20.9.2018
 
Artículos / Derechos Humanos
Antonella Lucotti
La consolidación de una autocracia en Nicaragua
Por Antonella Lucotti
25 de marzo de 2018
Daniel Ortega ha logrado concentrar el poder bajo el control de su partido, limitando las libertades fundamentales y permitiendo que la corrupción desenfrenada se impregne en las instituciones de gobierno.
 

Según Amnistía Internacional, Freedom House y el Bertelsmann Transformation Index, Nicaragua atraviesa una situación crítica en materia de derechos humanos y un período de deterioro democrático severo. En este sentido, es importante señalar que aún persisten los ataques contra los defensores y defensoras de los derechos humanos, los homicidios por motivo de género, la prohibición total del aborto, la impunidad de quienes perpetran actos de violencia contra los pueblos indígenas y el ataque a partidos opositores y activistas contra la construcción del Canal. En relación a esto último, las autoridades continúan negando un proceso de consulta auténtico y efectivo a las comunidades que probablemente se vieran afectadas por la construcción del Gran Canal Interoceánico.

En la actualidad, Nicaragua se encuentra presidido por Daniel Ortega por tercera vez consecutiva, esta vez acompañado por su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta.  Dado este contexto, el gobierno en curso ha logrado consolidar todas las ramas del gobierno bajo el control de su partido, limitando las libertades fundamentales, y permitiendo que la corrupción desenfrenada se impregne en las instituciones de gobierno.  A continuación se desarrollará un estado de la cuestión de los derechos humanos y libertades fundamentales de las distintas esferas del Estado y la sociedad en Nicaragua.

En primer lugar, según el Bertelsmann Transformation Index, las  últimas elecciones nacionales lograron categorizar a Nicaragua como una autocracia electoral, bajo el predominio del Frente Sandinista para la Liberación Nacional.  En este sentido, en los  comicios mencionados pudo observarse la inexistencia de una verdadera competencia partidista. Principalmente, debido a que el Tribunal Superior, controlado por Ortega, logró interferir en las disputas internas de los partidos antes de las elecciones y suspender a los líderes de los partidos opositores. Esto pudo concretarse con la ayuda del control ejercido sobre la Corte Suprema Electoral y, a su vez, por las reformas constitucionales del año 2014. En concomitancia con esto, a la hora de describir a la competencia partidaria, Freedom House ha señalado que los partidos políticos enfrentan grandes obstáculos legales y prácticos para la formación y la operación; y los líderes de los partidos son fácilmente coaptados o descalificados por los alineamientos institucionales del presidente.

En segundo lugar, en relación a los poderes, se puede observar una predominancia del Poder Ejecutivo por sobre los demás. Según el informe de Bertelsmann Transformation Index, la separación de poderes es una cuestión meramente formal, debido a la falta de independencia del Judicial y del Legislativo.  Este último se encuentra completamente controlado por el Frente Sandinista para la Liberación Nacional, el cual posee mayoría desde el 2011 y el primero, especialmente la Corte Suprema, se encuentra totalmente politizada y alineada con el gobierno de Ortega. En este contexto, los mecanismos de accountability se encuentran difíciles de instalar.  Según una nota del New York Times, el presidente controla los aparatos que legislan, juzgan y castigan, y también le responden la Policía, el Ejército, la Asamblea Nacional y la Corte Suprema.

En acuerdo con las órbitas a las cuales el Frente Sandinista para la Liberación Nacional pudo penetrar, puede establecerse que el Consejo Supremo Electoral es una de ellas. Según Freedom House, este organismo siempre supo servir a los intereses del partido en curso. Un ejemplo de esto, son los hechos acontecidos en relación a la figura pública de Rivas, presidente del Consejo Supremo Electoral nicaragüense, relatados por el New York Times.  Este último fue acusado por fraude electoral y corrupción por parte de los Estados Unidos debido a la manipulación e intervención en las elecciones del 2006 y 2011, que le permitieron a Ortega su   consolidación. En consecuencia, Rivas fue removido de sus funciones en la CSE, y Ortega le otorgó un cargo honorario que le permitió mantener su inmunidad judicial. Esto es un hecho que evidencia el poderío que posee el primer mandatario respecto de los acontecimientos que suceden en el territorio gobernado por el y su conyugue.

