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17.08.18

Gobernantes extractivos en América Latina

En estos días nuevas y antiguas causas judiciales se reflotan en la región. Le pone nombre y apellido a lo que investigaron Darón Acemoglou y James A. Robinson en un trabajo elogiado por tres Premios Nobel de Economía, así como analistas de prestigiosos diarios.
Por Hugo Machín Fajardo

Instituciones extractivas heredadas del pasado colonial que han excluido históricamente a las mayorías latinoamericanas son las causas de la inequidad y la corrupción que multiplica la desigualdad continental del presente.

No son las ideologías las generadoras de una zaga de gobernantes que llegan al poder y parecen niños sueltos en una confitería un domingo por la tarde.

A esa conclusión llegaron los investigadores Acemoglu y Robinson en su trabajo sobre los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza (*) que lleva 14 ediciones desde su primera publicación.

Es pavorosa la nómina de políticos latinoamericanos corruptos de “derecha e izquierda” que han extraído -o mejor, exprimido-  a sus ciudadanos.

Los autores mencionados sostienen que “a lo largo y ancho del mundo colonial español en América, aparecieron instituciones y estructuras sociales parecidas [y que] tras una fase inicial de codicia y saqueo de oro y plata, los españoles crearon una red de instituciones destinadas a explotar a los pueblos indígenas”.

Según esa tesis, la herencia colonial fue apropiada por las elites criollas que repitieron y mantuvieron esas instituciones extractivas lo que explica que Latinoamérica sea “uno de los continentes más desiguales del mundo y socavaron gran parte de su potencial económico”.

Tales instituciones propician el territorio fértil para la corrupción de la que no ha escapado ni escapa ninguna de la republicas latinoamericanas.

En estos días nuevas y antiguas causas judiciales se reflotan en la región. Le pone nombre y apellido a lo que investigaron los autores mencionados en un trabajo elogiado por tres Premios Nobel de Economía, así como analistas de prestigiosos diarios.

En los últimos días las noticias desde Argentina prefiguran el encarcelamiento de la izquierdista Cristina Fernández de Kirchner, con 50 causas penales a cuestas, quien, junto a su cónyuge Néstor, multiplicó ilícitamente en 160% su patrimonio entre 2007 y 2008 y en 570% desde que llegaron al gobierno en 2003. Como a veces ocurre en los hurtos callejeros, el chofer le falló a la jefa de una banda que habría defraudado al Estado en unos 580 millones de dólares.

En México ya es proverbial la corrupción gestada y retroalimentada en decenios de un omnipresente PRI en el gobierno durante el siglo XX. José López Portillo (1976 -1982), famoso por tener canillas de oro en sus baños e incrementar la deuda pública externa de 19.600 millones de dólares a cerca de 65 mil millones. Salinas de Gortari (1988 -1994) acusado por la procuraduría de los delitos de falsificación de documentos y enriquecimiento ilícito, como también de participar en el asesinato del candidato Francisco Ruiz Massieu. Fue exonerado de los cargos. El presidente saliente Enrique Peña Nieto será recodado en tierra azteca por haber recibido el regalo de un contratista de obra pública de la casa blanca, una mansión de 7 millones de dólares en el exclusivo fraccionamiento Lomas de Chapultepec.

En Guatemala también hay seguidilla corruptiva. El ex presidente Álvaro Colom (2008 - 2012) fue capturado en febrero junto a 11 de sus Ministros, y actualmente en prisión domiciliaria, por el caso de corrupción Transurbano

El ex presidente Otto Pérez Molina (2012 - 2015) fue destituido por el parlamento acusado de corrupción. Procesado y encarcelado igual que la vicepresidenta. Aproximadamente 200 miembros del gobierno, funcionarios pertenecientes a los tres poderes estatales, empresarios y banqueros, procesados. El actual presidente Jimmy Morales es acusado de la evasión de un reporte de casi un millón de dólares a la autoridad electoral, durante una campaña política en el 2015.

En Honduras el Ministerio Público dio a conocer el 9 de agosto una acusación criminal contra el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera, por 131 abusos de autoridad y 600 delitos de malversación de caudales públicos. El expresidente Rafael Leonardo Callejas (1990 -1994), conservador, se declaró culpable en 2017 ante una corte de Nueva York, tras ser acusado en el escándalo del caso de FifaGate. Las administraciones de los derechistas Ricardo Maduro (2002 - 2006) y Porfirio Lobo (2010-2014), se vieron salpicadas por diferentes hechos de corrupción; así como la administración de Manuel Zelaya (2006 - 2009) del conservador Partido Liberal.

