(El Observador) El senador Pablo Mieres, del Partido Independiente, lo explicitó tempranamente. Lo que está en juego, lo que pende de un hilo, de un hilo delgado y siempre muy delicado, de un hilo que ya ha demostrado que se puede romper porque es extraordinariamente sensible a todo lo que tenga aroma a corrupción, es el «buen nombre» de la democracia en Uruguay.

Por Adolfo Garcé

(El Observador) El miércoles de la semana pasada se desató una tormenta política cuando el Senado dio media sanción a la derogación del delito de abuso de funciones. Votaron a favor de la derogación de esa norma solamente los senadores frenteamplistas. Los partidos de oposición argumentaron que el FA, de este modo, pretende proteger a sus "amigos" condenados o procesados por este delito. Las intervenciones de los líderes de la oposición fueron muy severas. Pedro Bordaberry fue el que llegó más lejos: anunció que, llegado el caso, está dispuesto a activar el mecanismo del referéndum derogatorio. Los principales senadores del Partido Nacional, con Luis Lacalle Pou a la cabeza, acompañaron rápidamente la iniciativa del senador colorado.

No se sabe todavía qué ocurrirá cuando el proyecto se ponga a consideración de la Cámara de Representantes. Como es bien sabido, desde que el diputado Gonzalo Mujica tomara distancia de la bancada frenteamplista, el partido de gobierno ya no tiene asegurada la mayoría parlamentaria. Además, otros legisladores del FA ya han anunciado que no acompañarán el proyecto. Se destaca en ese sentido, el gesto republicano del exintendente del departamento de Maldonado Óscar de los Santos. Como, según dijo, tiene "tres causas penales" abiertas por presunto abuso de funciones, expresó que no puede acompañar la derogación porque es "muy difícil explicar que no estás legislando para vos". De todos modos, no es imposible que algunos legisladores de los partidos de oposición acompañen a la mayoría frenteamplista. Al menos por ahora, por ende, el resultado final es incierto.

La actitud del diputado De los Santos merece un elogio muy especial. Es de los pocos legisladores frenteamplistas que se hace cargo del problema más importante de todos: la preservación de la credibilidad del sistema político. No soy un experto en derecho penal. No conozco los detalles de los procesos en curso o finalizados en el marco de este delito contra distintos funcionarios. Asumo, además, que hay muy buenas razones jurídicas para derogar este delito. De hecho, no he escuchado hasta ahora a un solo penalista defender la tipificación actual. Solamente digo que no podemos esperar que la ciudadanía confíe en los partidos políticos cuando un tema tan delicado como este se tramita tan mal.

Es cierto que hay que cuidar el honor de las personas que se comprometen con la gestión pública, entre otras razones, porque se requiere mucho valor para dar el paso desde la esfera privada al de la función de gobierno. Pero lo que está en juego es mucho más que el "buen nombre" de los funcionarios implicados. El senador Pablo Mieres, del Partido Independiente, lo explicitó tempranamente. Lo que está en juego, lo que pende de un hilo, de un hilo delgado y siempre muy delicado, de un hilo que ya ha demostrado que se puede romper porque es extraordinariamente sensible a todo lo que tenga aroma a corrupción, es el "buen nombre" de la democracia en Uruguay. Lo que está en discusión, en definitiva, es si la ciudadanía puede creer o no en la idoneidad moral de sus representantes.

Los senadores frenteamplistas, lamentablemente, no se han hecho cargo de esto. La mayoría parlamentaria es una tentación difícil de resistir. Veremos qué pasa en Diputados. El FA, en tanto partido de gobierno, no solamente tiene la mayor responsabilidad por el equilibrio de las cuentas públicas, la calidad de la educación o el cuidado del medioambiente. También le corresponde la mayor cuota parte de responsabilidad en la preservación del prestigio del sistema representativo. El FA abusó. Nunca debió votar la derogación de este delito sin acordar previamente con la oposición. Es inevitable que la ciudadanía interprete esta decisión como complicidad con actos de abuso o corrupción. Perdimos todos.

Si los diputados acompañan la posición de los senadores tendremos durante dos años a medio sistema político argumentando públicamente que el partido de gobierno, derogando el abuso de funciones, pretende proteger compañeros corruptos. Del lado del FA, escucharemos nuevamente argumentos sobre denuncias de corrupción en gobiernos blancos o colorados. ¿Qué ganará la ciudadanía con esto? Nada. ¿Qué perderá? Demasiado. Será muy fácil para el "hombre de la calle", concluir que "todos son iguales", especialmente cuando la ciudadanía no tiene, de hecho, y pese al esfuerzo de muchos medios de comunicación, la oportunidad de informarse exhaustivamente sobre hechos y razones.

¿No hay otra manera, más responsable, de tramitar este cambio legislativo? Tiene que haber. Innovaciones legislativas de este tenor deberían apoyarse en amplias mayorías políticas. Gobierno y oposición, en temas tan sensibles como este, tienen que dejar de lado "chicanas" políticas y asumir la responsabilidad de legislar juntos. Tienen, además, la obligación de informar cuidadosamente a la ciudadanía para aventar toda sospecha de implicancias personales e intereses menores. Para modificar el curso de los hechos, desde luego, se precisan líderes con visión. Me pregunto quién va a asumir el liderazgo político para evitar que la Cámara de Representantes envíe una señal tan equivocada como el Senado. ¿El presidente de la República? ¿Por qué no? ¿Acaso no se reúne con los legisladores cuando lo considera necesario? ¿El presidente del Frente Amplio? ¿Por qué no? Lo hemos escuchado muchas veces hablar sobre la necesaria preservación de la tradición republicana. ¿Dirigentes o representantes de los partidos de oposición? ¿Por qué no?

Fuente: El Observador (Montevideo, Uruguay)