16.11.13La ley de Medios y su aplicación
(Diario Río Negro) El pecado se instaló en el nacimiento, cuando se redactó una ley que garantizaba el control de la autoridad de aplicación por una mayoría oficialista. La existencia de organismos técnicos con elevado nivel de autonomía y dirigidos por expertos es usual en las democracias modernas. En nuestro país, en cambio, el partido que gana las elecciones se considera autorizado a ocupar todo el poder, es decir colonizar el Estado y sus agencias de regulación con militantes. Los resultados no pueden ser más desalentadores.Por Aleardo F. Laría
(Diario Río Negro) La reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJ) sobre la ley de Medios contiene una recomendación relevante: "Es de vital importancia recordar –dice la CSJ– que tampoco se puede asegurar que se cumplan los fines de la ley si el encargado de aplicarla no es un órgano técnico e independiente, protegido contra indebidas interferencias, tanto del gobierno como de otros grupos de presión". El enunciado es correcto, pero llega tarde. El pecado se instaló en el nacimiento, cuando se redactó una ley que garantizaba el control de la autoridad de aplicación por una mayoría oficialista.
El artículo 14 de la ley 26522 señala que "la conducción y administración de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) será ejercida por un directorio integrado por siete miembros nombrados por el Poder Ejecutivo nacional. El directorio estará conformado por un presidente y un director designados por el Poder Ejecutivo nacional; tres directores propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual que serán seleccionados por ésta a propuesta de los bloques parlamentarios correspondientes uno a la mayoría o primera minoría, uno a la segunda minoría y uno a la tercera minoría; dos directores a propuesta del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual…". Como el Consejo Federal también queda bajo control del Ejecutivo, el resultado final es que, de siete directores, cinco responden al oficialismo.
Un modo de comprobar que el diseño legislativo es pésimo consiste en comparar la norma con otras de nuestro entorno cultural. En tal sentido, podemos tomar para el análisis comparativo la ley General de la Comunicación Audiovisual de España (ley 7/2010). La autoridad de aplicación en España es el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, formado por un presidente, un vicepresidente y siete consejeros nombrados por el gobierno "a propuesta del Congreso de los Diputados por mayoría de tres quintos entre personas de reconocida competencia en materias relacionadas con el sector audiovisual" (artículo 49).
Al establecer una mayoría reforzada de tres quintos de diputados, la ley obliga a los bloques parlamentarios a buscar un consenso alrededor de las personas designadas. De este modo no sólo se evitan mayorías de control gubernamental en el funcionamiento del Consejo, sino que también se consigue que todos los designados sean personas de reconocida competencia técnica y ética. De no ser así, difícilmente consigan obtener el acuerdo requerido para su designación. El ejemplo español permite percibir la distancia enorme que existe entre una ley que procura dotar al organismo de aplicación de la ley de medios audiovisuales de la mayor independencia –contra indebidas interferencias del poder– y otro que está diseñado para garantizar el control por parte del gobierno.
La arquitectura legal de la legislación argentina muestra que las aspiraciones de la Corte sólo serán alcanzadas cuando una nueva ley regule de manera completamente diferente la forma de designación de los directores de la Afsca. Mientras haya una mayoría oficialista, no existe posibilidad de una aplicación técnica e independiente de la ley. En este sentido el diputado socialista Roy Cortina ha presentado un proyecto de modificación de la ley de Medios que plantea que la Afsca debe ser un ente público con "absoluta independencia" del Poder Ejecutivo y fija un nuevo mecanismo de selección de los miembros de su directorio. Según la iniciativa, los directores del organismo serían cinco –en lugar de los siete actuales– y los designaría el Congreso con el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes de cada una de las cámaras, previa selección a través de concurso público sustanciado por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la
Comunicación Audiovisual.
La existencia de organismos técnicos con elevado nivel de autonomía y dirigidos por expertos es usual en las democracias modernas. En nuestro país, en cambio, el partido que gana las elecciones se considera autorizado a ocupar todo el poder, es decir colonizar el Estado y sus agencias de regulación con militantes. Los resultados no pueden ser más desalentadores. La eficacia en la gestión de los asuntos públicos, al ser considerada una cuestión subalterna frente a los desafíos que propone la épica política, termina convirtiéndose en una nueva cuestión política: la mala praxis genera tan malos resultados que luego las urnas recogen la queja de la ciudadanía.
En este sentido no puede dejar de señalarse que la gestión de Martín Sabbatella al frente de la Afsca es escandalosamente partidaria, propia de un militante más que de un funcionario independiente. A las burdas sobreactuaciones, llevando en forma personal las notificaciones que normalmente se hacen a través de oficios, se debe sumar la publicidad televisiva sesgada del organismo. En forma sistemática se financian campañas televisivas como las de "Clarín miente", de modo que se infiere un trato denigratorio a uno de los medios que son sujetos de aplicación de la ley. Los puestos del organismo se han cubierto con militantes de "Nuevo Encuentro", el partido de Sabbatella, de modo que nos encontramos frente a un escenario donde la autoridad de aplicación no sólo no es independiente sino que tampoco se esfuerza en disimularlo.
En el imaginario populista la preocupación por la gestión propicia la despolitización tecnocrática. Se supone que existe el riesgo de que los expertos sustituyan a los políticos. Consideran que la política se disuelve cuando queda en manos de los fríos gabinetes de expertos. Reivindican el tono vibrante de la política, el que permite movilizar a las masas alrededor de consignas estentóreas y llenar las oficinas públicas de militantes. Para sostener este discurso se necesita ignorar los resultados arrojados por los países en donde se ha llevado más lejos esta concepción. Invisibilizan experiencias contundentes como las de Venezuela y Cuba, donde también el relato procura inútilmente ocultar la realidad.
