27.12.12«La propiedad es un robo»
(Diario Río Negro) Esta suerte de regresión que experimenta Argentina, sumida en los debates sobre la propiedad que tuvieron lugar en el siglo XIX, es representativa del estúpido anacronismo de un gobierno que parece ensimismado en nadar, como el salmón patagónico, en contra de la corriente de la historia. Hace tiempo que el mundo entero superó, tanto en el terreno filosófico como en el más pragmático de la política, las cuestiones que entretenían a los anarquistas en aquellas épocas.Por Aleardo F. Laría
(Diario Río Negro) Cuando el anarquista Pierre Joseph Proudhon (1809-1865) escribió la frase que lo hizo famoso –"la propiedad es un robo"– seguramente no pensó que más de un siglo y medio después iba a tener tantos adherentes en Argentina. Proudhon no proponía eliminar la propiedad de la tierra –la única que tenía in mente– sino hacerla universal, considerando que si todos tenían una propiedad ésta se convertía en garantía de su libertad. Claro que para alcanzar su objetivo era inevitable despojar a los actuales propietarios.
Desde el gobierno de Cristina Fernández, quien considera que basta un simple decreto para confiscar propiedades, hasta los adolescentes de barrios carenciados que saquean locales comerciales, todos parecen suscribir el mismo desprecio que sentían los anarquistas por los derechos de propiedad. Un mismo hilo conductor permite relacionar ambos fenómenos: el convencimiento de que todos están moralmente legitimados para apartarse de los límites establecidos por la ley.
La decisión de confiscar por medio de un decreto del PE el predio de la Sociedad Rural es una medida equivalente a la adoptada cuando se confiscó el 51% de las acciones de YPF en manos de Repsol. En ambas decisiones se vulneran los derechos de propiedad invocando una falsa legitimidad: el supuesto derecho del Estado a reponer situaciones que autocalifica de injustas. De este modo el gobierno elude acudir a los tribunales a buscar reparar presuntos daños y asume funciones judiciales, en clara vulneración de lo dispuesto por el artículo 29 de la Constitución nacional, que le impide al presidente asumir supremacías por las que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de persona alguna.
Es curioso, porque en los antecedentes del decreto 2552/2012 por el que se revoca, 21 años después, el decreto 2699/1991, que asignó los terrenos a la Sociedad Rural, "por estar afectado de nulidad absoluta", se reconoce que esa nulidad sólo puede ser declarada en sede judicial. Textualmente, se afirma lo siguiente: "Que, con relación al acto administrativo afectado de nulidad absoluta, el artículo 17 de la ley Nº 19549 dispone que se considera irregular y debe ser revocado o sustituido por razones de ilegitimidad aun en sede administrativa. No obstante, si el acto estuviere firme y consentido y hubiere generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo, sólo se podrá impedir su subsistencia y la de los efectos aún pendientes mediante declaración judicial de nulidad".
Desde el punto de vista jurídico, las medidas adoptadas por el PE de confiscar las propiedades privadas por medio de simples decretos no difieren de las potestades que se atribuían las monarquías absolutas y que históricamente fueron limitadas con la aparición de los textos constitucionales. Desde la perspectiva ético jurídica no existe demasiada diferencia entre el acto arbitrario de hacerse de la propiedad ajena por medio de un decreto y hacerlo arrojando una piedra sobre una vidriera para llevarse el codiciado plasma que anida en su interior.
Esta suerte de regresión que experimenta Argentina, sumida en los debates sobre la propiedad que tuvieron lugar en el siglo XIX, es representativa del estúpido anacronismo de un gobierno que parece ensimismado en nadar, como el salmón patagónico, en contra de la corriente de la historia. Hace tiempo que el mundo entero superó, tanto en el terreno filosófico como en el más pragmático de la política, las cuestiones que entretenían a los anarquistas en aquellas épocas.
El respeto a los derechos de propiedad es una de las condiciones esenciales que actualmente se consideran determinantes para el crecimiento de los países. La relación que existe entre derechos de propiedad y progreso económico es clara: si no existe suficiente protección jurídica la inversión no tiene lugar y de ese modo se pierde la posibilidad de generar empleos productivos. Como señala el Premio Nobel de Economía Douglas North, "la inhabilidad de las sociedades para desarrollar un sistema eficiente y de bajo costo para garantizar el cumplimiento de los contratos es la fuente más importante tanto del estancamiento que históricamente ha afectado a los países del Tercer Mundo así como del actual subdesarrollo de estos países".
Esto permite también reconocer la estrecha relación que se puede establecer entre los notables desaciertos del gobierno y los saqueos de supermercados. El gobierno ha equivocado rotundamente de estrategia al poner el acento en las políticas asistenciales –que le brindan notable rédito electoral– y olvidar que la forma auténtica de reducir la pobreza y posibilitar la verdadera autonomía de las personas es a través de generar empleos productivos. Un error que ha sido reconocido por el propio intendente de Bariloche perteneciente al FpV, quien ha admitido que "nadie está conforme, ni siquiera el gobierno" con las respuestas ofrecidas a la demanda social: "La sociedad está golpeada por un sistema clientelar que lleva años y al que todavía no pudimos cambiar", explicó a modo de disculpa.
Es probable que detrás de algunos saqueos operen grupos políticos radicalizados que actúan como instigadores, pero esta actuación no sería posible si no existieran condiciones materiales y sociales que predisponen a la adopción de estos comportamientos. Detrás de la sustracción de un plasma se evidencia la imposibilidad de acceder a esos bienes de modo legal, dado que las asignaciones familiares no permiten elevarse a esos niveles de consumo. Por consiguiente, los asaltos a supermercados evidencian el fracaso más estruendoso del gobierno en el terreno donde se consideraba más exitoso. Los paliativos contra la pobreza no son soluciones de fondo y en ocasiones, al enmascararla, contribuyen a diferir la adopción de las políticas correctas.
