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Cuba y Venezuela: Dios los cría...
Por René Gómez Manzano
7 de abril de 2017
René Gómez Manzano
(Cubanet) Sus tribunales acaban de demostrar una vez más el sometimiento total al poder. Los flamantes magistrados chavistas dictaminaron: “Mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga”. Por su parte, en Cuba, la ilegalidad reciente tuvo un nivel más bajo, en ambos sentidos del vocablo. La Dama de Blanco Lismerys Quintana Ávila, también de manera urgente, fue sometida a un proceso espurio y condenada a seis meses de prisión —la sanción máxima imponible— por un dócil Tribunal Municipal.
 
 

(Cubanet) En días recientes, la inexistencia de un verdadero Estado de derecho se ha puesto de manifiesto en los dos países del “Socialismo del Siglo XXI” que alcanzan las más altas cotas de arbitrariedad e injusticia: Cuba y Venezuela. En esta última república la iniquidad tuvo lugar al más alto nivel, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo.

Los flamantes magistrados chavistas dictaminaron: “Mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga”.

De paso, el alto órgano jurisdiccional también retiró la inmunidad a los diputados. Se trataba —pues— de un golpe de Estado en toda la línea; sólo que no militar o congresional, sino judicial. Claro, no por ocurrencia propia de los jueces, sino por órdenes de Maduro, pues ya se sabe que la supuesta independencia de ese poder es hoy una ficción en la patria del Libertador.

Las voces de protesta no se hicieron esperar: en Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional Julio Borges tildó la vergonzosa sentencia de “basura” y la rasgó ante las cámaras de televisión. Comenzaron las protestas de estudiantes y otros inconformes. En el plano internacional, se convocó al Consejo Permanente de la OEA; Perú retiró su Embajador de Caracas. Hasta los complacientes mediadores Torrijos, Fernández y Rodríguez Zapatero descalificaron la burda maniobra.

Pero hubo desmarques no sólo de demócratas: Un personaje tan poco sospechoso de antichavismo como la fiscal general venezolana Luisa Ortega (sí, la misma que calificó al “Comandante Eterno” como “el hombre más humanista que ha existido en el planeta” y defensora a ultranza del injusto encierro de Leopoldo López) calificó lo sucedido en su país como una “ruptura del orden constitucional”.

Convocado de urgencia, el Consejo de la Defensa de Venezuela pidió al Tribunal Supremo “revisar” las sentencias que dejaron sin funciones al Parlamento. Los obedientes magistrados, de manera fulminante, aplicaron aquello de “donde dije digo, digo Diego”…

Por su parte, en Cuba, la ilegalidad reciente tuvo un nivel más bajo, en ambos sentidos del vocablo. La Dama de Blanco Lismerys Quintana Ávila, también de manera urgente, fue sometida a un proceso espurio y condenada a seis meses de prisión —la sanción máxima imponible— por un dócil Tribunal Municipal.

Como antecedente de esa injusticia, debemos recordar la nueva treta que emplea la policía política contra esas admirables mujeres: De inicio, se les impone de modo arbitrario una multa por una contravención que no existe. Tras la negativa a abonar la ilegal pena pecuniaria, la inculpada (en este caso, Lismerys) es conducida a un Tribunal Municipal para ser juzgada.

El delito imputado es “incumplimiento de las obligaciones derivadas de la comisión de contravenciones”, y está previsto en el artículo 170 del vigente Código Penal. En virtud de ese precepto puede ser sancionado “el que no cumpla las obligaciones derivadas de una resolución que haya agotado sus trámites procesales legales, dictada por autoridad o funcionario competente, relativas a contravenciones”.

Conforme a la oración final de esa norma, “si antes de dictarse sentencia, el acusado satisface las obligaciones derivadas de dicha resolución, se archivarán las actuaciones”. El propósito del legislador, obviamente, no era establecer un mecanismo para enviar una persona más a prisión, sino para disuadirla de impagar la pena pecuniaria impuesta.

Pero ya se sabe que, en Cuba, “quien hizo la ley, puso la trampa”. Tratándose de alguien que discrepa y lo dice, cualquier tergiversación del recto sentido de las normas es válida para las autoridades castristas. ¿Qué posibilidades reales de abonar la multa tenían Lismerys o sus seres queridos si ella estaba detenida y los segundos desconocían en qué situación se encontraba?

