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«Lava jato» y Odebrecht remecen la institucionalidad política en América Latina
Por Hugo Traslaviña
Twitter: @htraslavina
13 de marzo de 2017
Hugo Traslaviña
(Política & Economía) A comienzos de marzo pasado, Hilberto Mascarenhas, ex alto ejecutivo de Odebrecht, declaró que esta empresa desembolsó US$ 3.390 millones para financiar campañas políticas en su propio país, entre 2006 y 2014. A esto se suman los US$ 800 millones que la misma empresa destinó al pago de coimas en la docena de países de América Latina y África
 
 

(Política & Economía) El escándalo desatado por los gigantescos sobornos pagados por la firma constructora brasileña Odebrecht, a diversos funcionarios de gobierno y dirigentes políticos de la región, no tiene precedentes en la historia de América Latina. Más allá de los efectos políticos que la investigación judicial de este caso está provocando en Brasil como en otros nueve países del continente, más Angola y Mozambique, en África, se observan efectos institucionales que dejan a la vista los débiles resguardos legales en los países afectados. Entre otras cosas, las medidas para controlar el financiamiento de las campañas políticas y para garantizar la probidad de los empleados del Estado.

La alarma continental desatada por Odebrecht es solo una arista de otro gigantesco hallazgo de corrupción en Brasil, conocido como operación “lava jato” (lavado de auto), que se hizo pública hace tres años, en marzo de 2014. Pero “lava jato” se comenzó a investigar en 2008, cuando el empresario Hermes Magnus, denunció que intentaron utilizar su empresa para lavar dinero proveniente de coimas pagadas por altos ejecutivos de la petrolera estatal Petrobras.

Aunque ningún país está libre del flagelo de la corrupción política, que surge de la relación entre el poder del dinero y el poder político, en unos más que en otros el caso Odebrecht revela la urgencia de establecer barreras de contención contra este proceso de degradación institucional, que pone a prueba al sistema democrático. Una primera vía es crear mecanismos para regular y transparentar los procedimientos de aprobación de los contratos de obras que encarga el Estado y junto con ello reforzar los controles de gastos, pagos y compras que realizan los funcionarios del sector público.

Junto con lo anterior, hoy más que nunca resulta prioritario regular el financiamiento de los partidos políticos, de modo de éstos no se vean tentados de recurrir a platas negras, coimas, o sencillamente al desfalco para cubrir sus gastos.

Los gobiernos de la región están aprendiendo a golpes y lentamente han ido aplicando medidas de este tipo, mientras la justicia continúa investigando las denuncias y trata de aplicar medidas ejemplificadoras, aun a costa de la vida de algunos jueces y fiscales. Así, por ejemplo, en enero pasado el juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Teori Zavascki, quien encabezaba la investigación “lava jato”, murió en un sospechoso accidente cuando la avioneta en que se trasladaba cayó al mar, frente a las costas de Sao Paulo.

Sobre la marcha, los gobiernos se han visto obligados a tomar resguardos para prevenir los delitos de enriquecimiento ilícito que se cometen en las entrañas de la administración pública, cuando algunos sujetos abusan de su posición para reclutar testaferros y organizar negocios paralelos. En esta categoría se ubica Lázaro Báez, en Argentina, quien de simple empleado provinciano escaló hasta la categoría de gran empresario de la construcción, al amparo de los gobiernos de la era Kirchner, que lo colmaron de contratos con platas fiscales.

De este modo, amparados en la aparente corrección que les provee el boato de la autoridad, ciertos dirigentes con débil formación ética han usado el poder político para obtener beneficios personales, que de otro modo no serían capaces lograr, en poco tiempo y en grandes volúmenes. Casos de enriquecimiento ilícito con apoyo de testaferros afuera y dentro del aparato estatal han ocurrido –entre otros- en España, Francia, Italia, Rusia, China, Corea del Sur y, desde luego, en América Latina. En los casos en que los montos defraudados alcanzan volúmenes multimillonarios, los paraísos fiscales representan el último eslabón de la cadena de los corruptos, para proteger sus haberes.

En menor o mayor medida, no hay país que se escape de este flagelo.

