Dónde está el presidente y por qué no se toman medidas urgentes. Son dos grandes inquietudes que aquejan a la población nicaragüense y preocupan a la comunidad internacional, en el marco de la severa pandemia por Covid-19.

El reciente documento evidencia la represión presente en el país. En línea, el Índice de Libertad de Internet de Freedom House da cuenta de que en la Isla persisten la censura, la baja conectividad y los elevados costos en el soporte virtual.

El gobierno de Hernández decretó la medida que regirá por siete días, en el marco de la pandemia del Covid-19. Como en el grueso de los países, se aplicaron restricciones a la circulación. Sin embargo, preocupa a varias organizaciones la posible censura.

Con el lema «Es pa' afuera que van», manifestantes exigen una explicación respecto de lo ocurrido el 16 de febrero. La OEA ordenó controles con los mismos estándares implementados en Bolivia.

La denominada “Contra” se unió a la Coalición Nacional, conformada por la Alianza Cívica y el partido Unidad Nacional Azul y Blanco. Las agrupaciones hacen frente al gobierno de Ortega, quien lleva más de 15 años ininterrumpidos en el poder.

La inmigración en el país tico es la más grande de Latinoamérica, siendo un 10% de su población total, entre quienes hay más de 500.000 nicaragüenses y 40.000 venezolanos. Repaso de un proceso difícil, que demanda recursos y disposición estatal.

El país más pobre del hemisferio occidental parece saltar de crisis en crisis arrastrando consigo montones de problemas estructurales que se sostienen en el tiempo. Ocupa el puesto 169 de 189 países en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU. Aun así, recientemente incorporado al Grupo de Lima, el país busca comunicar a la comunidad internacional su inclinación por la “respuesta democrática” a los problemas.

El pasado 14 de enero, durante la ceremonia de toma de posesión celebrada en Ciudad de Guatemala, el nuevo presidente, Alejandro Giammattei, reivindicó su promesa de “mano dura” para hacer frente a la corrupción y a la violencia endémica que hay en el país. Por otra parte, el nuevo gobierno también busca hacer frente a la crisis migratoria mejorando las condiciones de vida localmente para evitar una salida tan numerosa de guatemaltecos.

La ONG Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT) de Honduras denunció malos tratos y uso excesivo de la fuerza por parte de autoridades estatales tras identificar “azotes” con alambre provocados por militares sobre los cuerpos de mujeres del centro penitenciario de El Progreso, departamento de Yoro, al norte del país.

La fecha aniversario del Día Internacional de los Derechos Humanos debería servir como un llamado contundente hacia las autoridades y para revisar los avances en el cumplimiento de las obligaciones contraídas con la ratificación de la Carta Democrática Interamericana; más aún para evitar un debilitamiento democrático tal que derive en un golpe de Estado como el ocurrido en 2009.

No hay que dejar pasar los bajos niveles de acceso a la justicia que tuvo el país durante 2018, acorde al informe de “El estado global de la democracia en 2019” del instituto internacional IDEA, que además indica que la tasa de homicidios en El Salvador fue la más alta de Latinoamérica y el Caribe en el año 2016, siendo producto, en su mayoría, de la corrupción y falta de representatividad de las elites, que terminan erosionando el sistema democrático. En 2019 aparece Bukele como un redentor ant

El régimen Ortega-Murillo tiene bajo su poderío el control de la Asamblea Nacional, la Corte Suprema y el Consejo Supremo Electoral; además de tener a su favor a la policía nacional y al ejército, y diversos grupos paramilitares, sirviéndose así de una variedad de mecanismos y fuerzas para reprimir brutalmente a quien se manifieste en su contra.

La evolución de la resolución, desde que se comenzó a debatir en la Asamblea General por iniciativa cubana, demuestra que es necesario estimular el aprovechamiento de este espacio provisto por la ONU para señalarle violaciones a las libertades fundamentales al gobierno cubano. Desde su primer diálogo en 1992, a medida que trascurrían las votaciones anuales, las abstenciones fueron disminuyendo y el grupo a favor del levantamiento del embargo fue ganando más adeptos.

Durante el evento se dialogó acerca de las amenazas tradicionales sobre la seguridad en el hemisferio como la delincuencia organizada trasnacional. Además, se indagó sobre las nuevas cuestiones que surgen bajo un contexto latinoamericano turbulento.

A diferencia del liderazgo que el gobierno argentino de Mauricio Macri tiene frente a la situación de Venezuela, desconociendo al dictador Nicolás Maduro y apoyando al presidente encargado Juan Guaidó, sobre Cuba nunca expresó crítica alguna. Sin embargo, tras la victoria del binomio Fernández-Fernández la prensa oficial cubana señaló que fue “la mejor respuesta a la caótica situación a la que llevó al país la administración de Mauricio Macri, de muchas promesas y pocos resultados”.

La Organización de los Estados Americanos aprobó una declaración que rechaza cualquier movimiento que tenga como objetivo desestabilizar al ejecutivo del país andino ya que serán considerados actos vandálicos en contra del Estado de derecho. Sin embargo, este documento omite mencionar el supuesto uso excesivo de la fuerza de las autoridades para acallar las protestas contra el Gobierno del presidente Moreno.

Situaciones de exclusión social, persecución política y maltrato son vivenciadas también por grupos de activistas defensores de los derechos humanos y periodistas que pretenden comunicar «la otra cara de la moneda» del gobierno hondureño. La violencia propugnada bajo el liderazgo de Juan Orlando Hernández no hizo más que aumentar exponencialmente desde su llegada al mando en 2014.

La reciente reafirmación del TIAR despertó viejos encuentros, y en un contexto globalizado como el de hoy adquiere una resignificación de su propósito. La concepción que se tiene de la situación venezolana desde el plano externo permite entender cómo se ha abordado la crisis.

A El Salvador le falta un largo camino para resolver sus falencias en materia de derechos humanos, como lo demuestran sus altas tasas en materia de homicidios y restricciones a la libertad de prensa. Se debe plantear así entre reorganizar las estructuras existentes o instalar nuevos mecanismos e instituciones que acarreen obligaciones no sólo para con la ciudadanía local, sino también con la comunidad internacional.

El alcance de la normativa, los recursos, la voluntad política y la atención internacional sobre el tema no coinciden con la magnitud del fenómeno que acarrea consigo el sufrimiento de miles de personas en El Salvador, Guatemala y Honduras. Estos detonantes están asociados a los bajos niveles de ingresos en tales naciones, dado que puede ser una explicación para entender la debilidad estructural.

Durante la Reunión Ministerial la república bolivariana se empeñó en reforzar su cooperación bilateral con Irán, Palestina y Rusia, logrando además el respaldo a la candidatura de Venezuela para integrar el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) a partir de 2020, en reemplazo de Cuba que no puede aspirar a un nuevo período. Por su parte, en la declaración final del Foro de San Pablo se insiste en la intención de fortalecer la CELAC, integrada también por los países que fundaron Pro

Más allá de las contradicciones que expresa en sus comunicados y acciones, cabe preguntarse si la defensa que hace el Secretario General de la OEA de Morales se extiende en excusar su “derecho humano” a presentarse en los próximos comicios presidenciales en Bolivia o, más bien, en indagar si hay alguna nota en el programa de gobierno del mandatario bolivariano que lo distingue y aleja de los postulados que encaminan el gobierno venezolano que es tan aborrecido por Almagro.