Corrupciones anteriores en la historia del país como los sobrecostos en la compra de aviones, la construcción de la Represa del Guavio o el Metro de Medellín; o episodios de despilfarro y saqueo como los Ferrocarriles Nacionales, la Flota Mercante, o la Caja Agraria, todos “huecos de corrupción inmensos”, son montos pequeños comparados con lo que hoy enfrenta Colombia.

Por Hugo Machín Fajardo

“La corrupción de la justicia es la mayor vergüenza que puede sufrir un pueblo”, afirmó el procurador general de Colombia, Fernando Carrillo, al intervenir el martes 22 de agosto pasado en un foro organizado en Bogotá por el Ministerio Público.

Es que hoy la sociedad colombiana asiste atónita al reino del revés: tres ex presidentes de la Corte Suprema de Justicia cobraban por arreglar sentencias; 24 órdenes de captura contra jueces, fiscales y funcionarios del sistema carcelario que vendían libertades; fiscales que aceptan bienes incautados a ex congresistas coimeados por Odebrecht; fiscales que se quedan con 179 kilos de coca incautados al narcotráfico; jueces que liberan a extraditables; predios incautados que estaban bajo la Dirección Nacional de Estupefacientes, devueltos a narcotraficantes; el fiscal anticorrupción, Gustavo Moreno, preso por corrupto a punto de ser extraditado a EEUU.

En lo que va del año, 60 funcionarios de la Fiscalía y 34 del Poder Judicial fueron procesados por corrupción. El Tiempo de Bogotá, informó que la Fiscalía tiene documentados pagos de sobornos por no menos de USD 3 mil millones “que son apenas la punta del iceberg”, desde que falta conocer resultados de una docena de distritos judiciales regionales que se suman a los ya indagados.

La corrupción publico/privada en Colombia ha tomado por asalto el dinero para la alimentación de la infancia carenciada; carteles empresariales se pusieron de acuerdo para elevar el precio de los cuadernos para uso escolar afectando a más de nueve millones de estudiantes; le ha birlado el derecho a la salud a grandes sectores de la población, mediante el desfalco de las instituciones prestadoras de servicios; y cartelizó hasta el papel higiénico: en 2014 se supo que durante más de 14 años, cinco empresas manipularon los precios del papel higiénico, pañales, servilletas, toallas para cocina y pañuelos para manos y cara, coordinando incrementos artificiales de los precios de entre 10 y 30 por ciento.

De Odebrecht lo que hasta el momento se conoce es que el esquema colombiano del contratista distribuyó USD 24 millones en sobornos entre 2010 y 2015, según el fiscal general Néstor Humberto Martínez. Millones que se reparten en tres senadores, dirigentes políticos, ex ministros, campañas electorales de 2014 del presidente Juan Manuel Santos (aproximadamente 2 millones de dólares) y su principal opositor, Oscar Iván Zuluaga (1,6 millones de dólares).

Uno de los últimos en ser encarcelado es el ex ministro y director de la corporación financiera Corficolombiana el grupo económico más poderoso de país: José Elías Melo, acusado de acordar pagos por USD 6,5 millones de coima de la multinacional brasileña destinados al ex viceministro de Transporte de la administración Uribe, Gabriel García Morales, también preso.

La revista Dinero reportó el miércoles 23 que “la acción ordinaria de Corficolombiana presenta un bajonazo en sus operaciones de 2,46% luego de conocerse” la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario de su principal ejecutivo. El hecho también repercute en las acciones del Grupo Aval al que pertenece Corficolombiana, cuya cabeza visible es Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez (Grupo Aval), hijo de la persona más rica de Colombia: Luis Carlos Sarmiento Angulo presidente del holding del Grupo Aval –que controla un tercio de sector bancario colombiano -cuya fortuna está avaluada en USD 8.900 millones, según el ranking 2016 de la revista Forbes.

La DEA destapó la olla. Paradojalmente fue Moreno, ex fiscal anticorrupción a ser extraditado a EEUU, quien entregó a los ex presidentes del máximo órgano judicial colombiano. En conversaciones mantenidas en Miami, con el exgobernador del departamento de Córdoba, al norte de Bogotá, Alejandro Lyons, procesado por corrupción -que eran secretamente grabadas por la DEA, pues Lyons colaboró con la fiscalía estadounidense- Moreno confirmó que los ex presidentes de la Corte tenían una tarifa, que oscilaba entre USD 300 y USD 1.000, para arreglar fallos judiciales.

Las grabaciones fueron remitidas a la Procuraduría General de Colombia que inició las indagatorias respecto de la Corte Suprema.

“Horror en la justicia”, dice la ex ministra de Trabajo María Sol Navia en su columna del periódico Portafolio del jueves 24. “Lo sabido hasta hoy no puede menos asquear y causar pánico”. En su opinión la injerencia política para lograr sus objetivos “ha contaminado totalmente la estructura que debe garantizar a la sociedad su seguridad jurídica, institucional, económica, la estabilidad de Estado y del país, el desarrollo de los negocios, la vida social y la democracia misma”. Navia cita a la corporación “Excelencia en la Justicia” y sostiene que desde 1992 solamente un magistrado ha sido sancionado habiéndose presentado más de 3.500 acusaciones. “La impunidad total”.

“Montos pequeños”. Para José Miguel Santamaría de Dinero corrupciones anteriores en historia del país como los sobrecostos en la compra de aviones, la construcción de la Represa del Guavio o el Metro de Medellín; o episodios de despilfarro y saqueo como los Ferrocarriles Nacionales, la Flota Mercante, o la Caja Agraria, todos “huecos de corrupción inmensos” son montos pequeños comparados con lo que hoy enfrenta Colombia.

Santamaría recuerda que en los noventa el caso Dragacol supuso un detrimento patrimonial 300 veces menor al sobrecosto de la Refinería de Cartagena (Reficar), el actual proyecto de inversión pública de mayores dimensiones cuyo costo final fue el doble del planificado.

Sobre Reficar el contralor general de la república, Edgardo Maya, anunció un proceso de responsabilidad fiscal por USD 6.080 millones de dólares contra seis empresas y 38 personas. Entre ellos, los actuales ministros Mauricio Cárdenas y Luis Carlos Villegas; los exministros, Hernán Martínez, Juan Carlos Echeverry, Carlos Rodado Noriega, Federico Renjifo, Amylkar Acosta, Tomás González y Mauricio Santamaría; contra miembros de juntas directivas de Ecopetrol y Reficar; funcionarios de estas dos empresas y algunos contratistas, así como contra Fabio Echeverry Correa, gerente de la primera campaña electoral del expresidente Uribe.

El foro en el que el procurador Carrillo pronunció la frase que da inicio a esta columna se denominó “La violencia en el fútbol no aguanta”. Y es que el futbol colombiano también reporta un prontuario criminal cuya expresión grotesca es el barrabravismo, pero cuya cúspide está en la FIFA que en Colombia se evidencia en el documentado libro de la periodista Marta Elvira Soto, “Los goles de la cocaína”, 2017, en que rastrea la infiltración del narcotráfico en el América de Cali, el Millonarios de Bogotá, Independiente y Atlético Nacional de Medellín, para culminar demostrando que parte de los 80 millones de euros de la trasferencia del futbolista colombiano James Rodríguez al Real Madrid fue utilizada por los propietarios del Envigado Futbol Club para pagar su defensa luego de ser acusados por EEUU de ser financiadores de un cartel del narcotráfico. Pero esa es otra historia.