17.1.2019
 
Período Legislativo 2007
Gabriel C. Salvia
Burocratómetro
Por Gabriel C. Salvia
Twitter: @GabrielSalvia
12 de mayo de 2008
En el Periodo Legislativo 2007, es decir, del 1 de marzo de 2007 al 29 de febrero de 2008, los diputados y senadores nacionales de la República Argentina presentaron un total de 2425 proyectos de ley, de los cuales 199 proponían un incremento del gasto público nacional y 3 de ellos fueron convertidos en ley.
 

Resumen Ejecutivo

- En el Periodo Legislativo 2007, es decir, del 1 de marzo de 2007 al 29 de febrero de 2008, los diputados y senadores nacionales de la República Argentina presentaron un total de 2425 proyectos de ley, de los cuales 199 proponían un incremento del gasto público nacional y 3 de ellos fueron convertidos en ley.

- El año electoral incidió en la actividad legislativa presentándose menos proyectos, pues muchos diputados y senadores se dedicaron a atender las campañas políticas en sus respectivos distritos electorales.

- La senadora radical Miriam Curletti encabezó el ranking de legisladores del “Burocratómetro 2007” por segundo año consecutivo, totalizando en dos períodos legislativos la presentación de 17 proyectos cuya sanción implicaría un aumento del gasto público.

- De los proyectos de ley presentados en el período 2007, unos 17 determinaban expresamente el gasto que generarían, alcanzando un total de $ 6.955.120.000

- Los políticos argentinos pretenden tener un estado benefactor como el de los países nórdicos con un estado de derecho que se asemeja más al de Venezuela y en consecuencia invierten las prioridades: ponen énfasis en redistribuir y no en mejorar la calidad institucional del país.

- Gastar más implica en general crear nuevos empleos políticos en la burocracia que se pretende ampliar, cuando en un país en serio ya debería estar reglamentado el ingreso por concurso a todos los ámbitos de la administración pública.

- Este informe alerta sobre los proyectos de ley cuya sanción aumentaría el gasto público, pero al mismo tiempo refleja las ideas que prevalecen en los legisladores.

- En http://www.burocratometro.org se puede acceder a la versión completa de este informe, elaborado en coautoría con Verónica E. Repond, y donde se incluyen los 199 proyectos seleccionados, con su número de expediente, título, extracto del artículo donde se expresa la fuente de financiamiento y el autor del mismo.

 

Presentación
Por Ricardo M. Rojas

En los últimos tiempos se han desarrollado a través de distintas organizaciones, una serie de índices destinados a medir variables sociales, y a comparar las de distintos países. Así, se han elaborado índices de eficiencia institucional, corrupción, libertad económica, confianza en la justicia, satisfacción con el gobierno, seguridad jurídica, etc. La confección de estos índices entraña una serie de dificultades, vinculadas con cuáles son las variables a utilizar y de qué modo ponderarlas.

El trabajo que Gabriel Salvia viene realizando desde el año 2.000, bajo el nombre de “Burocratómetro”, no puede ser considerado un índice en el sentido antes señalado, pero ciertamente está destinado a convertirse en una herramienta fundamental para elaborar alguno de tales índices. Este “Burocratómetro” consiste en un relevamiento de todos los proyectos de ley presentados por los legisladores anualmente, y un análisis posterior de cuáles de ellos supondrían un incremento en el gasto público; y si dicho gasto ha sido previsto en su quantum por los legisladores, o simplemente indican que deberán ser soportados por las rentas generales. Es una tarea que a simple vista parece sencilla, pero un análisis un poco más profundo del material que contiene, permite extraer unas cuantas conclusiones respecto del funcionamiento y la filosofía de nuestro Poder Legislativo:

1) El derecho es identificado con la ley. Por lo tanto, los congresistas entienden que su tarea fundamental es elaborar leyes que establezcan marcos regulatorios de todas las actividades humanas.

2) La mayor eficiencia de la labor parlamentaria se mide por la cantidad y extensión de los proyectos de ley presentados.

3) La actividad legislativa es considerada como un mecanismo para distribuir privilegios a determinados sectores o regiones del país. Esta tarea implica incrementar previamente la presión tributaria sobre los contribuyentes, invocando la necesidad de ejercer funciones “redistributivas” de la riqueza por parte del Estado.

4) Normalmente, los legisladores ponderan los beneficios sectoriales que supondría sancionar las leyes que propugnan, pero no reparan en los costos involucrados para el resto de la sociedad. Tampoco evalúan el hecho de que el proceso social es dinámico, y que por lo tanto desviar recursos de la actividad productiva que normalmente es guiada por el sistema de precios, puede significar disminuir el nivel de vida general hacia el futuro como consecuencia de la merma en la inversión de capital.

Esto se ve ya desde las primeras cifras que arroja la investigación del Burocratómetro 2007: “En el Periodo Legislativo 2007, es decir, del 1 de marzo de 2007 al 29 de febrero de 2008, los diputados y senadores nacionales de la República Argentina presentaron un total de 2425 proyectos de ley, de los cuales 199 proponían un incremento del gasto público nacional y 3 de ellos fueron convertidos en ley”.

Desde proyectos de ley que proponen crear un el Fondo para el Fomento y Desarrollo de la Actividad Camélida (con un presupuesto, durante quince años, no inferior a los cinco millones de pesos anuales), hasta la creación del Atlas Ecológico oficial de la Nación (con una partida inicial de un millón de pesos, y refuerzos de quinientos mil pesos cada tres años), o un Programa Nacional de Turismo Minero (que deberá subvencionarse con aportes del Tesoro Nacional), la fructífera imaginación de los legisladores, unida a los reclamos sectoriales de privilegios, han convertido al Congreso en una suerte de mercado persa de redistribución del dinero que se le quita por la fuerza a los contribuyentes día a día.