Casos investigados en Chile

Si bien Chile no ha sido salpicado por el caso Odebrecht, quizás porque esta empresa no logró adjudicarse ningún proyecto de construcción o de diseño ingenieril, otra firma brasileña, OAS, ha sido acusada de entregar financiamiento irregular al ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami (centroizquierda), mediante la facilitación de un jet ejecutivo para que se trasladara de una ciudad a otra en la última campaña presidencial (2013). Actualmente, OAS participa en un consorcio internacional que se adjudicó la construcción de un monumental puente que unirá Chile continental con la isla de Chiloé, en el sur del país.

En febrero pasado, la revista “Veja”, aseguró que el publicista “Duda” Mendoça, quien antes había trabajado en la campaña presidencial de Lula, fue asignado por éste y por OAS para apoyar a Enríquez-Ominami. Según esta publicación y citando supuestas declaraciones del publicista Mendoça y de su colega João Santana, parte del apoyo pecuniario de OAS, también habría alcanzado para respaldar la campaña de la actual Presidenta Michelle Bachelet, acusación que hasta ahora no ha sido comprobada.

Las platas de OAS habrían sido canalizadas a través del operador político de la campaña de Bachelet, Giorgio Martelli, quien enfrenta otra investigación judicial por la recepción de aportes de la compañía SQM (productora de yodo, litio y potasio), cuyo controlador es el yerno del fallecido dictador Augusto Pinochet.

A la vista de la legislación chilena, tales donativos de OAS implicarían una doble falta, una porque -de existir- se habrían hecho de manera irregular, sin declararlos, y dos, porque en Chile está prohibido que los candidatos reciban aportes provenientes del extranjero. La Cámara de Diputados designó una comisión investigadora, mientras la fiscalía chilena ha tomado contacto con sus pares brasileños para compartir información y evaluar el inicio de eventuales imputaciones.

Tomando como referencia sus propios casos de corruptelas políticas, la actual legislación chilena garantiza el financiamiento estatal de los candidatos y de los partidos, al tiempo que pone un techo para los gastos de las campañas. También limita la propaganda, confinándola a ciertos espacios urbanos y en periodos muy acotados de difusión por los medios masivos.

Campañas austeras

En las elecciones municipales celebradas el año pasado se aplicaron por primera vez estas regulaciones y a simple vista se trató de un avance importante, por cuanto las campañas fueron austeras y menos ruidosas. Además, los candidatos por primera vez compitieron en igualdad de condiciones económicas, así se tratase de partidos chicos, medianos o grandes; de derecha, centro, izquierda o independientes.

La nueva legislación electoral y de partidos en Chile se dictó apenas en 2015 y recién el año pasado comenzó a aplicarse. Surgió en respuesta al hallazgo de los casos Penta, SQM y Corpesca, empresas que por muchos años practicaban el financiamiento irregular de los políticos que les simpatizaban, o de aquellos que les parecían posibles de sobornar para que legislaran a su favor.

Uno de los efectos inmediatos de la nueva ley es el incentivo a fundar partidos, ahora que cuentan con respaldo estatal. De 14 que existían en 2014, hoy suman 34, la mayoría en proceso de legalización, siempre y cuando demuestren que al menos 18.300 personas han concurrido voluntariamente a firmar su ficha de militante. Esto, precisamente para validar el financiamiento estatal.

En virtud de la nueva legislación los partidos antiguos (supuestamente los más grandes y sólidos), han tenido que someterse al test de la comprobación de sus militantes, tarea que a un mes de que se cumpla el plazo legal para hacerlo (14 de abril), muy pocos estaban en condiciones de demostrar que cuentan con el mínimo de afiliados exigidos por la ley.

A inicios de marzo, solo tres partidos habían cumplido la meta: el Partido Socialista, el Partido Progresista (liderado por Marco Enríquez-Ominami) y Evolución Política (Evópoli, de derecha). Antes de que se estableciera esta exigencia legal, los partidos chilenos se jactaban de tener una alta adhesión ciudadana, con más de 100.000 militantes activos, incluyendo los que supuestamente eran los más grandes del país: la Unión Demócrata Independiente (UDI, derecha conservadora); Renovación Nacional (derecha), Democracia Cristiana (centro) y Partido Por la Democracia (PPD). Sin embargo, la realidad les ha sido esquiva y por estos días hacen sus últimos esfuerzos para cazar militantes y evitar caer en el incumplimiento que los lleve a su disolución.