Sabemos que el represor que “la atendía” (quien se hace llamar “Luisito”, pero cuyo nombre verdadero —cosa insólita— se conoce: Ariel Arnau Grillette) fue veraz en los mensajes de texto con los que acosaba a esta madre cubana. Los conocemos gracias a la inventiva del valiente luchador Ángel Moya Acosta: “la desicion de ir a prision esta en mi mano”, escribía el corchete. Una frase en la que no sabemos qué admirar más: si su creativa ortografía o el desparpajo con el que dice lo que todo el mundo sabe, pero suele callarse…

No obstante, lo determinante en este caso no es lo que pretendiera la tenebrosa Seguridad del Estado, sino el sometimiento de un tribunal a los designios de ese órgano represivo. Es así como los “órganos de justicia” de Cuba y Venezuela, una vez más, se han hermanado en la ignominia.

Fuente: Cubanet

Acerca del autor
René Gómez Manzano
René Gómez Manzano

René de Jesús Gómez Manzano nació en la ciudad de La Habana en diciembre de 1943. En 1961 obtuvo una beca para estudiar en la Universidad de la Amistad de los Pueblos Patricio Lumumba, en Moscú, antigua Unión Soviética. En 1966 obtuvo el título de Licenciado en Derecho (Especialista en Derecho Internacional) y recibió Diploma con Notas Sobresalientes. En Cuba trabajó en la Empresa CUBAMETALES del Ministerio del Comercio Exterior, en los Bufetes Colectivos, como Asesor Jurídico de la Secretaría Permanente para Asuntos del CAME (SPAC) y ostentó durante un decenio la condición de Abogado de Oficio del Tribunal Supremo. A partir del inicio de la década de los años 80, a raíz de los tristemente célebres “actos de repudio” creció su inconformidad con la situación imperante en el país y se decidió a actuar para cambiarla en lo que estuviera a su alcance. Comenzó, junto a otros colegas abogados, a asumir por designación la defensa de ciudadanos acusados de la comisión de delitos políticos representando desde 1980 y hasta su expulsión de los bufetes colectivos (en 1995) a veintenas de presos políticos. Dentro de la Oposición Interna he realizado actividades como las siguientes: Fue uno de los seis miembros iniciales del Grupo Gestor Provisional del esfuerzo unitario conocido como Concilio Cubano, integró —junto con Félix Antonio Bonne Carcassés, Vladimiro Roca Antúnez y Martha Beatriz Roque Cabello— el Grupo de Trabajo de la Disidencia Interna (más conocido por el sobrenombre de Grupo de los Cuatro) y firmante del manifiesto La Patria es de Todos (1997), por lo cual fue encarcelado desde julio de 1997 hasta mayo de 2000. Fue reconocido como “Preso de Conciencia” por Amnistía Internacional. Encabezó los esfuerzos para constituir la Asamblea para Promover la Sociedad Civil (APSC), que llegó a ser la más nutrida de las coaliciones opositoras en Cuba (365 organizaciones miembros). Menos de dos meses después, a raíz de una manifestación pacífica ante la Embajada Francesa que en definitiva no se celebró fue detenido y permaneció privado de libertad, sin acusación formal y sin juicio, durante más de año y medio. Nuevamente fue declarado “Preso de Conciencia” por Amnistía Internacional. En la actualidad es uno de los seis compatriotas residentes en Cuba que forma parte del Patronato de la Fundación HispanoCubana (Madrid), ha recibido el Gran Premio de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Premio de Concilio Cubano, el Premio de la Fundación HispanoCubana y el Premio de Derechos Humanos de la Asociación de Abogados de los Estados Unidos (American Bar Association); asimismo estuvo nominado para el Premio Nobel de la Paz. También ha recibido el Premio Félix Varela de la Sociedad CubanoEspañola de Derecho y —en 2007— el Premio Internacional de Derechos Humanos Ludovic Trarieux (que se autotitula como “el mayor homenaje de los abogados a un abogado”). Continúa dirigiendo la Corriente Agramontista (de abogados independientes), y junto a Félix Antonio Bonne Carcassés ejerce la dirección colegiada de la Asamblea para Promover la Sociedad Civil. Recientemente fue publicado su libro Constitucionalismo y cambio democrático en Cuba (Editorial HispanoCubana, Madrid, 2008).

 

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