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11.08.17

Lenín Moreno y Correa: no nos amábamos tanto

La sostenibilidad de Moreno para llegar al 2021 no está fácil. Corre riesgo de quedar colgado del pincel si Correa le quita la escalera de Alianza PAÍS, pues quedaría expuesto a los embates de la oposición que aprovecharía de esa orfandad parlamentaria.
Por Hugo Machín Fajardo

Según el presidente Lenin Moreno, Ecuador vive una crisis política derivada de una grave situación económica dejada por la administración Correa que gobernó durante la última década. A ello se suman las investigaciones por corrupción derivadas en la quita de funciones efectuada por Moreno al vicepresidente Jorge Glas, implicado en las coimas de Oderbrecht.

Las previsiones anteriores a las elecciones nacionales de Ecuador del 2 de abril parecen cumplirse.

Rafael Correa no pudo aplicar a cabalidad el sistema cubano de reelección indefinida contrario a las reglas democráticas. Optó sí por colocar la frente de la fórmula presidencial a su ex vicepresidente Moreno (2007-2013), quien rápidamente se desmarcó, primero, del estilo, y ahora, de la gestión de su predecesor.

La otra parte de la jugada de Correa fue ubicar a Glas, de su absoluta confianza, en la formula presidencial  desde que en Ecuador se elige un binomio y constitucionalmente quedan unidos hasta el final del mandato.

La “mesa está servida” según dijo Correa al despedirse, pero la realidad es otra.

Las obligaciones de la deuda pública ecuatoriana no equivalen a un 27% del PIB -un 25%, según Cepal - sino que Moreno sostiene que llegan al 54% del PIB, aunque intereses de esa deuda, según Cepal, suponen el 2% del PIB nacional, lo que ubica al país en el promedio de los países latinoamericanos.

Pero Moreno insiste en que Ecuador sufre una “grave crisis” y que el país necesitará 8.000 millones de dólares anuales para amortizar la deuda que "heredó" al llegar al poder en mayo pasado “cuyo un monto agregado llega a los 41.893 millones de dólares".

Anunció la venta de uno de los dos aviones presidenciales, y automóviles de lujo en poder del Estado y rebajar un 10% el salario de importantes  funcionarios públicos, así como vender los bienes del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar)

La respuesta de Correa no se hizo esperar: “¡Pura demagogia e incompetencia! Las ‘medidas’ para enfrentar la ‘crítica’ situación económica (en realidad, para pagar sus promesas de. campaña y obscuros pactos políticos), es vender un avión presidencial, los ‘autos de lujo’, y los bienes de Inmobiliar”.

Corrupción. El jueves 3 de agosto Moreno le retiró las funciones al vicepresidente Glas, como gesto de desaprobación ante las investigaciones sobre peculado que se le han iniciado. 

Para ello Moreno tuvo en cuenta un informe con indicios de responsabilidad penal enviado por la Contraloría a la Fiscalía por la concesión del bloque Singue al Consorcio DGC. Allí se cuestiona la subestimación de las reservas de crudo, la fijación de una tarifa mayor a la que técnicamente debía establecerse y el traspaso de las acciones del bloque a la empresa Gente Oil Ecuador.

Glas no está acusado de haber cometido este delito, sino de haber permitido que se dé en sectores estratégicos que estuvieron a su cargo en contratos con Odebrecht. Podría llegar a 33.5 millones de dólares -entre el 2007 y 2016- el pago por sobornos en Ecuador para lograr beneficios en contratos por 116 millones de dólares. Sin embargo, el viernes 4 el diario O Globo de Brasil informó que Glas habría recibido 14,1 millones de Odebrecht como pago de sobornos. Estos hechos motivaron una serie de furibundos twits de Correa denunciando ataques a su “revolución ciudadana” y sostiene que Moreno debió haber advertido antes esa supuesta crisis económica desde que fue parte del gobierno de Correa cuando este fue auditado.

El ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, que pertenece al movimiento político Fuerza Compromiso Social, afín al Gobierno, dijo el miércoles 9 que Glas debería dar un paso al costado o pedir una licencia mientras se realizan las investigaciones de los casos de corrupción en los que ha sido señalado. La respuesta del partido de gobierno, Alianza PAÍS, no se hizo esperar y llegó en forma de pedido de renuncia de Espinel por considerar que su petición es de las que "laceran la institucionalidad del Estado, afectan la gobernabilidad y apuntan hacia la desestabilización".

Glas dice ser víctima de “una persecución política”.

Alianza PAÍS cuenta con 74 escaños de los 137 asambleístas, perdió 30 respecto al período legislativo anterior. Luego está Creo con 34 bancas, y la tercera fuerza es el Partido Social Cristiano, con 15 escaños; seguido de una alianza de izquierda (Acuerdo Nacional por el Cambio), con ocho asambleístas y otros partidos con menos escaños.

En materia de investigaciones, la recientemente creada Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), capítulo Guayaquil, anunció que demandará a Correa ante la Corte Penal Internacional de la Haya por crímenes de “lesa humanidad” al entender que es el principal responsable del “descalabro económico y moral” del país durante diez años.

La sostenibilidad de Moreno para llegar al 2021 no está fácil. Corre riesgo de quedar colgado del pincel si Correa le quita la escalera de Alianza PAÍS, pues quedaría expuesto a los embates de la oposición que aprovecharía de esa orfandad parlamentaria.

Además Ecuador no tiene autonomía económica al estar dolarizada su economía, lo que no lo hace apetecible para la inversión extranjera. Sus productos básicos son el petróleo –es el undécimo país mundial en materia de reservas de crudo- según la OPEP y agencia AFP –y el banano.

A Moreno le queda la opción de buscar financiación en Estados Unidos, pero para eso debería modificar su política exterior que por el momento se mantiene igual al período de Correa. Eso se constató con la ausencia de su canciller María Fernanda Espinosa en el encuentro de Lima del martes 8 en que 17 países latinoamericanos condenaron la dictadura de Nicolás Maduro. Y, por el contrario, Espinosa participó de la reunión extraordinaria del Consejo Político de países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que el mismo miércoles en Caracas reconoció el proceso eleccionario de la constituyente fraudulenta de Venezuela, junto a Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Granada, Nicaragua, San Cristóbal, Santa Lucía, San Vicente, Surinam y Haití.