Fuente: (Diario Río Negro)
(Diario Río Negro) Cuando el anarquista Pierre Joseph Proudhon (1809-1865) escribió la frase que lo hizo famoso –"la propiedad es un robo"– seguramente no pensó que más de un siglo y medio después iba a tener tantos adherentes en Argentina. Proudhon no proponía eliminar la propiedad de la tierra –la única que tenía in mente– sino hacerla universal, considerando que si todos tenían una propiedad ésta se convertía en garantía de su libertad. Claro que para alcanzar su objetivo era inevitable despojar a los actuales propietarios.
Desde el gobierno de Cristina Fernández, quien considera que basta un simple decreto para confiscar propiedades, hasta los adolescentes de barrios carenciados que saquean locales comerciales, todos parecen suscribir el mismo desprecio que sentían los anarquistas por los derechos de propiedad. Un mismo hilo conductor permite relacionar ambos fenómenos: el convencimiento de que todos están moralmente legitimados para apartarse de los límites establecidos por la ley.
La decisión de confiscar por medio de un decreto del PE el predio de la Sociedad Rural es una medida equivalente a la adoptada cuando se confiscó el 51% de las acciones de YPF en manos de Repsol. En ambas decisiones se vulneran los derechos de propiedad invocando una falsa legitimidad: el supuesto derecho del Estado a reponer situaciones que autocalifica de injustas. De este modo el gobierno elude acudir a los tribunales a buscar reparar presuntos daños y asume funciones judiciales, en clara vulneración de lo dispuesto por el artículo 29 de la Constitución nacional, que le impide al presidente asumir supremacías por las que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de persona alguna.
Es curioso, porque en los antecedentes del decreto 2552/2012 por el que se revoca, 21 años después, el decreto 2699/1991, que asignó los terrenos a la Sociedad Rural, "por estar afectado de nulidad absoluta", se reconoce que esa nulidad sólo puede ser declarada en sede judicial. Textualmente, se afirma lo siguiente: "Que, con relación al acto administrativo afectado de nulidad absoluta, el artículo 17 de la ley Nº 19549 dispone que se considera irregular y debe ser revocado o sustituido por razones de ilegitimidad aun en sede administrativa. No obstante, si el acto estuviere firme y consentido y hubiere generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo, sólo se podrá impedir su subsistencia y la de los efectos aún pendientes mediante declaración judicial de nulidad".
Desde el punto de vista jurídico, las medidas adoptadas por el PE de confiscar las propiedades privadas por medio de simples decretos no difieren de las potestades que se atribuían las monarquías absolutas y que históricamente fueron limitadas con la aparición de los textos constitucionales. Desde la perspectiva ético jurídica no existe demasiada diferencia entre el acto arbitrario de hacerse de la propiedad ajena por medio de un decreto y hacerlo arrojando una piedra sobre una vidriera para llevarse el codiciado plasma que anida en su interior.
Esta suerte de regresión que experimenta Argentina, sumida en los debates sobre la propiedad que tuvieron lugar en el siglo XIX, es representativa del estúpido anacronismo de un gobierno que parece ensimismado en nadar, como el salmón patagónico, en contra de la corriente de la historia. Hace tiempo que el mundo entero superó, tanto en el terreno filosófico como en el más pragmático de la política, las cuestiones que entretenían a los anarquistas en aquellas épocas.
El respeto a los derechos de propiedad es una de las condiciones esenciales que actualmente se consideran determinantes para el crecimiento de los países. La relación que existe entre derechos de propiedad y progreso económico es clara: si no existe suficiente protección jurídica la inversión no tiene lugar y de ese modo se pierde la posibilidad de generar empleos productivos. Como señala el Premio Nobel de Economía Douglas North, "la inhabilidad de las sociedades para desarrollar un sistema eficiente y de bajo costo para garantizar el cumplimiento de los contratos es la fuente más importante tanto del estancamiento que históricamente ha afectado a los países del Tercer Mundo así como del actual subdesarrollo de estos países".
Esto permite también reconocer la estrecha relación que se puede establecer entre los notables desaciertos del gobierno y los saqueos de supermercados. El gobierno ha equivocado rotundamente de estrategia al poner el acento en las políticas asistenciales –que le brindan notable rédito electoral– y olvidar que la forma auténtica de reducir la pobreza y posibilitar la verdadera autonomía de las personas es a través de generar empleos productivos. Un error que ha sido reconocido por el propio intendente de Bariloche perteneciente al FpV, quien ha admitido que "nadie está conforme, ni siquiera el gobierno" con las respuestas ofrecidas a la demanda social: "La sociedad está golpeada por un sistema clientelar que lleva años y al que todavía no pudimos cambiar", explicó a modo de disculpa.
Es probable que detrás de algunos saqueos operen grupos políticos radicalizados que actúan como instigadores, pero esta actuación no sería posible si no existieran condiciones materiales y sociales que predisponen a la adopción de estos comportamientos. Detrás de la sustracción de un plasma se evidencia la imposibilidad de acceder a esos bienes de modo legal, dado que las asignaciones familiares no permiten elevarse a esos niveles de consumo. Por consiguiente, los asaltos a supermercados evidencian el fracaso más estruendoso del gobierno en el terreno donde se consideraba más exitoso. Los paliativos contra la pobreza no son soluciones de fondo y en ocasiones, al enmascararla, contribuyen a diferir la adopción de las políticas correctas.
Fuente: (Diario Río Negro)