(El Observador) El 2015 es un año muy especial para los uruguayos. Conmemoramos 30 años de la recuperación de la democracia. Hay, por suerte, clima de balance. Se anuncian, y deberán concretarse, debates políticos y académicos sobre fortalezas y debilidades de nuestro sistema democrático. En ese contexto es imperioso que dediquemos una parte de nuestras energías a discutir sobre cómo mejorar la calidad de la democracia a nivel local.

Por Adolfo Garcé

(El Observador) Hace más de 40 años en La poliarquía: participación y oposición, sin duda uno de los libros más influyentes de la ciencia política contemporánea, Robert Dahl sostuvo que para evaluar los procesos de democratización, además de analizar las características de la política a nivel nacional (el grado de participación y de oposición), había que poner un ojo en los rasgos de las organizaciones subnacionales (“municipios, provincias, sindicatos, empresas mercantiles, iglesias y demás”).

Explicando esta idea hizo referencia a la experiencia de la Yugoslavia del Mariscal Tito: un país puede tener, dijo, un régimen no competitivo a nivel nacional pero permitir grados importantes de participación y debate público a nivel local. Del mismo modo, argumentó, puede darse la situación opuesta: países en los que convivan un alto grado de desarrollo democrático a nivel nacional con menores oportunidades para participar y debatir a nivel subnacional. Algo de esto pasa en Uruguay. Todas las mediciones sobre calidad de la democracia coinciden en que nuestra poliarquía, a nivel nacional, además de ser una de las mejores de la región, califica entre las escasas “democracias plenas” del mundo. Sin embargo, en el nivel subnacional, el desarrollo democrático es sensiblemente menor. Como ciudadanos, los uruguayos somos fuertes e influyentes. Como vecinos, en cambio, somos demasiado débiles.

Si, en tanto vecinos, fuéramos más poderosos, los intendentes no serían reelectos con tanta frecuencia. Desde luego, hay casos de intendentes que fracasan en su intento por obtener un segundo mandato (en este sentido habrá que estar muy atentos el próximo 10 de mayo a lo que pueda ocurrir, por ejemplo, en Paysandú con el nacionalista Bertil Bentos, en Cerro Largo con Sergio Botana (PN), con la frenteamplista Patricia Ayala en Artigas y con el colorado Germán Coutinho en Salto. Pero la regla general es que los intendentes, con independencia de la eficacia de sus gestiones, se las ingenian para lograr la reelección. Cuando no pueden ser reelectos porque ya cumplieron dos mandatos sucesivos no tienen mayores problemas para designar a su sucesor entre sus colaboradores más cercanos. La hegemonía que suelen construir los intendentes departamentales contrasta con las penurias que padecen nuestros presidentes. Para empezar, no existe la regla de la reelección inmediata. Pero incluso los más poderosos y exitosos de ellos no logran imponer a sus favoritos como sucesores. El fracaso más notorio y reciente fue el de Tabaré Vázquez en relación con Danilo Astori entre 2008 y 2009.

Es bastante más fácil derrotar al presidente de Uruguay que al intendente de uno de sus 19 departamentos. El presidente está sometido a controles mucho más rigurosos. En primer lugar, el intendente cuenta con mayoría automática en el legislativo (la Junta Departamental). A nivel nacional, en cambio, la mayoría parlamentaria depende estrictamente de la votación obtenida por el partido del presidente electo y tiende a ser excepcional en la historia política uruguaya. En segundo lugar, el poder político de los ediles departamentales (que ni siquiera son remunerados) es sensiblemente menor que el de senadores y diputados. Es posible construir una candidatura presidencial desde el Parlamento, incluso desde la Cámara de Representantes (como hizo durante la elección pasada Luis Lacalle Pou). Pero es mucho más complicado convertirse en candidato a la intendencia desde el cargo de edil departamental. Finalmente, la política a nivel nacional suele ocupar –especialmente en Montevideo– un espacio más importante en el debate público cotidiano que la del nivel departamental. Desde luego, a partir de la reforma constitucional implementada en 1997 que separó seis meses la elección nacional de la departamental, esto ha empezado a cambiar. El debate sobre los problemas y alternativas a nivel local ha ganado espacio. Esto favorece el proceso de formación y manifestación de preferencias a nivel local y, por tanto, contribuye al incremento de la calidad de la democracia.

Nuestra debilidad en tanto vecinos no se relaciona únicamente con el subdesarrollo del segundo nivel de gobierno (el departamental). Es todavía más evidente cuando se piensa en el tercer nivel (municipios y alcaldías). La información recogida por el sondeo reciente de Cifra en Montevideo es muy reveladora. Dice textualmente el informe de esta encuesta: “Estos datos muestran que hay una notoria falta de conocimiento respecto de la elección de los alcaldes y sus funciones entre el público montevideano, y que, en algunos casos, esta falta de conocimiento se ha agravado desde 2010. Para la gran mayoría de los votantes de la capital el tercer nivel de gobierno no es visible, aún después de cinco años de vigencia. Falta información sobre todos los aspectos del sistema, y sin esa información es muy difícil que los montevideanos nos acostumbremos a reconocer, elegir y utilizar nuestros gobiernos municipales”.1

El 2015 es un año muy especial para los uruguayos. Conmemoramos 30 años de la recuperación de la democracia. Hay, por suerte, clima de balance. Se anuncian, y deberán concretarse, debates políticos y académicos sobre fortalezas y debilidades de nuestro sistema democrático. En ese contexto es imperioso que dediquemos una parte de nuestras energías a discutir sobre cómo mejorar la calidad de la democracia a nivel local. 

1 Ver: http://www.cifra.com.uy/novedades.php?idNoticia=260

Fuente: El Observador (Montevideo, Uruguay)