02.09.17El magistrado digno y el cómico corrupto
Este valiente e internacionalmente respaldado magistrado principal de la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG) enfrenta la orden de expulsión de Guatemala de un cómico que llegó a Presidente del país gracias al descrédito del sistema político de la nación centroamericana. Por Hugo Machín Fajardo
El magistrado colombiano Iván Velásquez es una reivindicación de la dignidad judicial. Su trayectoria debería enseñarse en las facultades de Derecho de Latinoamérica. Los catedráticos de Ética del Derecho sabrían donde insertar en sus programas esa materia que se hace imprescindible, junto al acceso a la justicia, el otro gran debe de una tenaza que transforma a la justicia latinoamericana en la víbora que muerde casi solamente a quien anda descalzo.
Este valiente e internacionalmente respaldado magistrado principal de la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG) enfrenta la orden de expulsión de Guatemala de un cómico que llegó a Presidente del país gracias al descrédito del sistema político de la nación centroamericana: Jimmy Morales (48), un pernicioso fruto de la tragedia de decepciones e impotencia que esa sociedad ha sufrido desde casi toda su historia como relató el Nobel de Literatura Miguel A. Asturias en El señor Presidente o en El papa verde.
Morales se hizo conocido de los guatemaltecos a través de 18 años de llevar adelante su programa cómico “Moralejas” -emitido en horario central de los domingos en el canal nacional- desde el cual se proyectó para acceder en 2013 a la secretaria general del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN) fundado por ex militares. Desde allí disputó en segunda vuelta la presidencia en 2015 con el eslogan "ni ladrón ni corrupto", una muy oportuna consigna marketinera en tiempos que en Guatemala miles de manifestantes reclamaban en las calles la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, finalmente procesado por corrupción.
Ese año electoral también estuvo sacudido por las investigaciones sobre corrupción estatal que llevaron a la renuncia de la vicepresidenta del país, Roxana Baldetti, procesada y encarcelada por tres delitos: caso especial de estafa, defraudación aduanera y cohecho pasivo; y la detención de unas 200 personas implicadas, entre funcionarios públicos y particulares, vinculados a 13 casos que abarcaron a los tres poderes estatales. Hechos debidos a la investigación de Velázquez.
“Yo creo en la justicia”. Egresado de la enseñanza pública colombiana, Velásquez siempre se dedicó a la salvaguarda del derecho como vía para hacer justicia.
“Yo creo en la justicia y también creo que hay mucho por hacer en América Latina. Tomo decisiones en derecho y por convicción. Lo que hago es por vocación”, explica en el libro “Velásquez el retador del poder”
Desde 2008 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tuvo evidencia de que Velásquez era seguido por agentes del estado colombiano y en 2012 recibió una denuncia en sobre sellado de que existían planes para asesinarlo. Antes había constatado la existencia de cinco complots, así como de seguimientos y espionaje al magistrado y a sus familiares.
¿Qué había hecho Velásquez para padecer esa situación?
Desde su temprana actuación en el departamento de Antioquia impulsó campañas contra el entonces denominado "Estatuto de defensa de la justicia", que establecía los jueces sin rostro y los testigos secretos. Entre 1991 y 1994, ocupó el cargo de Procurador Departamental de Antioquia, donde inició investigaciones relacionadas con torturas, ejecuciones extrajudiciales y abusos contra la población civil. Le dio otro realce a la Oficina Permanente de Derechos Humanos de la Procuraduría Departamental, que también atendía denuncias de graves violaciones a los Derechos Humanos. Impulsó el Comité Interinstitucional de Derechos Humanos, en el que participaron organizaciones sociales, iglesia Católica y autoridades. “En 1996 fue magistrado auxiliar en el Consejo de Estado, y un año después fue electo como Director Regional de Fiscalías en Medellín (1997-1999). En conjunto con un equipo de investigadores inició una lucha frontal contra los grupos de autodefensas”, puede leerse en su currículo.
