga a Brasil en la campaña presidencial de 2014.

Analistas estiman en tres meses la demora en llegar a buen puerto con un fiscal ad hoc. Y a partir de ahí, el designado deberá estudiar miles de fojas de expedientes que componen las 20 líneas de investigación existentes en Colombia sobre Odebrecht y visionar centenares de videoaudiencias.

La periodista Duzán en su columna del pasado domingo 25 de noviembre en la revista Semana informó que la fiscalía que dirige Martínez, en lugar de copiar los archivos digitales de la computadora de Pizano, retiró del domicilio de Pizano los discos duros de su computadora, así como sus celulares privados y casi una semana después los presentó ante un juez de garantías. El magistrado no los aceptó pues no tenía seguridad de que no hubieran sido alterados. “Néstor Martínez termina investigando la muerte de quien lo señaló antes “, escribe Duzán, y agrega que Martínez desde 2013 conocía la existencia de las coimas descubiertas por Pizano “por 50 millones de dólares” y que, en lugar de denunciarlo, buscó una transacción para la cual redactó el documento que conformó a los brasileños y colombianos asociados. Martínez propuso confidencialidad pese a que estas empresas cotizaban en la bolsa estadounidense, subraya la periodista.

El antecedente del zar anticorrupción. Pesa sobre la credibilidad ciudadana en sus instituciones, el suceso del ex fiscal anticorrupción del país, Gustavo Moreno, extraditado este año a EEUU para comparecer ante la justicia de ese país por delitos relacionados con el lavado de activos y actos de corrupción en Colombia.A Moreno la DEA le grabó en Miami cuando le pedía dinero al exgobernador del departamento colombiano de Córdoba (norte) Alejandro Lyons.

De cómo se resuelva la situación del fiscal general Martínez dependerá que haya un respiro en el clima de corrupción más asfixiante que la contaminación ambiental reinante en Bogotá y Medellín, o será una nueva decepción para los colombianos.

Twitter: @MachinFajardo
Acerca del autor
Hugo Machín Fajardo
Hugo Machín Fajardo
Periodista desde 1969, una forzada interrupción entre 1973 -1985, no le impidió ejercer el periodismo clandestino. Secuestrado en 1981 por la dictadura uruguaya, permaneció desaparecido y torturado hasta 1982, en que fue recluido en el Penal de Libertad hasta 1985. Ex -docente de periodismo en Universidad ORT, de Montevideo. Ex vicepresidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU). Jurado del Premio Periodismo para la Tolerancia, 2004, de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) /Unión Europea. Coordinó "Periodismo e Infancia-2005". Integró diversas redacciones periodísticas de medios y agencias de noticias en Montevideo, Uruguay. Actualmente se desempeña como free -lance.
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