La gestión del actual presidente, Juan O. Hernández Alvarado, no se sustrae a la sospecha de casos de corrupción. La Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad Honduras (MACCIH) reclama legislar para que “el dinero sucio del narcotráfico o que puede pertenecer al Estado, no ingrese a la campaña política próxima”.

El Salvador también en los últimos días es noticia: el expresidente conservador Tony Saca (2004 - 2009), detenido desde octubre de 2016, confesó ante la justicia haberle hecho honor a su apellido: el martes 7 de agosto aceptó los actos de corrupción que se le imputan en el desvío de 301 millones de dólares.

También gobernantes de la izquierda salvadoreña han incurrido en el ejercicio extractivo de su ciudadanía. El expresidente Mauricio Funes (2009 - 2014) se asiló en 2016 en Nicaragua, acusado de supuesto enriquecimiento ilícito. Lo de Nicaragua ha sido tan informado desde estas columnas, que sería repetir que el izquierdista Daniel Ortega y otro presidente corrupto, el derechista Arnoldo Alemán (1997 – 2002) –quien según el Departamento de Estado de EEUU se robó cerca de 100 millones de dólares - pactaron una repartija del país de Sandino hoy bajo una dictadura.

En Costa Rica la corrupción ha tenido menos estruendo, pero sabido es que dos expresidentes de centro terminaron en prisión por corrupción y enriqueciendo ilícito: Rafael A. Calderón (1990 -1994) y Miguel A. Rodríguez ((1998 – 2002).

Panamá quedó marcada por la administración corrupta del dictador Manuel A. Noriega (1983-1989), agente de la CIA, integrante del Cartel de Medellín, homicida del médico opositor Hugo Spadafora, decapitado en 1986.

El Ministerio Público investigó al expresidente Ernesto Pérez Balladares (1994 - 1999) por blanqueo de capitales. En 2011 fue sobreseído.

En enero fueron imputadas 63 personas, entre ellas dos hijos del ex presidente Ricardo Martinelli (2009-2014) y varios de sus ex ministros, por coimas de Odebrecht por un valor de 40 millones de dólares. La imagen de Panamá fue afectada, en 2016, por dos escándalos de corrupción: la revelación de los "Panama Papers" relacionado con la creación de sociedades offshore y la trama de corrupción internacional Odebrecht. Transparencia Internacional ubica al país del canal como uno de los más corruptos de América.

Es imposible consignar en este artículo toda la corrupción de Venezuela de los últimos 30 años. El socialdemócrata Carlos A. Pérez (1974 -1979 y 1989 – 1993) fue destituido y condenado por los delitos de malversación de fondos públicos y peculados. Los populistas de izquierda Hugo Chávez (1998 – 200) y Nicolás Maduro (2013 – 2018 / reelecto hasta 2025) encabezaron y mantienen una red de corrupción vinculada al narcotráfico y el apoderamiento de la riqueza petrolera que condujo al vaciamiento estatal como nunca antes se había visto en la historia del país caribeño.

Colombia tiene en su memoria al ex presidente Ernesto Samper (1994 – 1998) y el denominado Proceso 8.000, por la acusación de haber recibido dinero del narcotráfico; así como las acusaciones de aportes ilegales de Odebrecht en 2010 al ex presidente Juan M. Santos; y en 2014 a un candidato del partido del ex presidente Álvaro Uribe, que fueron archivadas por prescripción de las denuncias en un caso y falta de pruebas en el segundo.  Uribe debe enfrentar en el presente indagatorias de la Corte Suprema por varias denuncias.

La corrupción colombiana es especialmente cruel desde que este país es el más inequitativo de la región. El domingo 26 de agosto se realizará un plebiscito con 7 puntos anticorrupción, incluida la rebajada salarial de los congresistas, que debería obtener la participación de no menos de la tercera parte de los electores que componen el censo electoral, esto es, de 12.231.314, y el voto afirmativo de la mitad más uno de los sufragios válidos: 6.115.658.

