Los países latinoamericanos se han comprometido en avanzar significativamente en la reducción de la pobreza y la pobreza extrema regional mediante “una serie de normativas, decretos, planes nacionales y políticas públicas”, sostiene la CIDH.

Por Hugo Machín Fajardo

En la columna anterior [Latinoamérica desanda el camino] se analizó el informe “Pobreza y derechos humanos”, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y difundido el martes 5 de diciembre pasado, en el que se constatan graves retrocesos regionales respecto al combate a la pobreza y a la pobreza extrema y las repercusiones que ello tiene en la calidad democrática de los países latinoamericanos.

En esta segunda parte, se sintetizan los mecanismos adoptados por los Estados para acotar los niveles de pobreza y pobreza extrema así como algunas recomendaciones de la CIDH contenidas en el informe.

Los países latinoamericanos se han comprometido en avanzar significativamente en la reducción de la pobreza y la pobreza extrema regional mediante “una serie de normativas, decretos, planes nacionales y políticas públicas”, sostiene la CIDH.

También los Estados han reconocido la importancia de los derechos humanos en la planificación de estas políticas públicas

¿De qué herramientas se trata? La más recurrida en la región es el instrumento denominado Transferencias Condicionadas en las que la transferencia monetaria, o la prestación que se brinda, lleva una “condicionalidad” o “corresponsabilidad” de los receptores relacionada con educación y salud, especialmente enfocadas en matriculación de niños en edad escolar y controles médicos periódicos.

La evaluación de estos programas demuestra que las políticas sociales regionales apuntan a abordar el carácter multidimensional de la pobreza.

Carencias. La CIDH denomina como “desafíos” a las carencias que ofrecen estos programas. Carencias que tienen que ver con la corrupción imperante en la región, así como con la escasez presupuestal para asignar recursos a estos instrumentos, sumado a los excesivos gastos administrativos para verificar la condicionalidad de las prestaciones.

¿Que recomienda la CIDH para superar estas carencias?

“1) la participación ciudadana; 2) el acceso a la información completa, previa y accesible; 3) la rendición de cuentas”.

Sobre el tercer punto, la ex Relatora Especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Magdalena Sepúlveda ha indicado algo de Perogrullo destinado a evitar el posible abuso y la mala administración: “que los programas de transferencia de efectivo deben disponer de mecanismos para la divulgación de información sobre cada una de las etapas de ejecución”.

Políticas fiscales. Otro instrumento anotado por en el informe de la CIDH tiene que ver con el tipo de políticas fiscales adoptada por cada país que son también analizadas como factor incidental en la reducción de la pobreza y la protección de los derechos humanos.

El solo crecimiento de la economía no garantiza la erradicación de la pobreza se afirma en el informe.

En opinión de la CIDH hay tres aspectos básicos que vinculan política fiscal con pobreza:

a) baja recaudación de ingresos públicos;

b) existencia de regímenes tributarios regresivos;

c) gasto social insuficiente y mal distribuido.

Sobre el primer ítem se adopta la advertencia de la CEPAL al respecto: “el aumento de la eficiencia de la recaudación de impuestos exige que se vuelvan a examinar las moratorias fiscales, las exenciones y las prórrogas que benefician de forma desproporcionada a los sectores más acomodados de la sociedad”

Los bajos niveles de recaudación de impuestos tienen un impacto desproporcionado en los sectores más pobres de la población y constituyen un obstáculo para el financiamiento de políticas y programas, concluye la CIDH respecto a este punto.

Sobre regímenes tributarios regresivos, que en opinión de la CIDH impiden una mayor contribución de la política fiscal a la reducción de la pobreza, el informe explica que mientras en América Latina los distintos sistemas tributarios aplican un 9% de las mejoras distributivas, en la OCDE el porcentaje es de 17% y en la Unión Europea es de 15%.

El impacto de las políticas fiscales de esta índole es más evidente “en las desigualdades entre grupos sociales, etarios, indígenas, afro-descendientes y no indígenas, y entre habitantes de zonas rurales y urbanas”

Sobre la insuficiencia y mala distribución del gasto social, el informe destaca que si bien América Latina ha tenido notables progresos en aumentar el nivel y la progresividad del gasto social, este sigue siendo bajo para los estándares internacionales. “El gasto social en la región es del 15% del PBI, 60% menos que el promedio de la OCDE”.

Recomendaciones de la CIDH. Las recomendaciones de la CIDH para frenar este retroceso latinoamericano se sintetizan en

a) igualdad y no discriminación a partir de un cambio legislativo de las leyes que actualmente establecen diferencias basadas en condiciones sociales;

b) realización progresiva y no regresividad, vedándosele a los Estados adoptar políticas medidas y sanción de normas jurídicas que sin una justificación adecuada y convincente, empeoren la situación de los derechos económicos, sociales y culturales de la población”;

c) rendición de cuentas permanentes para que las políticas públicas destinadas a erradicar la pobreza sean sustentables y sometidas a mecanismos de evaluación;

d) enfoque en DDHH para todas las políticas públicas destinadas a enfrentar la pobreza, lo que supone un carácter integral y transversal que implique participación democrática; derecho a la información y libertad de expresión; mujeres; infancia y adolescencia; pueblos indígenas; afrodescendientes; migrantes; personas privadas de libertad; discapacitados; población LGBTI y personas mayores.