Pablo Escobar. Investigó el narcotráfico en la Medellín de los 90, cuando era la ciudad más peligrosa del mundo. En la etapa cruel de Pablo Escobar. Al “Patrón” le rechazó un maletín repleto de dinero con el que pretendió sobornarlo. Por el contario, Velásquez instruyó evidencia -162 fotografías – de lo que era la cárcel La Catedral, en los hechos el palacio especialmente construido en el municipio antioqueño de Itaguí para recluir al temido Escobar durante el gobierno de César Gaviria.
Velásquez reveló la vinculación de más de 130 diputados con las estructuras criminales ligadas con los llamados "narcopolíticos".
Velásquez fue electo magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia en el 2000. Desde 2006 a agosto del 2012, coordinó la Comisión de Apoyo Investigativo de la Sala Penal, encargada de indagar las relaciones entre miembros del Congreso de la República y el paramilitarismo, logrando que se condenaran a más de 50 congresistas por lo que en Colombia se conoce como “parapolítica”.
El paramilitarismo (1986 - 2006 en su fase más aguda) fue un fenómeno histórico de extrema derecha nacido para contrarrestar también con armas a la guerrilla de izquierda. Se transformó en un ejército paralelo y en un nuevo cartel del narcotráfico causante, junto a la guerrilla y los desbordes de las fuerzas armadas estatales, de las siete millones de víctimas que ha dejado en medio siglo el conflicto colombiano.
Por la actuación de Velásquez contra la “parapolítica”, entre las decenas de congresistas procesados hubo un primo del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010), lo que le significó quedar para siempre enfrentado al ex presidente, hoy senador y principal líder del opositor Centro Democrático.
“El presidente Álvaro Uribe Vélez fue quien sacó del anonimato a mi papá. Antes, solo algunos, en el departamento de Antioquia, sabían de su trayectoria. Pero en octubre del 2007, después de señalarlo públicamente de estar buscando pruebas en su contra para vincularlo con el paramilitarismo y hacerlo procesar, todos se enteraron de quién era el investigador de la ‘parapolítica’ a quien Uribe graduó como su principal enemigo y al que sigue señalando, asegura Víctor Velásquez Gil, hijo de Iván Velásquez y su abogado en todos los casos de seguimientos, montajes e intentos de desprestigio” informa, Martha E. Soto, reconocida periodista, autora del libro sobre el hoy comisionado de la CICG.
“En el 2011 la International Bar Association (IBA) le entregó el Premio Mundial de Derechos Humanos, y en 2012 la Asociación de Jueces Alemanes lo galardonó por su compromiso en la lucha contra la impunidad y el respeto a los derechos fundamentales”, se destaca en la hoja de vida del magistrado.
Velásquez debe abandonar Colombia para preservar su vida tras su renuncia en septiembre de 2012 a su cargo en la Corte Suprema de Justicia.
A fines de 2013, desde la ONU se le encomienza la actual labor en Guatemala como tercer comisionado al frente de la CICG -organismo creado mediante acuerdo firmado entre la ONU y el Gobierno de Guatemala en diciembre de 2006- donde, tras revisar cinco mil mensajes de correos electrónicos y 80 mil escuchas telefónicas, estableció los parámetros para que la justicia guatemalteca procesara desde el Presidente de la República para abajo a decenas de implicados en actos de corrupción.
En estos días, su conclusión sustanciada en la investigación sobre “la probable configuración del delito de financiamiento electoral ilícito, por causa de aportes anónimos” del partido oficial de Guatemala el FCN de Morales, dada a conocer el 25 de a agosto, dio paso a la decisión presidencial de expulsarlo del país por persona “non grata”, comunicada dos días después.
El monto no justificado por el FCN documentado por la CICG es de seis millones setecientos veintiún mil seiscientos doce quetzales con cincuenta y cinco centavos (unos 940 mil dólares).