En Ecuador Sixto Durán Ballén (1992 -1996), de origen socialcristiano, sufrió los embates de la corrupción. Abdalá J. Bucaram (1996 – 1997), destituido a los seis meses de iniciar su mandato presidencial, fue enjuiciado por peculado. Las acusaciones prescribieron en 2017. Lucio Gutiérrez (2002 – 2005) inicialmente de izquierda fue acusado de recibir dinero del Partido de los Trabajadores de México y unos 600 mil dólares de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), para su campaña electoral.  El “dictócrata”, como se autodenominaba, fue destituido, exiliado, en prisión y finalmente está libre.

Rafael Correa (2007 – 2017) vive en el presente una serie de acusaciones contra ex jerarcas de su gobierno. El caso más notorio es el del ex vicepresidente Jorge Glas, electo en 2016, quien terminó en la cárcel acusado de apropiarse de USD 16 millones fruto de las coimas de Odebrecht. Otros 17 ex funcionarios y aliados de Correa fueron procesados por corrupción y el propio ex Presidente es investigado por el frustrado secuestro de un opositor político. De los 344 viajes que realizaron los dos aviones presidenciales en el periodo de Correa 185 viajes no constan en los decretos ejecutivos de Correa ni se conoce el destino final que tuvieron y en algunos de los conocidos, los destinos fueron paraísos fiscales.

Perú tiene el record de cinco presidentes corruptos en tres décadas. Unos más, otros menos, unos de derecha, otros de centro o socialdemócratas, pero todos implicados. Desfilan los nombres de Alberto Fujimori (1990 – 2000); Alejandro Toledo (2001 – 2006); Alan García (2006 - 2011); Ollanta Humala (2011 - 2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016 – 2018).

Chile. Pinochet fue el máximo corrupto de la historia contemporánea de este país, hecho que queda difuminado por su condición de principal responsable de las violaciones a los derechos humanos entre 1973 y 1990. Pinochet mantuvo 125 cuentas bancarias durante unos 25 años en diversas entidades. Solamente en el Banco Riggs de Washington, su fortuna ascendía a 21,3 millones de dólares. Hay además una parte de la fortuna familiar estimada en 5,4 millones de dólares, cuyo rastro no ha podido seguir la justicia.

Recientemente los desfalcos afectan al ejército de Chile –“Milicogate”-  y al cuerpo de Carabineros por cifras siderales son indicios de que también el país donde se alternan presidentes de derecha e izquierda no es inmune.

Brasil. Fernando Collor (1990 - 1992) presidente de derecha, Lula (2003 – 2011), exdirigente sindical y fundador del PT, sentenciado a 9 años y 6 meses de penitenciaría en uno de los seis procesos que le siguen; su correligionaria, Dilma Rousseff (2011- 2016) destituida, y el actual presidente Temer, cuando acabe su mandato, sería enjuiciado por varias acusaciones de corrupción. Centenares de políticos de todos los partidos brasileños untados por el “mensalão” y Odebrech, confirman la debacle ética del sistema partidario de Brasil donde no se vislumbra un reacomodo a corto plazo del sistema partidario.

En Uruguay, país en el que estos hechos también han tenido lugar en anteriores administraciones, se reiteran en el presente. La venta del Banco Pan de Azúcar durante el gobierno de Luis A. Lacalle (1989 – 1994) un episodio que exigió la concurrencia a los juzgados del expresidente nacionalista, dejó en sectores de la sociedad uruguaya la impresión de que no fue una operación transparente. Al igual que otro episodio vinculado a un hijo del dos veces presidente colorado Julio M: Sanguinetti (1985 -1989/1995 - 2000).

Ahora, luego de 30 años de gobierno de izquierda –Frente Amplio- en Montevideo y tres periodos consecutivos en lo nacional, desde el futbol -no podía ser un ámbito más uruguayo- surgen hechos investigados judicialmente sobre supuestos beneficios otorgados a la mafia del futbol durante la administración del ex presidente “Pepe” Mujica. Pero un caso inédito en la historia uruguaya fue la renuncia del vicepresidente Raúl Sendic, hijo del fundador de los Tupamaros (1963-1972) de igual nombre. Fue procesado por abuso de funciones y peculado en 2018.

En 2011 el fiscal Diego Pérez había pedido el procesamiento del ex intendente de Montevideo Mariano Arana (1995-2000/ 2000/ 2005) por fraude, concusión y abuso de funciones por maniobras en los Casinos Municipales. El caso fue archivado por la jueza Fanny Canessa al presentarse una apelación fiscal 20 minutos fuera de plazo.

 [*] Darón Acemoglou y James A. Robinson: Por qué fracasan los países. Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. Editorial Planeta, 2018, Bogotá.