Los datos objetivos que arroja este trabajo, sugieren reflexiones que van más allá de lo anecdótico o risueño de determinados proyectos, y hacen pensar seriamente en la grave crisis institucional que vive la Argentina:

1) Esta peculiaridad de nuestros legisladores, ha dado lugar a lo que en algunos ámbitos se denomina como “inflación legislativa”. El aumento en la “masa normativa” disminuye su valor frente a la sociedad, y así como la gente tiende a despreciar la moneda devaluada y busca otros bienes para usar como medios de intercambio, la inflación legislativa produce el desprecio de la gente por la ley, y la impele a buscar métodos alternativos de organizar su vida y relacionarse con los demás.

Por otra parte, el peligro de esta inflación crece desde que, de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico las leyes se presumen conocidas, y por lo tanto son obligatorias, desde su publicación en el Boletín Oficial, y la ignorancia de la ley no es excusa para su incumplimiento (artículos 20 y 923 del Código Civil).

2) Desde otro perfil, puede advertirse cómo mes a mes, el Poder Ejecutivo muestra como un logro de gestión el “superávit fiscal”, el récord constante en la recaudación impositiva. La ortodoxia constitucional indica que el gobierno debe limitar sus gastos a la medida necesaria para desarrollar eficientemente su labor, de acuerdo con la previsión presupuestaria aprobada por el Congreso.

En este sentido, cada peso de más que se recauda, es una exacción que carece de justificativo. En lugar de ver al superávit como un logro, en realidad debería considerárselo una desviación injustificada de dinero de los contribuyentes. Pero a partir de este incremento en las arcas del Tesoro Público, no faltará imaginación a los legisladores para intentar que ese dinero se emplee en actividades que generan beneficios para determinados grupos. De este modo, en lugar de invertirse el escaso capital en actividades productivas genuinas, cae en la bolsa común que paga la redistribución forzada de privilegios sectoriales y corporativos.

En estos tiempos este tema cobra particular relevancia, cuando se advierte un voraz incremento de los impuestos de exportación de cereales, oleaginosas y carnes, anunciado por el gobierno como una “medida redistributiva”, que perjudicará a millones de trabajadores rurales en beneficio de la imaginación del legislador y los intercambios de poder.

3) Resulta penoso ver cómo, mientras los legisladores se esfuerzan por canalizar los dineros públicos en esta vorágine redistributiva, van resignando una a una sus fundamentales funciones institucionales, que pasan más por ejercer controles republicanos que por dictar leyes.

La concesión prácticamente irrestricta al Poder Ejecutivo de la atribución de legislar por decreto, o la resignación en el Jefe de Gabinete del control vinculado con el destino de ciertas partidas presupuestarias, o la eliminación de requisitos objetivos para la designación de jueces por el Consejo de la Magistratura, son avaladas sin ruborizarse por los mismos legisladores que proponen declarar de interés nacional la lucha contra la obesidad o crear un registro nacional de tatuadores.

4) Finalmente, se puede advertir que el verdadero poder legislativo está en manos del Poder Ejecutivo, que es quien, o bien envía al Congreso los proyectos que efectivamente son sancionados como leyes, o bien directamente legisla por decreto. La circunstancia de que sólo 3 de los 199 proyectos mencionados en este trabajo hayan sido efectivamente convertidos en leyes, es una fuerte evidencia de esta afirmación.

Por todo ello, existen razones filosóficas, económicas, jurídicas y políticas para no dejar de ponderar los datos que arroja este trabajo, un termómetro que mide la febril propensión de los legisladores a generar constantemente beneficios para determinados sectores, a expensas del empobrecimiento general.

Ricardo Manuel Rojas
Vicepresidente
Fundación Friedrich A. Von Hayek

Twitter: @GabrielSalvia
Acerca del autor
Gabriel C. Salvia
Gabriel C. Salvia

Periodista y activista de derechos humanos. Desde 1992 se desempeña como director en Organizaciones de la Sociedad Civil y es miembro fundador de CADAL. Es autor de más de 200 artículos, investigaciones, informes, entrevistas a prestigiosas personalidades y productor de varios audiovisuales. Compiló los libros “La experiencia chilena: consensos para el desarrollo” (CADAL, 2005), "Diplomacia y Derechos Humanos en Cuba" (Konrad Adenauer Stiftung, México, 2011), "Diplomacy and Human Rights in Cuba" (Christian Democratic International Center, Suecia, 2012), "Un balance político a 30 años del retorno a la democracia en Argentina" (CADAL/KAS, 2013) y "Desafíos para el fortalecimiento democrático en la Argentina" (CADAL/KAS, 2014). Es autor del libro "Bailando por un espejismo: Apuntes sobre política, economía y diplomacia en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner". Participó como expositor en varios países de América Latina, Europa y en los Estados Unidos.

Como periodista realizó colaboraciones e investigaciones en la revista El poder legislativo y su gente, participó como comentarista de temas políticos y económicos en Radio América, fue productor periodístico del informativo económico de CableVisión Noticias y realizó varias entrevistas para el suplemento El Observador del diario Perfil. Sus columnas de análisis y opinión se publican regularmente en Global Americans (Estados Unidos), Perfil (Buenos Aires) y La Nación (Buenos Aires).

Twitter: @GabrielSalvia
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