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12.05.17

Fideicomisos ciegos

(El Líbero) Antes que buscar un acto de reparación que demuestre que el PS puede crear un cortafuego entre el dinero y la política, sería mucho más razonable abandonar la obsesión puritana de creer que se puede hacer política sin dinero y comenzar a hablar de forma seria y pragmática sobre cómo se puede avanzar para regular adecuada y satisfactoriamente la inevitable interacción que existe entre ambos.
Por Patricio Navia

(El Líbero) La polémica que se ha generado en torno a la revelación sobre la forma en que el Partido Socialista invirtió su patrimonio en el mercado financiero constituye una cucharada de su propio chocolate para un partido que ha liderado las acusaciones contra el ex Presidente Sebastián Piñera por las dificultades que históricamente ha tenido el candidato presidencial para separar la política y el dinero.

Porque resulta imposible separar la política del dinero, el PS debiera aprender que es más importante avanzar hacia una saludable regulación y transparencia de las complejas relaciones entre ambos.

Un reportaje de MegaNoticias la noche del miércoles reveló que el PS durante años ha invertido su patrimonio en diversos activos financieros. Después de que una ley aprobada durante el Gobierno de Ricardo Lagos obligara al Estado a devolver a los partidos dinero por las propiedades que les habían sido ilegalmente confiscadas durante la dictadura, varios de ellos se hicieron de un patrimonio considerable.  Si bien algunos optaron por la cortoplacista estrategia de usar ese patrimonio en campañas electorales en los años posteriores, el PS—que entonces era gobernado por líderes amigables con el mercado, y presumiblemente también con una saludable mirada de largo plazo— optó por comprar propiedades y por invertir el saldo restante en instrumentos financieros que le permitieran tener un colchón que asegurara estabilidad económica para los años siguientes. El partido nombró un comité de expertos que realizaron recomendaciones sobre dónde y cómo invertir ese dinero. En ese momento, la decisión parecía perfectamente razonable y responsable.

Pero los tiempos cambian y también cambia la valoración que hace la opinión pública de las decisiones que se tomaron en el pasado. Hoy, después de que hemos vivido una seguidilla de escándalos asociados a la forma en que varias empresas privadas financiaron irregularmente campañas, partidos y candidatos, hay una creciente demanda por mejores prácticas y más transparencia en la relación entre la política y el dinero.

Como en toda reacción pendular, muchos han buscado prohibir que el dinero influya sobre la política. Prometiendo crear cortafuegos que aíslen a la política del dinero, estos puristas han denunciado a todos aquellos que han sido salpicados de una forma u otra por el financiamiento irregular, o cuyas acciones han levantado sospechas de conflictos de interés. Si bien es incuestionable la necesidad de que la justicia actúe con mano dura contra quienes han violado la ley, los puristas han querido modificar la ley, adoptando reformas que buscan un imposible: aislar los intereses económicos de la política cotidiana.

La nueva ley de financiamiento de campañas que prohíbe el financiamiento de las empresas a campañas políticas busca limitar el poder del dinero, permitiendo sólo donaciones a personas individuales en montos relativamente pequeños. Pero como las campañas son costosas, los candidatos que poseen dinero propio, los políticos en cargos de elección popular o los que son capaces de utilizar triquiñuelas legales para recibir financiamiento irregular, tienen una posición ventajosa sobre los candidatos nuevos que se apegan a la ley y no tienen fortunas personales.

Esta lógica purista ha sido también utilizada para fustigar al candidato presidencial —y uno de los hombres más adinerados del país— Sebastián Piñera. Porque ha tenido reconocidos problemas en el pasado para separar aguas entre sus intereses empresariales y la política —en 2010, incumplió su promesa de vender Chilevisión y sus acciones en LAN antes de asumir el poder—, resulta fácil articular acusaciones de conflictos de interés contra Piñera, o sindicarlo de incontinencia bursátil, de moverse al filo de la ley o simplemente de no saber separar el dinero de la política.

Pero ahora el PS está a la defensiva por no haber creado un fideicomiso ciego que administrara el patrimonio del partido, y por no tomar resguardos para evitar la percepción de conflictos de interés entre sus principios declarados y las inversiones que realizaba. Tal como Piñera equivocó el camino al no crear un fideicomiso ciego de todas sus inversiones (no solo aquellas en el país), el PS equivocó el camino al exigirle al ex Presidente algo que ellos mismos no quisieron hacer con su patrimonio.

Aunque la tentación ahora será competir por ser más papistas que el Papa y buscar un acto de reparación que demuestre que el PS puede crear un cortafuego entre el dinero y la política, sería mucho más razonable abandonar la obsesión puritana de creer que se puede hacer política sin dinero y comenzar a hablar de forma seria y pragmática sobre cómo se puede avanzar para regular adecuada y satisfactoriamente la inevitable interacción que existe entre ambos.

Fuente: El Líbero (Santiago, Chile)