La iniciativa morenista más contundente es la convocatoria a una consulta popular en que la ciudadanía debe pronunciarse sobre ocho puntos, uno de los cuales es el de la reelección indefinida. Moreno entiende que la no alternabilidad en el poder constituye una «aberración democrática».

Por Hugo Machín Fajardo

Quizás Ecuador proponga una vía interesante sobre cómo superar el populismo que tanto daño ha hecho y hace a las sociedades latinoamericanas.

Desde su silla de ruedas, el presidente Lenin Moreno intenta vertebrar una coalición política que le permita desarrollar su período de gobierno en el que deberá resolver serios problemas económicos heredados, pero también restañar las heridas dejadas por su antecesor en el tejido social.

Moreno triunfó en las urnas en abril de 2017 como candidato del oficialista AlianzaPAÍS, movimiento creado por un Correa (2007 - 2017) convencido de que dejaba “la mesa servida” a su sucesor quien, a su vez, debería preparar el camino para el retorno suyo al poder.

En esa mesa con mantel, Correa incluyó una enmienda constitucional aprobada 18 meses antes de terminar su mandato, que propicia la reelección indefinida del Presidente de Ecuador a partir de 2021, fecha en que él aspiraba a ser electo por tercera vez.

Lo novedoso, y que permite pensar en una vía diferente al cesarismo imperante en ciertos países de Latinoamérica, es que Moreno acompasa su gestión de gobierno con iniciativas tendientes a erosionar ese posible retorno a perpetuidad de Correa como inquilino del Palacio de Carondelet, en Quito.

La iniciativa morenista más contundente es la convocatoria a una consulta popular en que la ciudadanía debe pronunciarse sobre ocho puntos, uno de los cuales es el de la reelección indefinida. Moreno entiende que la no alternabilidad en el poder constituye una “aberración democrática”.

Otras dos propuestas plebiscitadas preguntan si los gobernantes condenados por actos de corrupción deben ser sancionados con la inhabilitación de participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes.

Se agregan otras preguntas que en caso de ser aprobadas en diciembre, dejan sin efecto las medidas aprobadas por Correa en materia de minería metálica y extensión de la zona de prospección petrolera, temas que han sido resistidos por sectores de la sociedad ecuatoriana.

Correa con su estilo furibundo se ha opuesto al enfoque gubernamental de su ex aliado Moreno, quien en setiembre acusó a su predecesor de un delito “de violación del intimidad” cuando se descubrió una cámara oculta en la sede gubernamental que permite a Correa monitorear lo que acontecía en Carondelet.

El ex presidente acusa de “traidor” a Moreno, pero este no se amilana. A partir del procesamiento y encarcelamiento a la espera de un dictamen definitivo de su vicepresidente Jorge Glas - hombre de confianza de Correa- Moreno también se aleja del manto de sospechas de corrupción que envuelve la gestión del defensor del socialismo del siglo XXI.

Glas, electo en abril vicepresidente de Ecuador en la fórmula con Moreno, está acusado de asociación ilícita para recibir sobornos de Odebrecht por un monto de USD 16 millones.

Naturalmente que Moreno ha debido tejer alianza son sectores de su propia Alianza PAIS y también de la oposición a riesgo de no quedar como un Presidente huérfano de apoyo parlamentario. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) apoya la consulta popular y la gestión de Moreno. No es fácil esa tarea, pero muestra que se puede rencausar un país en la senda democrática sin que deba transitarse por la violencia o la crisis humanitaria hoy vivida por Venezuela.

También Moreno encara una labor didáctica sobre el supuesto éxito de Correa al frente del Ecuador. Solo un ejemplo: mientras que Perú redujo la pobreza en el 69% entre 2007 y 2014; Ecuador la disminuyó en un 30%, según cifras de la ONU. Pero además explica a la sociedad ecuatoriana que Correa dejó una deuda “cuyo monto agregado llega a los 41.893 millones de dólares", entre otros aspectos fruto del aumento del gasto público de 25% del PBI a 44%. No es fácil. Décadas de postergación de sectores sociales que vieron y siguen viendo en los mesías populistas a sus salvadores. Miles de funcionarios públicos atornillados a los cargos suculentamente remunerados. Intelectuales orgánicos e intelectuales cínicos que firman solicitadas de apoyo a esos ex presidentes, y retroalimentan a fanáticos ideologizados. Es el combo perfecto para que los líderes populistas mantengan su popularidad.

La popularidad es enemiga de la democracia. Algunos de los líderes populistas latinoamericanos mantienen alto grado de aceptación independientemente de si su gestión haya sido buena o no, y de que tengan decenas de causas abiertas en los tribunales de sus respectivos países. El caso más evidente es el del expresidente brasileño Lula, ya condenado por corrupción en primera instancia a nueve años y medio de prisión, sumado a otros juicios pendientes, pero que hoy, noviembre de 2017, encabeza las encuestas de popularidad en su país.

Menos contundente, pero más desopilante, es el caso de Cristina Fernández de Kirchner, quien una semana después de que la justicia le embargara 5,6 millones de dólares a su hija Florencia, y teniendo el kirchnerismo 33 causas abiertas en 14 juzgados distintos, la expresidenta obtuvo una banca en el senado argentino.

El uruguayo Pepe Mujica, otro de los políticos más populares en la historia del país austral, se mantiene con altos índices de aprobación ciudadana, sin perjuicio de que su gobierno (2009 - -2015) se caracterizó por la inoperancia. El caso emblemático es su fracaso en la pregonada revolución de la “educación, educación, educación”. Un reciente informe académico ubica a Uruguay como caso singular en la región donde se “verifican nuevos procesos de privatización educativa”, informa el semanario Búsqueda de Montevideo. En buen romance, profundizar la zanja social entre una elite que accede a la educación privada y el 83% de los estudiantes en todos los niveles que sufren la desatendida y rebajada educción pública uruguaya.

Esa manida popularidad, que puede devolver al poder a probados ex gobernantes corruptos, también incide notoriamente en los propios operadores jurídicos de los países latinoamericanos. El ex vicepresidente argentino Amado Boudou fue encarcelado luego de la derrota kirchnerista en las elecciones legislativas de octubre, pero sus causas se arrastraban y encajonaban desde hace varios años.