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¿Buen gobierno versus ideología?
Por Carlos Gervasoni
14 de julio de 2017
Carlos Gervasoni
(Clarín) La relación entre ideología y el equilibrio corrupto es paradójica: parte del progresismo busca minimizarlo, a pesar de que es una causa central de los elevados niveles de pobreza y desigualdad que nos afectan. Más aún, sorprende que, a diferencia del terrorismo, la corrupción no sea vista como especialmente aberrante cuando se ejecuta desde el estado.
 
 

(Clarín) Las diferencias ideológicas propias de una sociedad democrática tendrán un lugar en la campaña electoral. Muchos candidatos apelarán a dimensiones como izquierda-derecha, estado-mercado o garantismo-mano dura. Pero algo más importante estará en juego.

La Argentina se encuentra entrampada hace décadas en un perverso “equilibrio corrupto” o de “mala calidad de gobierno”, que beneficia a unos pocos y perjudica a la mayoría. Los pocos incluyen, entre otros, a políticos que roban, funcionarios que contratan familiares, constructoras que cobran por obras públicas que no hacen, jueces que nunca condenan, policías que recaudan de la droga, empleados públicos “ñoquis” y sindicalistas millonarios.

¿”Pasa en todas partes del mundo”, como argumentan los beneficiarios del equilibrio? No. Los niveles de corrupción y mala calidad del gobierno en la Argentina son impactantes. El Índice de Percepción de Corrupción de Transparency International ubicaba al país al final del mandato de CFK en el puesto 107 entre 167 naciones, en compañía de Etiopía, Honduras y Níger. No es la cultura ni el desarrollo: Uruguay ocupaba el puesto 21 y Chile el 23.

El caso Río Turbio, por el que se debate el desafuero de Julio De Vido, es clarísimo. Millones y millones de dólares malgastados en una mina de carbón que no produce casi nada y en una central eléctrica que no funciona por falta de carbón. Millones que podrían aliviar la pobreza o financiar hospitales pero que, en cambio, están en los bolsillos de los beneficiarios del equilibrio. Sumemos Yaciretá, las inconclusas rutas de Báez, los Sueños Compartidos, y otros fraudes similares, y obtendremos enormes sumas de dinero redistribuidas de los pobres a los ricos.

Este estado de cosas viene de lejos, pero se profundizó primero durante la última dictadura militar, luego en las presidencias de Menem, y finalmente en los años del kirchnerismo. La “patria contratista”, el “capitalismo de amigos” o la “década robada” son expresiones de un “estado privatizado”, utilizado para favorecer a funcionarios y aliados. Un estado que impide el progreso porque desvía sistemáticamente recursos fiscales hacia “la política”.

La relación entre ideología y el equilibrio corrupto es paradójica: parte del progresismo busca minimizarlo, a pesar de que es una causa central de los elevados niveles de pobreza y desigualdad que nos afectan. Más aún, sorprende que, a diferencia del terrorismo, la corrupción no sea vista como especialmente aberrante cuando se ejecuta desde el estado: que hace unos días los diputados del FpV se hayan opuesto a la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción es una contradicción tan flagrante con el discurso progresista como la designación de César Milani a cargo del Ejército.

Buena parte de las posiciones de campaña supuestamente ideológicas son intentos de ocultar esta realidad. Así, la candidata cristinista Fernanda Vallejos trató de pintar a las graves acusaciones contra Boudou como una venganza del “poder económico”. “Hoy la corrupción no es un eje”, concluyó sin ruborizarse.

En el contexto del “equilibrio corrupto”, ningún programa de gobierno funciona. Las políticas de mercado fracasan debido a privatizaciones “arregladas” y monopólicas, a entes reguladores capturados y a un déficit fiscal infinanciable; las políticas estatistas fracasan debido a obras de infraestructura que se pagan pero no se hacen, a un estado hipertrofiado y (de nuevo) a un déficit fiscal infinanciable. Nada funciona cuando el estado y su dinero son el botín de funcionarios, familiares y empresarios amigos.

La actual coyuntura política abre una (rara) ventana de oportunidad. En 2015 una fuerza garante del equilibrio corrupto fue reemplazada en los dos principales gobiernos del país (el nacional y el de Buenos Aires) por otra no impoluta pero sí de mejores credenciales. El PRO, la UCR y especialmente la Coalición Cívica tienen un discurso anticorrupción y de “buen gobierno” y, más importante, un electorado especialmente sensible a deslices morales.

Cambiemos ha logrado algunos avances, como la renuncia de Oyarbide, la ley de acceso a la información pública, o la acciones contra Cristóbal López por millones en impuestos impagos. No es el paraíso, pero podríamos imaginarnos cómo estarían estos temas con Scioli presidente y Aníbal Fernández gobernador.

Sería bueno que en la actual campaña las cuestiones de calidad de gobierno tengan más visibilidad que en las anteriores. Si el diagnóstico que presento es correcto, nuestro progreso como país depende más de la proporción de legisladores contrarios al equilibrio corrupto, que de su pertenencia a esta o aquella ideología.

Fuente: Diario Clarín (Buenos Aires, Argentina)

Acerca del autor
Carlos Gervasoni
Carlos Gervasoni
Profesor-Investigador en el departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella y miembro del proyecto Varieties of Democracy. Obtuvo una maestría en ciencia política en la Universidad de Stanford, y el doctorado en la universidad de Notre Dame. Se especializa en estudios sobre la democracia, política provincial, opinión pública y metodología de la investigación. Sus artículos han aparecido en América Latina Hoy, Comparative Political Studies, Democratization, Journal of Democracy en Español, Journal of Politics in Latin America, y World Politics. Miembro fundador y presidente de CADAL entre 2003 y 2004.
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