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Mäeliss Bodenan

La disolución del CEID: el testigo de la represión creciente contra la sociedad civil en Guinea Ecuatorial

«Obligar a la ONG a cerrar es una violación flagrante del derecho a la libertad de asociación y muestra la ausencia de compromiso del gobierno de Guinea Ecuatorial de acabar con su largo historial de hostigamiento e intimidación a las personas que defienden los derechos humanos y activistas de la sociedad civil», afirmó Marta Colomer, encargada de campañas sénior de Amnistía Internacional para África Occidental.

Por Mäeliss Bodenan
25 de julio de 2019
 
La disolución del CEID: el testigo de la represión creciente contra la sociedad civil en Guinea Ecuatorial

A principio de este año, el Centro de Estudios e iniciativas para el Desarrollo (CEID) en Guinea Ecuatorial celebraba el premio Franco-Alemán de Derechos Humanos y Estado de Derecho de su vicepresidente Alfredo Okenve. En efecto, los ministros de Asuntos Exteriores francés y alemán, Jean-Yves Le Drian y Heiko Maas,  reconocieron al vicepresidente de la ONG por su lucha por la democracia y su compromiso con los derechos humanos.  Pero el 03 de julio de 2019 la alegría se  convirtió en incomprensión y rabia. Ese día, el CEID recibió la resolución número 01/2019 del Ministerio del Interior mediante la cual, Faustino Ndong Eyang, impone la disolución de la ONG y justifica la arbitraria decisión gubernamental con el hecho de que el CEID solía ejercer una actividad política mientras que la ONG tiene que ser una organización apolítica.

El CEID y su conflictiva relación con el gobierno

El Centro de Estudios e Iniciativas para el Desarrollo era una organización no gubernamental independiente con un papel muy importante en Guinea Ecuatorial, puesto que era la única ONG que denunciaba la violación de los derechos humanos en el país. Quería promover el desarrollo del país, estudiar y conocer el tema del subdesarrollo y defender los Derechos Humanos. Por ejemplo, participó en un seminario sobre la protección de defensores de DD.HH y de la tierra, adicionalmente organizó un proyecto para el fortalecimiento de la Sociedad Civil con una fundación norteamericana y la embajada de Estados Unidos. Pero, parece que identificar los problemas de Guinea Ecuatorial y apoyar a los ciudadanos que quieren contribuir al desarrollo del país no es tolerado por un gobierno autoritario. En efecto, pensar en mejorar el sistema político de Guinea Ecuatorial puede ser peligroso para el dictador Teodoro Obiang Nguema Mbasogo porque pone de relieve los abusos de su gobierno antidemocrático.

Desde la creación de la ONG, o sea desde 1997, el CEID tuvo problemas con el gobierno. Comprometerse con los valores democráticos y luchar por la defensa de los Derechos Humanos es una tarea compleja en un país autoritario. Por lo tanto, la decisión de disolver el CEID evidencia la continuidad de las persecuciones políticas en Guinea Ecuatorial. En efecto, en 2016, las actividades del Centro de Estudios e Iniciativas para el Desarrollo fueron suspendidas: el gobierno las consideró una “violación del orden público”. Después, el gobierno empezó a atacar directamente a los activistas de la ONG. El caso de Alfredo Okenve es muy relevante de la represión. En abril de 2017 Alfredo Okenve fue detenido por haber celebrado los veinte años de la ONG y al fin del año 2018 fue atacado por personas desconocidas en la calle.  

Una decisión ilegal: el fin de la libertad de expresión y de la libertad de asociación

La disolución de la ONG es una prueba más de las violaciones a los derechos humanos en Guinea Ecuatorial. La libertad de expresión es un valor fundamental para la democracia y por ende las persecuciones a activistas pacíficos con acusaciones falsas e infundadas son pruebas del autoritarismo. Esta decisión política no respeta  los tratados internacionales. En efecto, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos defienden la libertad de asociación. La resolución número 01/2019 revela perfectamente una voluntad de intimidar a los ciudadanos,  impedir el debate político y endurecer la represión contra la sociedad civil. Además, esta medida mantiene un contexto con obstáculos para la independencia, para el buen funcionamiento y para el desarrollo de las actividades de las organizaciones no gubernamentales.

La disolución del CEID: un ataque contra la sociedad civil

 Desde la época del filósofo Alexis de Tocqueville se sabe que la sociedad civil tiene un papel esencial para la democracia de un país. Permite traer una reflexión nueva, dar una oportunidad a los ciudadanos de expresarse y es también una manera de influir en la política de un país. Entonces, la sociedad civil no es lo político o el estado, sino una alternativa que está vinculada con el estado sin trabajar para él o contra él. Es la razón por la cual no se puede aceptar la disolución del CEID en Guinea Ecuatorial. Esta ONG es víctima de una arbitrariedad perpetrada por el dictador Teordoro Obiang Nguema Mbasogo que ya lleva monopolizando el poder desde hace 40 años. El gobierno sabía perfectamente que con la resolución número 01/2019 no sancionaría solamente al Centro del Estudios e Iniciativas para el Desarrollo, sino que impactaría a toda la sociedad civil de Guinea Ecuatorial. Simbólicamente, esta decisión irregular quiere mantener el miedo y seguir aterrorizando a los activistas para terminar con la relación de fuerzas entre la sociedad civil y el gobierno.

Además, el gobierno esperó casi dos meses para anunciar la resolución y así evitar tener que dar explicaciones durante el Examen Periódico Universal de Derechos Humanos en Naciones Unidas o durante la reunión del Banco Africano de Desarrollo (BAD). No quería justificarse sobre la disolución del CEID porque no se pueden explicar acusaciones falsas e infundadas.

El CEID no acepta su disolución y recurrirá a la justicia para probar que la asociación respeta su vocación de trasparencia, de compromiso y con el estado de derecho.

La reacción internacional no se hizo esperar: “Las autoridades de Guinea Ecuatorial deben revocar inmediatamente su decisión de disolver una destacada organización de la sociedad civil y permitir que las personas que defienden los derechos humanos y activistas trabajen sin temor a sufrir represalias”, declaró Amnistía Internacional.