En tercer lugar, en relación al derecho de las mujeres, puede destacarse que entre enero y diciembre de 2017 se cometieron alrededor de 55 femicidios, según la organización no gubernamental Católicas por el Derecho a Decidir Nicaragua.  Esta ONG concluyó que el carácter de estos homicidios habían sido más brutales que en años anteriores y, a su vez, que quienes los perpetraban tendían a actuar en grupos. En junio de 2017, la Asamblea Nacional aprobó una enmienda a la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Esta enmienda reducía a la esfera privada el alcance de la definición de femicidios, con lo cual  limitaba ese delito a las relaciones entre cónyuges o integrantes de otro tipo de pareja sentimental. En relación a esto, quienes se oponían a la nueva definición señalaron que negaba la realidad de los femicidios, que también se cometían en espacios públicos.

A su vez, según el Bertelsmann Transformation Index, el aborto aún continúa estando prohibido en todas las circunstancias. En paralelo a esto, Nicaragua tiene uno de los índices de embarazo adolescente y mortalidad materna más elevados de las Américas, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Según el informe del Bertelsmann Transformation Index, la violencia contra las mujeres y las niñas continúa estando presente. La impunidad de delitos como la violación, los homicidios y las amenazas es generalizada y se encuentra muy arraigada, y a menudo reforzada, por la falta de voluntad política, recursos limitados para investigar y llevar ante la justicia a quienes perpetraban esos delitos, y una cultura patriarcal que no se ponía en entredicho.

Según Freedom House, la trata de personas es un problema importante en Nicaragua, en primera instancia porque funciona como país de origen para las mujeres y los niños obligados a prostituirse. A su vez, los adultos y los niños también son vulnerables al trabajo forzoso en la agricultura, la minería y otros sectores, y como empleados domésticos. En concomitancia con esto, reconociendo los "esfuerzos significativos" del gobierno para enfrentar la trata de personas, el Informe sobre Trata de Personas del Departamento de Estado de 2017, declaró que los fondos prometidos para destinar a iniciativas anti-tráfico no se habían materializado, y que la costa atlántica seguía siendo desproporcionadamente afectada debido a instituciones más débiles allí.

En cuarto lugar, en relación a los derechos de los pueblos originarios, según Freedom House persiste la impunidad por delitos tales como homicidios, violaciones, secuestros, desapariciones forzadas, amenazas de muerte y desplazamientos forzados de pueblos indígenas en la Región Autónoma del Atlántico Norte, aunque tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Corte Interamericana de Derechos Humanos habían ordenado a Nicaragua en 2015 que adoptara todas las medidas necesarias para investigar esos delitos.

En quinto lugar, en relación a los defensores y defensoras de los derechos humanos, puede decirse que continúan los ataques contra ellos, según se denunció en una audiencia pública celebrada ante la CIDH en septiembre de 2017. Las organizaciones de la sociedad civil integradas por mujeres denunciaron haber sufrido amenazas de muerte, así como detenciones arbitrarias y ataques perpetrados con la complicidad o la aquiescencia de las autoridades del Estado. A modo de ejemplo, puede mencionarse que en marzo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia sobre el caso Acosta y otros vs. Nicaragua. En esta sentencia halló al Estado responsable de violar los derechos a la justicia, la verdad y la integridad física de la defensora de los derechos humanos María Luisa Acosta, tras el asesinato de su esposo, Francisco García Valle.  Las autoridades no habían tomado aún medidas para cumplir la sentencia, y en especial para poner fin a la impunidad en ese caso y garantizar que se respetaran los derechos de María Luisa Acosta a la justicia y la verdad. En agosto, la CIDH concedió medidas cautelares a Francisca Ramírez y a la familia de ésta, después de que sufrieran amenazas de muerte, hostigamientos y ataques en represalia por el activismo de Ramírez en oposición a la construcción del Gran Canal Interoceánico.

