Las causas que parecen explicar la membresía del consejo pasan menos por la calidad democrática de los países y más por los mecanismos de eleccion por región y por la capacidad de negociación de los países. De esta manera, no se cumple la aspiracion original de Kofi Annan de crear un organismo que promueva y proteja los derechos humanos alrededor del mundo.

Con el anuncio del acuerdo puede ser que por el momento se llegue a la estabilidad en el país, a pesar de que los incidentes en la última semana muestran tensiones más profundas en la sociedad que van más allá de las medidas que se querían tomar.

La agenda internacional de los países latinoamericanos es muy amplia, y si bien hay puntos de divergencia, hay muchas problemáticas que reconocen que son necesarias enfrentar. En un escenario regional de diversas ideologías al frente de los países, es de destacar que hay algunos mínimos consensos. Sin embargo, algunas posturas más disonantes como las de Brasil o las de Venezuela van a obstaculizar probablemente la toma de decisiones en organismos internacionales.

Puede parecer irónico y hasta insultante, tratándose de un régimen que el año pasado registró 5287 muertes por “resistencia a la autoridad” y que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ya denunció en su informe en julio de este año que habían 793 personas privadas arbitrariamente de su libertad.

Brasil engloba muchos de los problemas que afectan a la región: corrupción, violencia callejera, casos de abusos policiales, y arraigados estereotipos en la sociedad que hacen que todos estos problemas a su vez adquieran una mayor gravedad en minorías. Al respecto, tanto los dichos de Bolsonaro como su falta de compromiso hacia la agenda progresista no ayudan a solucionar los problemas estructurales de Brasil y el país parece estar yendo en dirección opuesta a la que debería ir.

Junto con Uruguay y Costa Rica, Chile es uno de los países con mayor reconocimiento en materia de derechos humanos en Latinoamérica. Sin embargo, en su tercer examen periódico universal en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Chile recibió críticas por excesos por parte de las fuerzas de seguridad, la situación de los pueblos originarios, la política educativa y el cuidado de niños privados del entorno familiar.

Varias de las críticas del Examen en la ONU se dirigieron más a la sociedad que al estado. Pero al igual que con muchos otros países de Latinoamérica, Uruguay fue advertido por las condiciones que hay en sus cárceles. También la situación de pobreza que enfrentan muchos ciudadanos, y algunos aspectos de su gestión ambiental.

El gobierno Venezolano desmiente absolutamente todas las acusaciones, desde las más graves que reportan violaciones a los derechos humanos hasta la escala de la crisis económica y los planes para solucionarla. Mientras millones de venezolanos continúan huyendo de su país.

Los países latinoamericanos y las democracias plenas difieren en cuanto a su preocupación por los derechos humanos y en la especificidad de sus sugerencias y observaciones para Perú. Pero comparten áreas de interés acerca de minorías que hay que proteger y fortalecer, algo fundamental a la hora de construir consensos y permitir esfuerzos para combatir situaciones de injusticia.

A pesar del balance mixto que se puede hacer de la situación en Ecuador, hay razones por las cuales tener esperanza. Ya según el informe de Freedom House, desde la presidencia de Lenin Moreno, ha mejorado su puntaje en derechos civiles, derechos de asociación y funcionamiento del gobierno.

En Perú, un gran tema de derechos humanos son las condenas por los abusos cometidos durante el periodo de violencia ocurrido entre 1980 y el 2000. En ese tiempo, se estima que murieron o desaparecieron 70.000 personas, victimas tanto de la acción de agentes del gobierno como de grupos insurgentes como Sendero Luminoso. Hasta mayo de 2017, reporta Human Rights Watch, solo 17 casos resultaron en condenas.