(Diario Río Negro) La reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJ) sobre la ley de Medios contiene una recomendación relevante: "Es de vital importancia recordar –dice la CSJ– que tampoco se puede asegurar que se cumplan los fines de la ley si el encargado de aplicarla no es un órgano técnico e independiente, protegido contra indebidas interferencias, tanto del gobierno como de otros grupos de presión". El enunciado es correcto, pero llega tarde. El pecado se instaló en el nacimiento, cuando se redactó una ley que garantizaba el control de la autoridad de aplicación por una mayoría oficialista.
El artículo 14 de la ley 26522 señala que "la conducción y administración de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) será ejercida por un directorio integrado por siete miembros nombrados por el Poder Ejecutivo nacional. El directorio estará conformado por un presidente y un director designados por el Poder Ejecutivo nacional; tres directores propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual que serán seleccionados por ésta a propuesta de los bloques parlamentarios correspondientes uno a la mayoría o primera minoría, uno a la segunda minoría y uno a la tercera minoría; dos directores a propuesta del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual…". Como el Consejo Federal también queda bajo control del Ejecutivo, el resultado final es que, de siete directores, cinco responden al oficialismo.
Un modo de comprobar que el diseño legislativo es pésimo consiste en comparar la norma con otras de nuestro entorno cultural. En tal sentido, podemos tomar para el análisis comparativo la ley General de la Comunicación Audiovisual de España (ley 7/2010). La autoridad de aplicación en España es el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, formado por un presidente, un vicepresidente y siete consejeros nombrados por el gobierno "a propuesta del Congreso de los Diputados por mayoría de tres quintos entre personas de reconocida competencia en materias relacionadas con el sector audiovisual" (artículo 49).
Al establecer una mayoría reforzada de tres quintos de diputados, la ley obliga a los bloques parlamentarios a buscar un consenso alrededor de las personas designadas. De este modo no sólo se evitan mayorías de control gubernamental en el funcionamiento del Consejo, sino que también se consigue que todos los designados sean personas de reconocida competencia técnica y ética. De no ser así, difícilmente consigan obtener el acuerdo requerido para su designación. El ejemplo español permite percibir la distancia enorme que existe entre una ley que procura dotar al organismo de aplicación de la ley de medios audiovisuales de la mayor independencia –contra indebidas interferencias del poder– y otro que está diseñado para garantizar el control por parte del gobierno.
La arquitectura legal de la legislación argentina muestra que las aspiraciones de la Corte sólo serán alcanzadas cuando una nueva ley regule de manera completamente diferente la forma de designación de los directores de la Afsca. Mientras haya una mayoría oficialista, no existe posibilidad de una aplicación técnica e independiente de la ley. En este sentido el diputado socialista Roy Cortina ha presentado un proyecto de modificación de la ley de Medios que plantea que la Afsca debe ser un ente público con "absoluta independencia" del Poder Ejecutivo y fija un nuevo mecanismo de selección de los miembros de su directorio. Según la iniciativa, los directores del organismo serían cinco –en lugar de los siete actuales– y los designaría el Congreso con el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes de cada una de las cámaras, previa selección a través de concurso público sustanciado por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la
Comunicación Audiovisual.
La existencia de organismos técnicos con elevado nivel de autonomía y dirigidos por expertos es usual en las democracias modernas. En nuestro país, en cambio, el partido que gana las elecciones se considera autorizado a ocupar todo el poder, es decir colonizar el Estado y sus agencias de regulación con militantes. Los resultados no pueden ser más desalentadores. La eficacia en la gestión de los asuntos públicos, al ser considerada una cuestión subalterna frente a los desafíos que propone la épica política, termina convirtiéndose en una nueva cuestión política: la mala praxis genera tan malos resultados que luego las urnas recogen la queja de la ciudadanía.
En este sentido no puede dejar de señalarse que la gestión de Martín Sabbatella al frente de la Afsca es escandalosamente partidaria, propia de un militante más que de un funcionario independiente. A las burdas sobreactuaciones, llevando en forma personal las notificaciones que normalmente se hacen a través de oficios, se debe sumar la publicidad televisiva sesgada del organismo. En forma sistemática se financian campañas televisivas como las de "Clarín miente", de modo que se infiere un trato denigratorio a uno de los medios que son sujetos de aplicación de la ley. Los puestos del organismo se han cubierto con militantes de "Nuevo Encuentro", el partido de Sabbatella, de modo que nos encontramos frente a un escenario donde la autoridad de aplicación no sólo no es independiente sino que tampoco se esfuerza en disimularlo.
En el imaginario populista la preocupación por la gestión propicia la despolitización tecnocrática. Se supone que existe el riesgo de que los expertos sustituyan a los políticos. Consideran que la política se disuelve cuando queda en manos de los fríos gabinetes de expertos. Reivindican el tono vibrante de la política, el que permite movilizar a las masas alrededor de consignas estentóreas y llenar las oficinas públicas de militantes. Para sostener este discurso se necesita ignorar los resultados arrojados por los países en donde se ha llevado más lejos esta concepción. Invisibilizan experiencias contundentes como las de Venezuela y Cuba, donde también el relato procura inútilmente ocultar la realidad.