En sexto lugar, en relación a la construcción del Gran Canal Interoceánico, según el informe del Bertelsmann Transformation Index , es importante destacar que sigue sin haber un proceso auténtico y efectivo de consulta para las personas que se verían afectadas por la construcción del mismo; acción que violaba los principios internacionales de los derechos humanos. Según el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas, no se había garantizado el derecho de los indígenas y afrodescendientes del Territorio Rama y Kriol al consentimiento libre, previo e informado en relación con ese proyecto, pese a la presentación de varias apelaciones ante los tribunales. Las organizaciones de la sociedad civil indicaban que la magnitud del proyecto, que iba a incluir un oleoducto y dos puertos, entre otras infraestructuras, afectaría a cientos de miles de personas y las pondría en peligro de desalojo. Varias organizaciones de derechos humanos y comunidades campesinas continuaban pidiendo la derogación de la Ley 840 -legislación que reglamentaba el Canal- por las insuficientes garantías que ofrecía para la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Estas demandas seguían siendo rechazadas, y las autoridades no habían entablado un diálogo significativo con las comunidades que probablemente iban a verse afectadas por la construcción del Canal.

En séptimo lugar, en relación a la libertad de expresión, de asociación y de reunión, según el informe del Bertelsmann Transformation Index en noviembre de 2017 se celebraron elecciones municipales bajo un contexto de violencia, y se reportaron al menos cinco muertes y treinta personas heridas en seis municipios. Esto estuvo acompañado del uso innecesario y excesivo de la fuerza por parte de la policía contra personas que se manifestaban pacíficamente contra la construcción del Canal, y denuncias de detenciones arbitrarias de manifestantes. En este sentido, se informó asimismo sobre hostigamientos e intimidaciones a defensores y defensoras de los derechos humanos por su oposición al proyecto.

Cabe señalar que, si bien no existe una prohibición absoluta de los grupos políticos o de la sociedad civil independiente, ha sido cada vez más difícil reunirse y expresarse libremente. Según el informe de Bertelsmann Transformation Index, el control de las organizaciones disidentes aumentó indirectamente mediante la cooptación de los líderes de la oposición y directamente suspendiendo el estatus jurídico de algunos partidos (como el Movimiento de Renovación Sandinista, MRS), interviniendo en asociaciones cívicas opositoras (como el Movimiento Autónomo de Mujeres MAM) o amenazando y expulsando a periodistas internacionales que cubren las protestas contra el canal.

Es relevante señalar que, si bien la Constitución Nacional garantiza la libertad de expresión, desde la llegada al poder del Ortega, esta se vio debilitada. En relación a esto, la familia Ortega mantiene un duopolio de TV y controla una larga proporción de canales de radio. Únicamente los periódicos, como la Prensa, diarios de internet y algunas radios lograron escapar del control de Ortega y aun pueden proveer una pluralidad de opiniones. Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, en 2017, más del 80 por ciento de los canales de televisión, estaciones de radio, periódicos y medios de comunicación en línea del país estaban efectivamente bajo el control del FSLN, principalmente porque eran propiedad de aliados del partido. Los periodistas han recibido amenazas de muerte y han sido detenidos cubriendo protestas y manifestaciones, así como el proyecto del canal.

Finalmente, según Reporteros sin Fronteras, el periodismo en su conjunto se encuentra estigmatizado y los periodistas a menudo son objeto de hostigamiento, difamación y calumnia, acoso, cierre y ocupación de equipos de transmisión de radio, arrestos arbitrarios y amenazas de muerte. En consecuencia, se observan situaciones de distorsión y manipulación de la información, contribuyendo a un debate público limitado, como en el caso del proyecto del canal interoceánico.