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Cuba: los derechos individuales y colectivos
Por Marlene Azor Hernández
20 de junio de 2017
Marlene Azor Hernández
(Cubaencuentro) Detener la represión interna y asumir la legislación internacional de acuerdo a los compromisos del gobierno cubano como miembro de la ONU, deben ser los dos pilares políticos que rijan las relaciones con el Gobierno de Cuba. Si en realidad la comunidad internacional está interesada en la estabilidad política del país, esta es la política responsable a seguir y no otra.
 
 

(Cubaencuentro) Abro la prensa oficial de Cuba y leo homenajes a los héroes del pasado que francamente no veo la relación que tienen con el bienestar de la población, y una noticia sobre “La instalación de un nuevo tomógrafo multicorte de tecnología muy moderna”, en un Hospital de Holguín.

Busco alguna noticia sobre las políticas del Gobierno con relación a la recesión y las medidas para salir de ella y no la encuentro. Busco las nuevas leyes del Código Penal, la ley electoral, las nuevas reformas a la Constitución, la nueva ley de empresas socialistas y la ley para las PYMES y no las encuentro. Desde 2012 el Gobierno dice que está transformando la legislación nacional —al margen del control público—, y no sabe cuándo terminará esta revisión, al menos lo dicen en la ONU, nunca a la población.

En Cuba, quizás usted pueda lograr hacerse una operación a corazón abierto “gratuita”, aunque durará sólo algunas semanas vivo después de la operación, pero no encontrará en cada esquina la posibilidad de tomarse un vaso de jugo natural, siendo el país un gran productor de cítricos para la exportación.

Desde los derechos individuales, la sanidad pública no es preventiva sino post-factum. Mientras no se respeten los derechos individuales, los colectivos se convierten en propaganda vacua. El reportaje sobre el nuevo tomógrafo, no habla de los baños sanitarios del hospital, la carencia de agua, la falta de instrumentos primarios para los galenos, de las condiciones de trabajo del personal de salud, de la precaria comida para médicos y técnicos y para los pacientes y de las sábanas inexistentes o de los salones de operaciones inactivos por falta de asepsia. Esto no tiene nada que ver con “el bloqueo” sino con las prioridades de la política sanitaria del gobierno.

La prensa oficial es el exacto reflejo de las causas de la crisis estructural del sistema: no hay transparencia de las políticas públicas, no hay control público de las políticas gubernamentales, el gobierno se esconde 360 días del año y el Parlamento en tres o cuatro días al año, confirma cualquier política errática por unanimidad y a mano alzada. De un período legislativo al siguiente se mantienen los mismos problemas sin solución. Cuando los opositores o los ciudadanos en general dicen que Cuba no es un país normal, se refieren a esta crisis estructural del sistema político e institucional sin el más mínimo control público y en plena emergencia soterrada y sostenida para evitar la explosión popular. El gobierno sigue el legado del expresidente Fidel Castro en la línea de ocuparse del “imperialismo internacional”, reprimir toda discrepancia y ocultar toda información que permita la evaluación de sus responsabilidades gubernamentales. Cuba no es un país normal, es un caos económico y jurídico con instituciones parasitarias y maniatadas que no logran sacar al país del ¿borde? del abismo. Lo único que sigue con un funcionamiento francamente aberrante son los aparatos de represión del Estado, y por orientación del PCC.

El Gobierno cubano se guía por la política norteamericana, no es un gobierno autónomo sino una corporación militar mirando a los créditos e inversiones que del presidente de turno en la Casa Blanca le quiera ofrecer.

Este es uno de los momentos repetidos en la historia “revolucionaria” del impás que se auto impone el Gobierno cubano en espera de la definición de la política de Washington hacia Cuba, para luego rehacer su estrategia de mantenerse en el poder, siempre de espaldas a las demandas ciudadanas. Durante 60 años los funcionarios públicos y la seguridad del Estado han orientado la orden de: “Este no es el momento de la crítica” momento que no ha llegado realmente nunca a la Isla sin un asfixiante control gubernamental.

Ahora mantiene su sistemático silencio gubernamental frente a los urgentes cambios estructurales que necesita el país en plena recesión.

El hecho de imponer a la ciudadanía unos documentos partidarios que no ofrecen salidas para la crisis estructural del sistema —ni la Conceptualización, ni los Lineamientos y menos el plan delirante de desarrollo económico hasta 2030— es la evidencia de esta política absurda e inconsulta para el 80 % de la población, que la mantiene en una espera de unas políticas que siempre vendrán “partidas a la mitad” como decía Borges, porque serán minimizadas por los intereses corporativos e inconsultos de los militares en el poder. La estructura política e institucional del sistema cubano es el primer obstáculo infranqueable hacia el desarrollo.

Sería de verdad una ayuda al pueblo cubano que los promotores de continuar una relación con el Gobierno cubano, que no con su pueblo[1], tanto la Unión europea como el gobierno de EEUU, como la OEA y la ONU y especialmente España, establecieran como condición a esas relaciones, el respeto a los Derechos Humanos individuales todos, los económicos laborales, sociales culturales civiles y políticos, que el gobierno cubano viola sistemáticamente y dejen de privilegiar sus intereses económicos, porque lejos de ayudar a una estabilidad del sistema y a algún desarrollo económico de Cuba, están obstruyendo las posibilidades de desarrollo económico social y cultural de la isla.

Sólo la exigencia de eliminar la represión y orientarse por las reglas del derecho internacional, cambiaría por completo las condiciones para el desarrollo económico del país.

Hoy el Gobierno cubano se ufana de pertenecer al máximo órgano de la ONU, el Consejo de Derechos Humanos. Sin embargo, en todas las evaluaciones de la ONU sobre las Convenciones ratificadas por Cuba, Naciones Unidas le señala las violaciones jurídicas y prácticas, la ausencia de monitoreo de las violaciones y la falta de datos sobre las violaciones en Cuba. Mientras no se exija el cumplimiento de sus compromisos ante la ONU al Gobierno cubano y se pongan como condición para las relaciones comerciales el respeto a los derechos, la comunidad internacional seguirá apoyando a un gobierno que se niega a desarrollar al país y mantiene maniatada y reprimida a su población para hacerlo. La autodeterminación de los pueblos, como reza en el Derecho Internacional, no puede tener una interpretación sesgada a favor de los gobiernos y en contra de los ciudadanos. Los derechos son universales independientemente de los regímenes políticos, de lo contrario, cada gobierno irresponsable y déspota impone sus reglas arbitrarias y la regresión de los derechos consensuados en la comunidad internacional.

Detener la represión interna y asumir la legislación internacional de acuerdo a los compromisos del gobierno cubano como miembro de la ONU, deben ser los dos pilares políticos que rijan las relaciones con el Gobierno de Cuba. Si en realidad la comunidad internacional está interesada en la estabilidad política del país y la región y en el desarrollo de Cuba, y además, evitar las sucesivas emigraciones de cubanos por todo el mundo, esta es la política responsable a seguir y no otra.


[1] Los únicos beneficiados de la política de Obama, han sido los cuentapropistas ligados al turismo que son una minoría dentro del trabajo no estatal en todo el país.

Fuente: Cubaencuentro

Acerca del autor
Marlene Azor Hernández
Marlene Azor Hernández
Socióloga de formación, imparte cursos de capacitación en las empresas o cursos regulares de maestría y diplomado en varias universidades, todos relacionados con el Desarrollo Humano en las empresas.
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