Apoyo total. La reacción nacional e internacional de rechazo a la pretensión de Morales fue inmediata. Dos recursos de amparos fueron interpuestos el mismo el 27 de agosto contra la resolución de Morales y admitidos por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, lo que dejó sin efecto la orden de expulsión emitida por el Presidente ex cómico contra Velásquez. Asimismo el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala se reunió de inmediato con Velásquez para expresarle su apoyo.
Internacionalmente la reacción no fue menos contundente. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres hizo saber que “elogia sinceramente el trabajo del comisionado Velásquez y espera continuar apoyándole en el desempeño de sus funciones al frente de la Comisión”; la Unión Europea rechazó la pretensión de Morales y sostuvo que pone en riesgo el fortalecimiento del estado derecho de Guatemala; igualmente se expresó el Secretario General de la OEA, Luis Almagro; Human Rights Watch declaró su apoyo al Comisionado; la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) reclamó ante la ONU “garantías convincentes” para la CICG; la Plataforma contra la Impunidad y la Corrupción de México, igual; hasta la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (UITA) y sus 87 organizaciones afiliadas en 18 países, manifestaron su respaldo a lo actuado por la CICG.
Morales tiene a su hermano Sammy Morales, con quien formó un dúo de comediantes durante décadas, en prisión y también ha sido procesado su hijo José Manuel Morales Marroquín, por un caso conocido como “Botín Registro de la Propiedad” en el que ambos gestionaron facturas falsas por 90 mil quetzales, alrededor de 12 mil dólares, de acuerdo con la denuncia de la Contraloría de Cuentas de enero de este año.
La mafia guatemalteca que puede verse afectada por las indagatorias de Velásquez no se anda con chiquitas y dispara para luego preguntar. Lo prueba el asesinato del cantante argentino Facundo Cabral en 2011 a manos dos sicarios que iban por el empresario que trasladaba al artista.
Otro antecedente que debe mantener en alerta al magistrado colombiano es el asesinato del arzobispo católico Juan José Gerardi, ocurrido el 26 de abril de 1998, dos días después de entregar el “Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Guatemala, memoria del silencio” de la Oficina de DDHH del Arzobispado de Guatemala.
El magistrado colombiano Iván Velásquez es una reivindicación de la dignidad judicial. Su trayectoria debería enseñarse en las facultades de Derecho de Latinoamérica. Los catedráticos de Ética del Derecho sabrían donde insertar en sus programas esa materia que se hace imprescindible, junto al acceso a la justicia, el otro gran debe de una tenaza que transforma a la justicia latinoamericana en la víbora que muerde casi solamente a quien anda descalzo.
Este valiente e internacionalmente respaldado magistrado principal de la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG) enfrenta la orden de expulsión de Guatemala de un cómico que llegó a Presidente del país gracias al descrédito del sistema político de la nación centroamericana: Jimmy Morales (48), un pernicioso fruto de la tragedia de decepciones e impotencia que esa sociedad ha sufrido desde casi toda su historia como relató el Nobel de Literatura Miguel A. Asturias en El señor Presidente o en El papa verde.
Morales se hizo conocido de los guatemaltecos a través de 18 años de llevar adelante su programa cómico “Moralejas” -emitido en horario central de los domingos en el canal nacional- desde el cual se proyectó para acceder en 2013 a la secretaria general del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN) fundado por ex militares. Desde allí disputó en segunda vuelta la presidencia en 2015 con el eslogan "ni ladrón ni corrupto", una muy oportuna consigna marketinera en tiempos que en Guatemala miles de manifestantes reclamaban en las calles la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, finalmente procesado por corrupción.
Ese año electoral también estuvo sacudido por las investigaciones sobre corrupción estatal que llevaron a la renuncia de la vicepresidenta del país, Roxana Baldetti, procesada y encarcelada por tres delitos: caso especial de estafa, defraudación aduanera y cohecho pasivo; y la detención de unas 200 personas implicadas, entre funcionarios públicos y particulares, vinculados a 13 casos que abarcaron a los tres poderes estatales. Hechos debidos a la investigación de Velázquez.
