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Marlene Azor Hernández

2018-febrero 2019: violaciones de derechos humanos en Cuba (II)

(Cubaencuentro) La violación del derecho de acceso de los cubanos a la producción artística y literaria tuvo otra manifestación con la prohibición de publicar y distribuir las obras artísticas de disidentes radicados en la Isla y en el exterior, sus familiares y herederos.

Por Marlene Azor Hernández
7 de junio de 2019
 

(Cubaencuentro) En su artículo 8, la nueva constitución deja claro que no subordinará su ordenamiento interno al derecho internacional y que la Constitución prima por encima de sus compromisos internacionales como Estado:

“ARTÍCULO 8. Lo prescrito en los tratados internacionales en vigor para la República de Cuba forma parte o se integra, según corresponda, al ordenamiento jurídico nacional. La Constitución de la República de Cuba prima sobre estos tratados internacionales”.

Las numerosas sugerencias de la comunidad internacional para que se ratifiquen los dos Pactos internacionales de derechos humanos que forman parte de la Carta de la ONU, no fueron incorporadas en la Constitución. Tampoco la creación de una organización nacional de Derechos Humanos, al margen del gobierno, que monitoree la situación en el país. El artículo 8 define que la interpretación de los derechos humanos en Cuba seguirá definida por el partido comunista, y no según el derecho internacional. El Pacto de derechos civiles y políticos de la ONU continúa sin ser reconocido y ratificado por el gobierno cubano. Tampoco el de derechos económicos sociales y culturales. No se ha ratificado el protocolo facultativo contra la tortura y los tratos crueles y degradantes[1].

Un proceso de referendo plagado de irregularidades

La unidad de poder y la ley electoral vigente produjeron un fraude electoral, institucional y estructural por parte del gobierno cubano una vez más el 24 de febrero del 2019:

- La Comisión Electoral Nacional está sometida al control del partido comunista de Cuba.

- La ley electoral no permite la observación electoral ciudadana independiente al estado-partido en los niveles municipal, provincial y nacional. Solo en los colegios electorales de base el ciudadano puede observar el escrutinio de votos, pero tampoco accede al manejo del padrón electoral, elaborado por las autoridades. Pueden aparecer, en la lista y en los votos pro gobierno, fallecidos, exiliados o médicos independientes que no pueden entrar al país, según testimonios recolectados por las organizaciones ilegales de derechos humanos. No aparecieron en el padrón electoral del referendo los opositores que abiertamente se pronunciaron, antes y durante, por el NO.

- No existe una organización legal nacional e independiente del gobierno que fiscalice el control del padrón electoral y el escrutinio de votos en todos los niveles. Las autoridades electorales tienen las manos libres para “ajustar” los números a puertas cerradas

- El gobierno cubano no invita y prohíbe la observación internacional sobre sus elecciones y referendos. Sea por ONG especializadas en observación electoral en la región, representantes de gobiernos u observadores de Naciones Unidas.

Por esta razón, decimos que el fraude es institucional y estructural en el sistema político cubano, por la ausencia de control ciudadano independiente del padrón electoral y del escrutinio de votos. El fraude es recurrente en las elecciones periódicas y en el referendo, las cifras oficiales no son fiables por la propia ley electoral y las instituciones a puertas cerradas que las producen. Todos los emigrantes temporales no pudieron votar porque las embajadas cubanas en el exterior no abrieron colegios electorales. Hablamos de cientos de miles de ciudadanos con capacidad legal para votar, según la ley electoral cubana.

Otras violaciones reportadas por las organizaciones de derechos humanoscubanas sobre el día del referendo

A muchos opositores se les prohibió llegar a los centros de votación por reclusión arbitraria en sus domicilios o por detención arbitraria y golpiza en las puertas de los colegios. Se obligó a la población a votar con lápiz y no con bolígrafo de tinta, procedimiento que permite borrar la decisión de voto; las casillas para votar no cumplieron los requisitos de privacidad para hacer el voto secreto. Numerosos observadores ciudadanos independientes fueron expulsados de los colegios por la policía política, de manera arbitraria, o sufrieron “actos de repudio” por observar.

Previo al referendo del 24 de febrero, la represión aumentó contra los opositores que defendían votar NO o contra aquellos que criticaban la constitución estalinista de manera pública. Ningún ciudadano decidido a votar por el NO tuvo acceso a los medios de comunicación.

Tres fueron las organizaciones más reprimidas antes del referendo: UNPACU, con 80 activistas asediados y golpeados en su sede de Santiago de Cuba. Previamente, el 11 de febrero, se había allanado esta sede y ocho casas más de activistas, de manera arbitraria y con brutalidad, y la policía robó bienes personales y todos los documentos e instrumentos de trabajo para ejercer su derecho ciudadano y la observación electoral en los colegios.

