(TN) El gobierno de CFK tal vez se vea obligado a reconocer que los instrumentos usados hasta aquí, como las transferencias de recursos, ya no le alcanzan, y tiene que recurrir a otros nuevos. Por ejemplo, al partido. De allí que Capitanich y otros miembros del gabinete estén tan interesados en convencer a la presidente de la necesidad de institucionalizar un nuevo rol del PJ en la toma de decisiones de gobierno.

Por Marcos Novaro

(TN) El número de los que en el mismo PJ piensan que no lo podrán hacer va creciendo, lo que puede medirse en la velocidad a la que crece el número de quienes en esa fuerza dejan de hablar de “los problemas a corregir de nuestro gobierno” y se lamentan de las “malas decisiones que adoptaron ella y sus seguidores”.

El mismo fenómeno se puede leer en el giro interpretativo respecto al rol de Capitanich: de considerar su incorporación al gabinete como una oportunidad para influir y corregir, más y más gobernadores, intendentes y sindicalistas lo han ido percibiendo como parte del montaje escenográfico con el que el vértice oficial buscó ganar tiempo para seguir haciendo lo mismo de siempre y descargar costos, entre otros actores, precisamente en ellos, los jefes territoriales y sindicales.

Tanto Massa como la oposición no peronista plantearon desde el principio un juicio crítico sobre el giro poselectoral adoptado por Cristina: las correcciones económicas no iban a funcionar y las políticas no impedirían que la coalición oficial siguiera perdiendo consenso público y aliados.

Hasta aquí, hay que decir que por más que su juicio fuera interesado, no se equivocaron. Aunque tampoco es que tienen todo para festejar: ante todo, porque hay que ver si el humor social los reconoce como alternativa o los mete en la bolsa de la casta de políticos ineficaces que una y otra vez nos llevan al fracaso; y en segundo lugar, porque por más apoyos que haya perdido el gobierno lo cierto es que todavía una parte importante de los gobernadores, intendentes, sindicalistas y legisladores del peronismo aun cuando toma distancia apuesta a que las cosas no terminen del todo mal, para no verse obligados a un peligroso y alevoso recurso a la garrocha.

La disyuntiva podría sintetizarse en los términos que siguen: si anualizamos el mes de diciembre recién concluido y suponemos que todo seguirá desmoronándose a la velocidad con que lo hizo en el tiempo transcurrido entre las protestas policiales, los masivos cortes de luz y la escalada inflacionaria de fin de año, entonces no habría esperanza y lo mejor sería alejarse cuanto antes; si consideramos en cambio diciembre como el fondo del pozo y estimamos por un lado que por temor al caos un número no menor de actores terminará colaborando mínimamente con los planes oficiales, y por otro que éstos a medida que avance el año lograrán al menos contener los problemas de inflación, déficits de servicios y protesta social, entonces convendría seguir en alguna medida alineados detrás del Ejecutivo.

Aunque aun en este último caso la colaboración será acotada. Y tendrá un precio creciente y una proyección en el tiempo decreciente. Lo que nos habla del problema más grave que enfrenta hoy por hoy el gobierno: el de regular su pluralismo interno. Algo que, más allá de su tradicional intolerancia frente al disenso, hay que decir que el kirchnerismo a su manera supo hacer en el pasado, pero desde hace un tiempo le sale bastante mal.

Antes, cuando surgían tensiones en esos terrenos, o bien se ocultaban o bien se exponían controladamente para mostrar que el abanico oficial era capaz de contener e integrar distintas opiniones e intereses. Hoy ninguna de las dos cosas se consigue. Y los peronistas que aun no han dado el salto a la oposición son los que más lo sufren, y a la vez los que más provecho sacan de ello, incrementando el precio de su colaboración. Lo hemos visto con las reacciones de los gobernadores frente a las protestas policiales, y lo estamos viendo también en su renuencia (salvo en el caso de Entre Ríos) a desconocer los acuerdos salariales que permitieron superarlas. Y que de una manera u otra terminará pagando el gobierno nacional.

Con todo, éste todavía está a tiempo de contener en alguna medida estos problemas. Así lo ha demostrado con la renegociación de las deudas provinciales: al imponer un programa de revisiones trimestrales, se evitó pagar anticipadamente por apoyos que sabe que no puede dar por seguros ni estables en lapsos más prolongados. Aunque es claro que con esto no alcanza, y la dificultad sigue siendo que, si las reglas del juego interno siguen siendo las mismas y con el paso del tiempo el crédito oficial se sigue consumiendo, cada trimestre que pase los funcionarios nacionales se verán obligados a pagar precios más altos por una colaboración cada vez más aparente.

Para evitar esta deriva, que con variantes se repite en relación a los intendentes, los sindicalistas, etc., el gobierno tal vez se vea obligado a reconocer que los instrumentos usados hasta aquí, como las transferencias de recursos, ya no le alcanzan, y tiene que recurrir a otros nuevos. Por ejemplo, al partido. De allí que Capitanich y otros miembros del gabinete estén tan interesados en convencer a la presidente de la necesidad de institucionalizar un nuevo rol del PJ en la toma de decisiones de gobierno. Y en la futura selección de candidatos. Para lo cual ella debería renunciar a la autonomía extrema con que se manejó en ambos terrenos y al desprecio que siempre ha experimentado por dicha institución.

Si el jefe de gabinete lo lograse, aunque sus medidas económicas no funcionen ni su popularidad crezca, todavía podría tener alguna chance de pilotear el barco hacia el 2015. Si no, seguramente deberá volverse al Chaco bastante antes.

Fuente: TN (Buenos Aires, Argentina)