(El Líbero) Si la izquierda se obsesiona con defender principios abstractos y no con dar respuestas concretas a problemas concretos, pagará un alto precio en las próximas elecciones. Porque en la vida las cosas se hacen en la medida de lo posible, Chile debe defender el principio de que la inmigración es un privilegio, no un derecho universal.

Por Patricio Navia

(El Líbero) Mientras más álgido se pone el debate sobre la política de inmigración de nuestro país para los próximos años, más relevante se hace el sabio principio enunciado por Patricio Aylwin respecto a qué tanta justicia se podía lograr para las víctimas de las violaciones a los derechos humanos. Porque Chile puede promover la inmigración sólo en la medida de lo posible, las posturas que se niegan a aceptar que la presencia de inmigrantes seguirá creciendo es tan irresponsable como aquella que aboga por entender la inmigración como un derecho.

Desde que la Declaración Universal de Derechos Humano proclamó el derecho de las personas a salir de su país y poder volver a él, la emigración se convirtió en un derecho humano inalienable. Por eso, países como Cuba o Venezuela, que establecen condiciones incumplibles para muchos para salir del país están en flagrante violación de los derechos humanos. Chile no necesita firmar un pacto internacional para garantizar el derecho a sus ciudadanos a salir libremente del país. Ese derecho ya está garantizado y se respeta en Chile.

Pero, naturalmente, salir de un país implica necesariamente tener que entrar a otro. Ahí es donde se produce el problema de interpretación que ha llevado a Chile a no firmar el acuerdo no vinculante sobre migraciones de la ONU. Si se establece un derecho a la migración —no solo a la emigración— entonces las personas podrán eventualmente reclamar que un país que les niega el ingreso está violando sus derechos. En cambio, el gobierno parece preferir la concepción de la inmigración como un privilegio que solo se le otorga a un número limitado de personas.

Como el acuerdo establece que los países no pueden discriminar entre inmigrantes regulares e irregulares —aquellos que entran como inmigrantes y aquellos que, por ejemplo, entran con visa de turista y se quedan después de que ésta vence— la capacidad de los países para hacer cumplir la ley se debilita. Más aún, si los países no pueden discriminar por la nacionalidad de los inmigrantes, no podrían establecer requisitos diferenciados por país. Por ejemplo, Estados Unidos no podría permitir solo a los chilenos —y no a los argentinos— entrar como turistas a su territorio sin la necesidad de pedir visa en el consulado estadounidense. Ya que cada turista es un potencial inmigrante —si decide quedarse en forma permanente después de que expira su visa— Estados Unidos estaría discriminando a los argentinos al negarles el camino más fácil que tienen los chilenos para entrar y quedarse en el país.


Porque este acuerdo, si bien no es vinculante, sienta precedente, el gobierno chileno optó, a último minuto, por abstenerse de firmarlo. La reacción de la oposición no se hizo esperar. Si bien había buenas razones para criticar al gobierno por lo intempestivo de su decisión, la oposición izquierdista prefirió enarbolar la bandera de concebir la migración como un derecho humano. Esa postura, lamentable, además de ser inviable, es infantil. Todos los países con historia extensa de flujos migratorios tratan a la inmigración como un privilegio. Las personas que reciben ese privilegio tienen derechos y obligaciones con el país receptor. Porque tener la posibilidad de residir legalmente en un país al que uno quiere ir es un bien escaso —no todos los que quieren venirse a vivir a Chile pueden hacerlo— los países establecen condiciones y requisitos que deben cumplir los que aspiran a recibir ese privilegio.

La decisión sobre quién podrá venirse a vivir a Chile la debe tomar la sociedad chilena, no los que desean venirse a vivir al país. Pretender que la migración es un derecho y no un privilegio es un error conceptual. En el caso de Chile hoy, la decisión de la izquierda de defender la migración como un derecho constituye además un enorme error político. Esa posición idealista infantil —que no se hace cargo de que el país no puede recibir a todos los que se quieren venir— representará un alto costo electoral para la izquierda en futuras elecciones.

En ningún país del mundo que enfrenta oleadas de inmigrantes la izquierda ha sobrevivido con posiciones excesivamente tolerantes a la inmigración. Igual que una familia que pasa por un buen momento y entiende que su responsabilidad es ayudar a familiares que lo están pasando mal, la decisión de invitar a algunos de los sobrinos a venirse a vivir a casa pasa por la consideración del efecto que eso tendrá en la vida de los que ya forman el hogar. Ninguna familia responsable puede recibir a todos los sobrinos o primos que necesitan ayuda —o que se quieren ir de sus casas.

Si la izquierda es incapaz de entender eso y se obsesiona con defender principios abstractos y no con dar respuestas concretas a problemas concretos, pagará un alto precio en las próximas elecciones. Porque en la vida, las cosas se hacen en la medida de lo posible, Chile debe defender el principio de que la inmigración es un privilegio, no un derecho universal.

Fuente: El Líbero (Santiago, Chile)