Foro Antitotalitario Unido (FANTU), en la provincia de Villa Clara, reportó al menos 30 activistas sometidos a arrestos arbitrarios, interrogatorios intimidatorios por parte de la policía política, multas y también robo de bienes personales, siempre prohibiendo la manifestación por el NO en el referendo.

Las Damas de Blanco también reportaron arrestos arbitrarios, golpizas y torturas durante los arrestos y el cerco policial de la sede, de manera permanente. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos reportó 405 arrestos arbitrarios y allanamientos de viviendas de opositores en febrero, el doble del mes de enero. Fuera de esta cifra, están dramaturgos y artistas, periodistas independientes y activistas del Centro de Estudios Convivencia, en Pinar del Río, que fueron interrogados e intimidados por la policía política a la llegada de un evento internacional o por su promoción de votar NO y hacer críticas a la nueva Constitución.

Violaciones derechos civiles y culturales en 2018 contra artistas independientes

En el año 2018 fueron perseguidos, difamados y encarcelados los teatristas, cineastas, escritores, productores artísticos, artesanos, críticos y periodistas especializados, activistas de organizaciones de la sociedad civil y trabajadores comunitarios que discreparon de los estereotipados criterios en torno a la identidad nacional y sus modos de representación. En ese contexto, fueron criminalizados, perseguidos y reprimidos los proyectos artísticos y socioculturales independientes “Educarte”, “Di.Verso”, “Cambiarte” y “Atabey”, los que, con iniciativa y creatividad artística, lograron fracturar la presencia hegemónica del Estado cubano en los espacios públicos.

Gran resonancia tuvo la brutal represión de la policía política contra los miembros del Proyecto “Museo de la disidencia”, que organizaron en mayo la Bienal#00, un evento cultural que aglutinó con éxito a cientos de representantes del arte independiente internacional, radicados en el país y en el exterior. Por tal razón, los líderes del Proyecto se hicieron merecedores del Index on Censorship Freedom of Expression Awards, 2018.

El pasado año sirvió también para visibilizar la condición reaccionaria y represiva del Estado cubano ante un episodio nacional extraordinario y de incuestionable protagonismo colectivo como la emergencia y manifestación de los artistas cubanos en la esfera pública nacional en reclamo contra la eliminación del Decreto 349/2018. Los preceptos básicos del decreto, en torno a la política cultural oficial, están sobrecargados de signos extra-artísticos para constreñir la pluralidad creativa y la destrucción del talento artístico que critica, sugiere y transforma la realidad social.

Mediante el referido decreto, aplicable en un contexto social enrarecido por la fuerte violencia ideológica que se ejerce por la propaganda política oficial y la represión de la sociedad civil, se obliga a los artistas cubanos a establecer vínculos con una institución oficial para ser calificados como tales, ejercer profesionalmente o para prestar servicios artísticos en público. De igual modo, el Decreto 349/2018 penaliza la existencia de galerías de arte independiente, la edición y venta de libros y la creación musical “lesiva a los valores culturales” o en “contra del normal funcionamiento de la sociedad socialista”.

Justamente fue contra el Movimiento “Artistas contra el Decreto 349 cuando alcanzó su mayor expresión el talante represivo del Estado cubano”, al reprimir de forma brutal con arrestos arbitrarios a cerca de 30 creadores, entre los que destacaron Luis Manuel Otero, Yanelis Núñez, Soandry del Río, Amaury Pacheco, Maikel Castillo, Verónica Vega, José Alonso, Iris Ruiz, Michel Matos, Sandor Pérez, Javier Moreno, Ítalo Expósito, René Rodríguez, Yasser Castellanos, Lázaro Rodríguez, Nonardo Perea y Tania Bruguera.

La violación del derecho de acceso de los cubanos y cubanas a la producción artística y literaria tuvo otra manifestación con la prohibición de publicar y distribuir las obras artísticas de disidentes radicados en la Isla y en el exterior, sus familiares y herederos. De igual manera, la negación del Número Estándar Internacional de Libro (ISBN, International Standard Book Number) a tres escritores independientes que lo solicitaron formalmente a las autoridades, con la intención de publicar sus textos en formato digital.

Continuamos con el análisis de las violaciones de Derechos Humanos en Cuba, en el próximo artículo.


Marlene Aznor Hernández es Consultora del Observatorio cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid. Doctora en Ciencias Sociales y Humanidades por la UAM, México.

[1] Informe presentado a diez Relatores de Derechos Humanos en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, en abril del 2019.

Fuente: Cubaencuentro

 
Acerca del autor
Marlene Azor Hernández
Marlene Azor Hernández
Socióloga de formación, imparte cursos de capacitación en las empresas o cursos regulares de maestría y diplomado en varias universidades, todos relacionados con el Desarrollo Humano en las empresas.