“Yo creo en la justicia”. Egresado de la enseñanza pública colombiana, Velásquez siempre se dedicó a la salvaguarda del derecho como vía para hacer justicia.
“Yo creo en la justicia y también creo que hay mucho por hacer en América Latina. Tomo decisiones en derecho y por convicción. Lo que hago es por vocación”, explica en el libro “Velásquez el retador del poder”
Desde 2008 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tuvo evidencia de que Velásquez era seguido por agentes del estado colombiano y en 2012 recibió una denuncia en sobre sellado de que existían planes para asesinarlo. Antes había constatado la existencia de cinco complots, así como de seguimientos y espionaje al magistrado y a sus familiares.
¿Qué había hecho Velásquez para padecer esa situación?
Desde su temprana actuación en el departamento de Antioquia impulsó campañas contra el entonces denominado "Estatuto de defensa de la justicia", que establecía los jueces sin rostro y los testigos secretos. Entre 1991 y 1994, ocupó el cargo de Procurador Departamental de Antioquia, donde inició investigaciones relacionadas con torturas, ejecuciones extrajudiciales y abusos contra la población civil. Le dio otro realce a la Oficina Permanente de Derechos Humanos de la Procuraduría Departamental, que también atendía denuncias de graves violaciones a los Derechos Humanos. Impulsó el Comité Interinstitucional de Derechos Humanos, en el que participaron organizaciones sociales, iglesia Católica y autoridades. “En 1996 fue magistrado auxiliar en el Consejo de Estado, y un año después fue electo como Director Regional de Fiscalías en Medellín (1997-1999). En conjunto con un equipo de investigadores inició una lucha frontal contra los grupos de autodefensas”, puede leerse en su currículo.
Pablo Escobar. Investigó el narcotráfico en la Medellín de los 90, cuando era la ciudad más peligrosa del mundo. En la etapa cruel de Pablo Escobar. Al “Patrón” le rechazó un maletín repleto de dinero con el que pretendió sobornarlo. Por el contario, Velásquez instruyó evidencia -162 fotografías – de lo que era la cárcel La Catedral, en los hechos el palacio especialmente construido en el municipio antioqueño de Itaguí para recluir al temido Escobar durante el gobierno de César Gaviria.
Velásquez reveló la vinculación de más de 130 diputados con las estructuras criminales ligadas con los llamados "narcopolíticos".
Velásquez fue electo magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia en el 2000. Desde 2006 a agosto del 2012, coordinó la Comisión de Apoyo Investigativo de la Sala Penal, encargada de indagar las relaciones entre miembros del Congreso de la República y el paramilitarismo, logrando que se condenaran a más de 50 congresistas por lo que en Colombia se conoce como “parapolítica”.
El paramilitarismo (1986 - 2006 en su fase más aguda) fue un fenómeno histórico de extrema derecha nacido para contrarrestar también con armas a la guerrilla de izquierda. Se transformó en un ejército paralelo y en un nuevo cartel del narcotráfico causante, junto a la guerrilla y los desbordes de las fuerzas armadas estatales, de las siete millones de víctimas que ha dejado en medio siglo el conflicto colombiano.
Por la actuación de Velásquez contra la “parapolítica”, entre las decenas de congresistas procesados hubo un primo del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010), lo que le significó quedar para siempre enfrentado al ex presidente, hoy senador y principal líder del opositor Centro Democrático.
“El presidente Álvaro Uribe Vélez fue quien sacó del anonimato a mi papá. Antes, solo algunos, en el departamento de Antioquia, sabían de su trayectoria. Pero en octubre del 2007, después de señalarlo públicamente de estar buscando pruebas en su contra para vincularlo con el paramilitarismo y hacerlo procesar, todos se enteraron de quién era el investigador de la ‘parapolítica’ a quien Uribe graduó como su principal enemigo y al que sigue señalando, asegura Víctor Velásquez Gil, hijo de Iván Velásquez y su abogado en todos los casos de seguimientos, montajes e intentos de desprestigio” informa, Martha E. Soto, reconocida periodista, autora del libro sobre el hoy comisionado de la CICG.
