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Marlene Azor Hernández

2018-febrero 2019: violaciones de derechos humanos en Cuba (I)

(Cubaencuentro) La libertad de prensa y de los medios de comunicación está limitada al monopolio estatal o de las organizaciones para-estatales representadas en el gobierno. Esto mantiene en la ilegalidad a todos los periodistas y activistas independientes que funden medios de expresión digital, radial, de televisión y prensa impresa.

Por Marlene Azor Hernández
6 de junio de 2019
 

(Cubaencuentro) Una vez más, el Gobierno cubano utilizó un cambio interno en su nomenclatura, en este caso la designación de Miguel Díaz-Canel como presidente, para exhibir a los cubanos y al mundo una falsa esperanza. Dicha ilusión tradicionalmente se ha hecho acompañar de la creación de cierto ambiente de distensión y rebaja en las exigencias democráticas por parte de diversos actores internacionales.

Sin embargo, la naturaleza del propio sistema cubano, secundada por la poca voluntad política de cambio de la elite del poder, así como la tozuda realidad, más temprano que tarde lanzaron por los aires todas las expectativas.

Hoy los cubanos tenemos un país más pobre y estancado, más oprimido, decepcionado y dependiente. Y, como si fuera poco, un país que se encuentra a las puertas de una reedición del "Período Especial", el eufemismo con el que Fidel Castro llamó en los años noventa al prolongado tiempo de hambruna y miseria total. Esto fue generado por el desastre económico que significó la desaparición del “campo socialista” en la ruinosa economía cubana, que parasitó durante décadas a la antigua URSS, hasta ese momento mecenas de Cuba.

Miguel Díaz-Canel ha continuado con la línea de represión sistemática aplicada por sus antecesores, alternando con visitas a las provincias y viajes al exterior, en un intento de sanear su imagen, pero sin presentar una sola solución a los problemas más acuciantes del país.[1]

Violaciones de derechos civiles y políticos en 2018

De enero a diciembre, según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), se produjeron 2.525 detenciones arbitrarias en el país. Alrededor de siete detenciones diarias.

Las detenciones son realizadas como método de hostigamiento e intimidación, o para impedir el ejercicio de derechos inalienables como los de libre asociación, reunión y manifestación pacífica, así como el derecho a la libertad de expresión. Estas situaciones han sido denunciadas reiteradamente por el OCDH ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas. La policía política no presenta órdenes judiciales debidamente firmadas para justificar las detenciones contra defensores de derechos humanos; en ningún caso documentan sus actuaciones (para evitar la trazabilidad), y siempre amenazan con la incoación de causa penal e imponen multas por la participación en asuntos cívicos que las autoridades consideran actividades “contrarrevolucionarias”.

Presos políticos

Hace 60 años, Cuba contaba con una población de algo más de seis millones de habitantes y menos de veinte instituciones penitenciarias. En la actualidad, para una población de algo más 11 millones, hay más de 300 centros penitenciarios. Mientras la población se multiplicó por dos, el número de centros de reclusión se multiplicó por 15. Incluso con las cifras ofrecidas por el propio gobierno, que no han sido corroboradas por ningún organismo independiente, Cuba tiene la sexta tasa de prisioneros más alta del mundo, en relación con su población, y la segunda más alta de América Latina.

El Observatorio Cubano de Derechos humanos contabiliza con nombres y apellidos las penas y las cárceles en la que se encuentran 131 presos políticos en 2018. El gobierno cubano niega la existencia de presos políticos y fabrica delitos comunes a los presos de conciencia. De ellos, la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) concentra el mayor número con 50 presos políticos. De los más conocidos internacionalmente, el médico cubano Eduardo Cardet, líder del Movimiento Cristiano Liberación, cumple una sanción penal de 4 años de prisión por haber criticado, en una declaración pública fuera del país, a Fidel Castro luego de su fallecimiento. Tomás Núñez Magdariaga, condenado a un año de prisión, logró su liberación luego de 62 días en huelga de hambre por su rechazo a la injusta condena. El testigo principal de la acusación se retractó dos meses después del juicio, luego de denunciar que su testimonio había sido falso por acuerdo con la policía política.

