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Lorenzo Agüero
Enemigo de lo divino: El gobierno cubano contra la libertad religiosa
Por Lorenzo Agüero
Twitter: @Lorenzoaguero22
3 de enero de 2019
Una de las razones que llevan a las autoridades locales y regionales a arremeter contra las congregaciones religiosas es su éxito en el trabajo social. Atendiendo a las necesidades más básicas de la población exponen el fracaso del Partido Comunista en materia social, por lo que despiertan la furia de la elite gobernante.
 

En un totalitarismo donde se coarta la libertad en todas sus formas, desde el plano cultural hasta el político, la libertad religiosa no iba a ser una excepción. A partir del último reporte de Christian Solidarity Worldwide (CSW), se vislumbra como el estado cubano emprende una sistemática persecución en la que se termina haciendo burla del artículo 18 de la Declaración Universidad de los Derechos Humanos que fija el derecho de las personas a practicar y manifestar libremente su religión.

Esta persecución se emprende desde el vamos, ya que está claramente establecida en el ordenamiento legal. Si uno lee el artículo 8 de la actual Constitución parece que Cuba es una democracia plena, donde el estado garantiza la libertad religiosa. Pero todo termina en letra muerta puesto que más adelante, en la misma Constitución, precisamente en el artículo 62, afirma que ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo. La infracción de este principio es punible. Así es como desde una artimaña legal se termina considerando a los fines “Socialistas del Estado” como algo por arriba de los derechos humanos más básicos.

La proyección represora de la actual constitución cubana se extiende al Código Penal con el delito de abuso de la libertad religiosa que conlleva a penas de tres meses a un año. En palabras de Human Rights Watch, continuamente se termina abusando de esta figura para poder penalizar actividades que están lejos de poner en peligro el orden público.

Si en algún momento hubo esperanzas que con la nueva reforma constitucional que prevé el gobierno pueda haber algún tipo de mejora en la libertad religiosa, todo quedó enterrado cuando con el paso del tiempo se empezó a tener mayores precisiones del contenido de la misma. Por un lado, es llamativo como no hace referencias a la libertad de conciencia, y por otro, sigue estando en pie la Oficina de Asuntos Religiosos (EAR).

La EAR actúa en Cuba como el amo y señor de cualquier tema de índole religiosa. Parte intrínseca del Comité Central del Partido Comunista, cualquier deseo que tengan las agrupaciones religiosas se debe someter a su arbitraria aprobación. El costo de formar un grupo religioso sin el visto bueno de la EAR puede llegar a un año de prisión, pero el problema radica en que en sobradadas ocasiones toman esa decisión en base a si la agrupación coopera o no con el gobierno. Si la congregación no está dispuesta a cambiar su prédica exclusivamente religiosa por un mensaje político de apoyo al gobierno, no le queda otra que pasar a la clandestinidad. Ese es el caso de los Testigos de Jehová y Bautistas Bereanos. Los registros de ambas congragaciones fueron revocados alrededor de los años 70 y nunca más se les concedió un nuevo permiso. Si bien la persecución religiosa no se limita a los grupos que permanecen en la clandestinidad, su estatus de ilegales los vuelve más vulnerables a los ataques del gobierno.

Sin embargo, el poder de la EAR no se limita al reconocimiento formal de las agrupaciones, sino que atraviesa todo su desarrollo. Actitudes como la de rechazar la construcción de nuevas iglesias o la expansión de las ya existentes son funcionales al deseo gubernamental de impedir el crecimiento de las congregaciones. Al respecto, es muy particular el fenómeno cubano de las “iglesias domésticas”, que son establecimientos usualmente constituidos por pequeños hogares en el que se albergan menos de quince personas para celebrar las ceremonias religiosas.

Otra práctica gubernamental dirigida a restringir el crecimiento de las agrupaciones religiosas apunta a limitar la libertad de locomoción de sus líderes. Producto de serias dificultades para cambiar de residencia, se hace imposible ocupar los cargos vacantes consecuencia de la muerte o jubilación de los líderes religiosos. No obstante, la libertad de locomoción no está solo restringida para su uso dentro de la isla, sino que también abarca la entrada y salida de Cuba. Muchas veces sin si quiera recibir justificación, y al igual que muchos disidentes del gobierno, a los líderes religiosos se les prohíbe salir de país.

Y aun pese a las restricciones, cada día más lideres religiosos están solicitando asilo en el exterior resultado de la creciente presión e intimidación del gobierno. Visitas regulares de agentes oficiales con la intención de mostrar que están siendo constantemente vigilados, humillaciones públicas orquestadas por los servicios de seguridad, son algunas de las acciones que constituyen el modus operandi del gobierno. También quienes ocupan las posiciones de jerarquía dentro de la congregación son foco de las presiones para expulsar de las agrupaciones a los miembros que se desempeñan como periodistas independientes, activistas o artistas críticos (cualquier ocupación bajo el titulo de “Contrarrevolucionario”). En muchos casos, son los propios individuos los que deciden abandonar la comunidad para no perjudicar a toda la congregación.

Igualmente, no son solo los líderes religiosos las víctimas del gobierno, también lo es la congregación en su conjunto. Ya se hizo costumbre que el gobierno se infiltre en los grupos religiosos para informar de todo lo que hagan, pero también para sembrar la discordia dentro de la organización. Como si fuera poco, las personas que forman parte de las congregaciones sufren de discriminación en todos los ámbitos donde se desarrolle su vida.  Al ser religiosos se los tiene como “indignos de confianza” y son excluidos tanto en el trabajo como en los institutos educativos. Asimismo, como en muchos casos su cosmovisión religiosa no les permite unirse al Partido Comunista, sufren una gran desventaja para progresar en sus profesiones.

Una de las razones que llevan a las autoridades locales y regionales a arremeter contra las congregaciones religiosas es su éxito en el trabajo social. Atendiendo a las necesidades más básicas de la población exponen el fracaso del Partido Comunista en materia social, por lo que despiertan la furia de la elite gobernante.

El instituto Patmos, por ejemplo, es una organización civil que vela por la defensa de los derechos religiosos en Cuba. Entre sus actividades se destaca la entrega anual del “Premio Patmos” a algún creyente que “sea consecuente con su fe religiosa en la isla”. En el año 2018 fue premiado el Doctor Eduardo Cardet, líder nacional del Movimiento Cristiano Liberación y preso desde 2016 por criticar la figura de Fidel Castro. Calificado por Amnistía Internacional como prisionero de conciencia, salvo raras excepciones no se le permite la asistencia religiosa (ni siquiera esta autorizado a cargar una biblia) y es continuamente sometido a golpes por parte de sus custodios.

Todas estas trabas a la libertad religiosa no provienen de un simple capricho. El gobierno cubano tiene bien presente que las religiones fueron un factor decisivo para que en revoluciones como la de Polonia y Rumania se rompa con el autocrático status quo. La represión a la religión nace del miedo que les provoca.

 
Twitter: @Lorenzoaguero22