25.7.2017
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Las cuentas claras conservan la democracia
Por Adolfo Garcé
5 de julio de 2017
Adolfo Garcé
(El Observador) El sistema político uruguayo construyó muy tempranamente un sistema generoso de financiación pública de las campañas electorales. Desde 1928 en adelante, en cada elección, el Parlamento vota una ley que establece el monto del subsidio que corresponde por voto obtenido. Durante décadas no hubo legislación sobre aportes privados. Dos leyes, una de 2004 y otra de 2009, han empezado a avanzar, todavía tímidamente, en esa dirección.
 
 

Gasto en propaganda de los partidos políticos uruguayos.

(El Observador) Dos libros publicados recientemente han vuelto a poner de manifiesto la necesidad imperiosa de mejorar sustancialmente las normas que regulan la relación entre dinero y política. En el de María Urruzola se sugiere que el Movimiento de Participación Popular, que encabeza el expresidente José Mujica, podría haber financiado en algún momento su campaña con acciones ilegales de tupabandas. En la obra de Patricia Madrid y Viviana Ruggiero se sostiene que la lista 711 del Frente Amplio, fracción liderada por el vicepresidente Raúl Sendic, subdeclaró en US$ 30 mil el aporte realizado por un empresario paraguayo. Como es natural, ambos libros generaron un revuelo importante. Mujica se vio obligado hace 15 días a dar explicaciones en el Senado. Sendic anunció un juicio contra las autoras. El “hombre de la calle”, como diría Jaime Roos, mientras tanto, toma distancia de la política y acumula razones para descreer.

Podrán estar mejor o peor escritos, más o menos respaldados en evidencia. Cada cual se formará su opinión. Pero el problema, como argumenté la semana pasada, no son los libros. El problema, como todos sabemos, es que las normas e instituciones que regulan la relación entre el dinero y la política en Uruguay todavía son demasiado imperfectas. La debilidad de las normas contrasta con el incremento del costo de la campaña electoral derivado, en particular, de la extensión del calendario electoral a partir de la reforma constitucional de 1996. El sistema político uruguayo construyó muy tempranamente un sistema generoso de financiación pública de las campañas electorales. Desde 1928 en adelante, en cada elección, el Parlamento vota una ley que establece el monto del subsidio que corresponde por voto obtenido. Durante décadas no hubo legislación sobre aportes privados. Dos leyes, una de 2004 y otra de 2009, han empezado a avanzar, todavía tímidamente, en esa dirección.

Se precisa mucho más. La sociedad civil está contribuyendo a empujar este proceso. El periodismo, en diversos momentos como ahora, brinda su contribución. La ciencia política uruguaya, por su lado, también viene prestándole atención creciente. La relación entre dinero y política está en la agenda de mis colegas hace al menos 15 años1.

Corresponde a Daniel Chasquetti (Instituto de Ciencia Política, FCS-Udelar) y Rafael Piñeiro (Departamento de Ciencias Sociales y Políticas, Universidad Católica) el mérito académico y cívico de liderar la investigación sistemática sobre este asunto crucial. En 2003 escribieron: “La financiación de la política y en particular de los partidos es un tema íntimamente vinculado con la calidad de la democracia. (…). Una rápida mirada al escenario político de las últimas décadas muestra que el problema de la financiación de los partidos en nuestro país es un asunto típico de ‘política invisible’. La escasa regulación sobre las fuentes de financiamiento dificulta el conocimiento y la sistematización sobre las formas en que las colectividades partidarias financian su accionar cotidiano o las comparecencias electorales”2.

Chasquetti insiste en que uno de los principales defectos del sistema vigente es que asigna a la Corte Electoral la responsabilidad de controlar la veracidad de las rendiciones de cuentas elevadas por los partidos. Dice textualmente: “Es muy claro que el problema del control del financiamiento radica en la Corte Electoral y en su incapacidad para desarrollar el enforcement de la ley. En tanto los partidos no acuerden que esto se resuelva, lo cual supone aceptar ser controlados, las cosas difícilmente cambien”3.

Los colegas del Departamento de la Universidad Católica lograron ir más lejos en la construcción de información. Con el apoyo de Uruguay Transparente, el periodístico No toquen nada y Fesur, ejecutaron el proyecto Financiamiento de campañas en Uruguay. En las conclusiones, entre otras consideraciones, señalan: “La distancia entre la regulación de financiamiento político y la implementación de las normas presenta una brecha significativa. Este trabajo estudia, a partir del análisis de las declaraciones juradas de gastos e ingresos de los candidatos en la elección de 2014, las características de esa brecha en Uruguay. Las declaraciones muestran un peso sorprendentemente bajo de donaciones privadas y numerosos problemas en su forma. Esto pone de relieve la debilidad o inexistencia de controles que verifiquen la veracidad de las declaraciones”4.

Para Piñeiro, Rossell y Acuña, igual que para Chasquetti, el problema de la relación entre el dinero y la política es sistémico, estructural, institucional. Completamente de acuerdo. Los principales líderes saben que esto es así. Tampoco se les escapa que es inaceptable para la ciudadanía. Por eso se conformó una comisión especial en el Senado, integrada por los cuatro partidos, para impulsar cambios normativos 5. Es necesario que logren rápidamente avances sustantivos. Las cuentas claras conservan la amistad. Las cuentas políticas transparentes conservan la confianza de la gente en sus representantes.

Caetano, Gerardo et al. Dinero y Política. El financiamiento de los partidos en la democracia. EBO-PNUD-ICP, Montevideo, 2002.

Chasquetti, Daniel y Rafael Piñeiro. El financiamiento de los partidos políticos en Uruguay. Un problema de calidad de la democracia. Ponencia preparada para el coloquio El financiamiento de los partidos políticos. Centro de Estudios Estratégicos 1815, 2003

Chasquetti, Daniel. Jugando a la mosqueta. Final Abierto. ICP-Estuario, Montevideo, 2014.

La información y las recomendaciones de este proyecto están en: https://finpol.github.io/

Esta comisión especial se constituyó en junio del año pasado. Ver: http://www.elobservador.com.uy/senado-aprobo-comision-fortalecimiento-partidos-n922808

Fuente: El Observador (Montevideo, Uruguay)

Acerca del autor
Adolfo Garcé
Adolfo Garcé
Doctor en Ciencia Política - Investigador del Departamento de Ciencia Política (Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de la República). Autor del libro “Donde hubo fuego: El proceso de adaptación del MLN-Tupamaros a la legalidad y a la competencia electoral (1985-2004)”. Co-autor del libro “La Era Progresista. El gobierno de izquierda en Uruguay: de las ideas a las políticas”. Líneas de investigación: Ideas, discursos y política; tecnocracia y democracia; Ideologías y adaptación partidaria.
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