El hecho que un Estado deba otorgar subsidios a la energía refleja un serio defecto institucional y regulatorio. La energía no es un bien público que no pueda transarse en mercados competitivos. Si estos mercados están bien regulados no debería haber necesidad de subsidios salvo para los mas pobres.

El Gobierno no debate con nadie sus proyectos de ley, los impone; Las provincias, propietarias de los recursos, están en contra de la modificación; y este signo de gobierno termina en poco más de un año, por lo cual tampoco estará para ver los eventuales frutos de las modificaciones que quiere realizar.

La Argentina necesita la inversión de grandes capitales en su sector energético que no puede venir de un estado nacional con déficit fiscal y sin acceso al crédito externo. Tampoco será positivo que YPF, aunque consiga financiamiento, tenga un cuasi-monopolio para elegir áreas y decidir cómo y cuándo explotarlas.

(DyN) El Decreto 929 publicado antes de conocerse el acuerdo entre YPF y la estadounidense Chevron tiene dos aspectos destacables: el primero, es que confirma la no política petrolera del Gobierno y el segundo, es que a partir de ese resorte del Ejecutivo introduce una innovación positiva y de importancia, pero que debería haberse hecho por una ley del Congreso.

Los problemas que hoy enfrenta la Argentina en materia energética -supresión de subsidios, pérdida del autoabastecimiento, importaciones crecientes, descapitalización e inversiones insuficientes- son el resultado liso y llano de la política iniciada después de la crisis de 2002 y que fue continuada hasta el presente.

Una regla importante para que un país sea atractivo a las inversiones, tanto para extranjeros como para locales, es la posibilidad de comprar, vender y transferir las divisas para aquellos que las producen. Las empresas mineras y petroleras pueden elegir el lugar donde hacer sus inversiones y a igualdad de atractivos geológicos eligen por supuesto los países con más libertades cambiarias y reglas estables.