Otro caso de preso político conocido fue el de Ariel Ruiz Urquiola, científico condenado a un año de cárcel por llamar “guardias rurales” a las personas que invadieron su finca sin identificarse. Logró su liberación luego de dos meses de prisión y 16 días en huelga de hambre. Gracias a la campaña internacional, el grupo de trabajo de la ONU contra las detenciones arbitrarias y el apoyo de Amnistía Internacional y del gobierno de EEUU, dos de los tres presos políticos más reconocidos fueron liberados. El médico Eduardo Cardet sigue cumpliendo una injusta prisión domiciliaria.

En este contexto penal, marcado por los abusos de poder, la violencia y el hacinamiento, la comida infecta y numerosos testimonios de ausencia de atención médica, se encuentran los prisioneros políticos. Las cifras de muerte de presos comunes y políticos en las cárceles cubanas es un dato que el régimen no ofrece en sus informes a la ONU desde 2012. Ese año reconoció 200 muertes de reclusos, pero no explicó ante el Comité de la ONU sobre “la Tortura y los tratos crueles y degradantes” las causas de muerte ni las penas para los implicados.

Numerosos actores de la sociedad civil cubana reportaron en 2018 los impedimentos de la policía política para dejarlos salir del país, en el propio aeropuerto internacional José Martí, y en el momento de abordar el avión. La figura ilegal que utiliza la policía política para impedirles viajar al extranjero es decir que están “regulados” y que no pueden salir del país.

Contrario a las recomendaciones de la Evaluación Periódica Universal de Cuba, de mayo de 2018, las violaciones de derechos humanos se incrementan y expanden en la actuación de las autoridades cubanas y en las leyes que aprueba.

Una nueva constitución estalinista

Durante 2018, el buró político del Partido Comunista de Cuba (PCC) creó un proyecto de Constitución con la prohibición expresa de discutir la primacía del único partido político permitido. También pretendía la irrevocabilidad del sistema socialista y la posibilidad de ejercer violencia ciudadana contra los que se opusieran al sistema político actual cubano. En la nueva Constitución aparece de nuevo, como en la de 1976, un partido único por encima de las leyes de la república. No hay ley que lo regule como partido político, ni en sus finanzas ni en su acción política, y se trasladan las garantías constitucionales de los derechos a leyes complementarias, que tampoco tendrán ninguna forma de control ciudadano independiente al Estado.

Sesenta artículos dedicados a los derechos ciudadanos tendrán supuestamente su interpretación en leyes complementarias, pero no aparecen explícitos en el texto constitucional. Tales son los derechos a la libre expresión, la libertad de asociación, la libertad de manifestación pacífica, la libertad de huelga para los trabajadores. La libertad de prensa y de los medios de comunicación está limitada al monopolio estatal o de las organizaciones para-estatales representadas en el gobierno. Esto mantiene en la ilegalidad a todos los periodistas y activistas independientes que funden medios de expresión digital, radial, de televisión y prensa impresa. Todos los derechos civiles tendrán su interpretación en leyes complementarias construidas sin intervención ni control ciudadano independiente al partido-estado.

La nueva constitución cubana conserva la jurisprudencia soviética estalinista en cinco aspectos clave que impiden el reconocimiento de los derechos humanos en Cuba:

Seguiremos analizando las violaciones de los Derechos Humanos en Cuba en los siguientes artículos.


Marlene Azor Hernández es consultora del Observatorio cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid. Doctora en Ciencias Sociales y Humanidades por la UAM, México.

[1] Informe presentado a diez Relatores de Derechos Humanos en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, en abril del 2019.

Fuente: Cubaencuentro

 
Acerca del autor
Marlene Azor Hernández
Marlene Azor Hernández
Socióloga de formación, imparte cursos de capacitación en las empresas o cursos regulares de maestría y diplomado en varias universidades, todos relacionados con el Desarrollo Humano en las empresas.