Los casos más dramáticos los enfrentaban el Partido Radical Socialdemócrata, cuyo candidato presidencial Alejandro Guillier es el mejor posicionado en las encuestas, dentro de los postulantes de la centroizquierda; y el PPD, que procedió a proclamar anticipadamente al ex Presidente Ricardo Lagos como su candidato presidencial, para las elecciones de noviembre próximo, si es que antes logra pasar la primera valla, de las primarias previstas para el 2 de julio.

Normas de probidad

Por otra parte, las autoridades chilenas, de los distintos poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) están sometidas a normas de probidad funcionaria que, entre otras cosas, las obliga a declarar su patrimonio e intereses al momento de asumir los cargos, como también a la actualización de éstos durante el ejercicio de los mismos.

Así y todo, con cierta frecuencia se descubren en Chile casos de corrupción funcionaria, como el denunciado apenas este mes en Carabineros (policía uniformada). Aquí se detectó que un grupo de oficiales y suboficiales se coludió para desviar el equivalente a US$ 12,5 millones de fondos fiscales a sus cuentas personales. La investigación judicial ya está en curso y partió con una sospecha que trasmitió un banco comercial a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), especializada en pesquisar el lavado de activos, luego que un carabinero comenzara a recibir suculentos depósitos en su cuenta bancaria.
El fraude descubierto en Carabineros es similar al desvío de fondos reservados del Ejército, descubierto en 2015, conocido en Chile como “milicogate”. La variante en este caso es que los autores del delito tramaron el pago de facturas por compras inexistentes, a proveedores externos fantasmas, para luego repartirse las platas con los cómplices al interior de la institución armada.

Mientras tanto, Brasil, que ostenta el récord de corrupción medido por el volumen de los sobornos entregados por Petrobras, Odebrecht y OAS (de manera conjunta unos US$ 10.000 millones), también ha estado perfeccionando sobre la marcha sus leyes para combatir la corrupción. Las medidas apuntan a evitar el desvío de dinero desde las empresas y ejecutivos que postulan o mantienen contratos con el sector público, cerrando las rendijas por donde pueda fluir el soborno a los funcionarios o autoridades del Estado. En este sentido, la legislación brasileña prohíbe ahora las donaciones de las empresas a los partidos, dado que hasta 2014 se podían efectuar sin límites. Ahora se exige que las campañas las financien las personas naturales, debidamente registradas, hasta un cierto monto y de manera proporcional al número de votantes por cada distrito.

Como lección, queda meridianamente claro cómo en las últimas décadas firmas como Odebrecht y OAS que buscaron expandirse a nivel internacional, identificaron una gran debilidad para avanzar más rápido: la codicia del funcionario o autoridad estatal.

Para asegurar los favores políticos y/o administrativos, Odebrecht creó una financiera clandestina que denominó “unidad de relaciones estratégicas”, encargada de canalizar coimas, no solo en Brasil, sino en otros países de la región donde salió a ofrecer sus servicios de ingeniería y construcción. Ayudada con esta caja negra, desde los años 90, Odebrecht logró asentarse en Angola, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, Mozambique, Guatemala, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.
Entretanto, connotados políticos del continente han estado apareciendo en la lista de supuestos sobornos, entre los cuales se cuentan el ex presidente del Perú, Alejandro Toledo; el actual mandatario de Colombia, Juan Manuel Santos; y el ex presidente de México, Felipe Calderón. Otro de los sospechosos de recibir dinero de esta compañía durante sus campañas presidenciales es el ex Presidente Lula.

A comienzos de marzo pasado, Hilberto Mascarenhas, ex alto ejecutivo de Odebrecht, declaró que esta empresa desembolsó US$ 3.390 millones para financiar campañas políticas en su propio país, entre 2006 y 2014. A esto se suman los US$ 800 millones que la misma empresa destinó al pago de coimas en la docena de países de América Latina y África en ese mismo periodo.

 

Mientras tanto, en el último año Odebrecht ha tenido que pagar US$ 3.500 millones en multas aplicadas por los organismos reguladores en Estados Unidos, Suiza y Brasil, donde aún tiene presencia en los mercados de valores locales.  Y su máximo ejecutivo, Marcelo Odebrecht, fue sentenciado a 19 años de cárcel, luego de declararse culpable del delito de soborno, al igual que 77 ex altos ejecutivos de su empresa.

Fuente: Política y Economía (Santiago, Chile)

Twitter: @htraslavina
 
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La campaña electoral al rojo vivo
Por Fernando Laborda
Editorialista, diario La Nación

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