“En el 2011 la International Bar Association (IBA) le entregó el Premio Mundial de Derechos Humanos, y en 2012 la Asociación de Jueces Alemanes lo galardonó por su compromiso en la lucha contra la impunidad y el respeto a los derechos fundamentales”, se destaca en la hoja de vida del magistrado.
Velásquez debe abandonar Colombia para preservar su vida tras su renuncia en septiembre de 2012 a su cargo en la Corte Suprema de Justicia.
A fines de 2013, desde la ONU se le encomienza la actual labor en Guatemala como tercer comisionado al frente de la CICG -organismo creado mediante acuerdo firmado entre la ONU y el Gobierno de Guatemala en diciembre de 2006- donde, tras revisar cinco mil mensajes de correos electrónicos y 80 mil escuchas telefónicas, estableció los parámetros para que la justicia guatemalteca procesara desde el Presidente de la República para abajo a decenas de implicados en actos de corrupción.
En estos días, su conclusión sustanciada en la investigación sobre “la probable configuración del delito de financiamiento electoral ilícito, por causa de aportes anónimos” del partido oficial de Guatemala el FCN de Morales, dada a conocer el 25 de a agosto, dio paso a la decisión presidencial de expulsarlo del país por persona “non grata”, comunicada dos días después.
El monto no justificado por el FCN documentado por la CICG es de seis millones setecientos veintiún mil seiscientos doce quetzales con cincuenta y cinco centavos (unos 940 mil dólares).
Apoyo total. La reacción nacional e internacional de rechazo a la pretensión de Morales fue inmediata. Dos recursos de amparos fueron interpuestos el mismo el 27 de agosto contra la resolución de Morales y admitidos por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, lo que dejó sin efecto la orden de expulsión emitida por el Presidente ex cómico contra Velásquez. Asimismo el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala se reunió de inmediato con Velásquez para expresarle su apoyo.
Internacionalmente la reacción no fue menos contundente. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres hizo saber que “elogia sinceramente el trabajo del comisionado Velásquez y espera continuar apoyándole en el desempeño de sus funciones al frente de la Comisión”; la Unión Europea rechazó la pretensión de Morales y sostuvo que pone en riesgo el fortalecimiento del estado derecho de Guatemala; igualmente se expresó el Secretario General de la OEA, Luis Almagro; Human Rights Watch declaró su apoyo al Comisionado; la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) reclamó ante la ONU “garantías convincentes” para la CICG; la Plataforma contra la Impunidad y la Corrupción de México, igual; hasta la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (UITA) y sus 87 organizaciones afiliadas en 18 países, manifestaron su respaldo a lo actuado por la CICG.
Morales tiene a su hermano Sammy Morales, con quien formó un dúo de comediantes durante décadas, en prisión y también ha sido procesado su hijo José Manuel Morales Marroquín, por un caso conocido como “Botín Registro de la Propiedad” en el que ambos gestionaron facturas falsas por 90 mil quetzales, alrededor de 12 mil dólares, de acuerdo con la denuncia de la Contraloría de Cuentas de enero de este año.
La mafia guatemalteca que puede verse afectada por las indagatorias de Velásquez no se anda con chiquitas y dispara para luego preguntar. Lo prueba el asesinato del cantante argentino Facundo Cabral en 2011 a manos dos sicarios que iban por el empresario que trasladaba al artista.
Otro antecedente que debe mantener en alerta al magistrado colombiano es el asesinato del arzobispo católico Juan José Gerardi, ocurrido el 26 de abril de 1998, dos días después de entregar el “Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Guatemala, memoria del silencio” de la Oficina de DDHH del Arzobispado de Guatemala.