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Corrupción, competencia política y desarrollo institucional
Por Adolfo Garcé
28 de septiembre de 2017
Adolfo Garcé
(El Observador) Se ha avanzado en la legislación sobre financiamiento de los partidos. Y se espera que haya novedades muy pronto en esa materia. Es fundamental que así sea. Nada lastima tanto la confianza ciudadana en la democracia como las sospechas de corrupción. Es imperioso que el sistema político no subestime la gravedad de lo ocurrido durante estos años.
 
 

(El Observador) El tradicional ardor de la competencia política, intra e interpartidaria, ha sido la herramienta más eficaz para prevenir la corrupción en Uruguay. Pero ya no alcanza. Además, precisamos avanzar mucho más en el plano del desarrollo institucional.

De un tiempo a esta parte, en Uruguay y mal que nos pese, se habla mucho (y mucho más que antes) de corrupción. Todo empezó con el informe elaborado por los senadores de la oposición en el marco de la Comisión Investigadora sobre ANCAP. Además de mala gestión, los legisladores encontraron que podría haber habido corrupción. En consecuencia, presentaron denuncia penal. De ahí en más el debate público, lejos de amainar, se fue incrementando, alimentado por otros asuntos igualmente delicados. El eventual vínculo entre el gobierno de José Mujica y los negocios de la empresa Aire Fresco, encabezada por dirigentes del MPP, incrementaron la alarma pública y precipitaron el alejamiento del diputado Gonzalo Mujica de filas del Frente Amplio. El caso también está en sede judicial.

El año 2017 vino cargado de nubes negras. En el libro de María Urruzola se dio a entender que podría haber existido alguna relación entre la actividad de las llamadas tupabandas y el financiamiento de la actividad política del MPP. Los datos publicados por Búsqueda respecto al uso de tarjetas corporativas determinaron la renuncia a la vicepresidencia de Raúl Sendic y llevaron el debate sobre la corrupción a un nivel superior. En ese contexto, empezaron a circular todo tipo de versiones respecto a si legisladores y jerarcas gubernamentales de todos los partidos devuelven o no los viáticos que reciben cuando viajan. Para colmo de males, estalló la semana pasada el caso del intendente departamental de Soriano, Agustín Bascou, del Partido Nacional. Este funcionario, según se ha denunciado, no habría tenido mejor idea que hacer que los vehículos de la intendencia carguen combustible en una estación de servicio... de su propiedad.

Llegados a este punto es imperioso hacerse dos preguntas. La primera es de carácter empírico: ¿estamos asistiendo durante los últimos años a un incremento significativo del nivel de corrupción en Uruguay? La segunda es de carácter normativo e institucional: con independencia de si existe o no una tendencia creciente: ¿qué deberíamos hacer para combatirla? No tengo cómo responder la primera pregunta. Es posible que sí. No puedo descartarlo. Siempre se ha dicho que el poder corrompe. No veo por qué el FA sería la excepción. Pero, además, es altamente probable que el incremento del debate público sobre la corrupción tenga mucho que ver con la activación de un conjunto de mecanismos "inmunológicos" que han permitido obtener información sobre comportamientos indebidos y hacerla pública. Como sea, los casos mencionados son suficientes para ilustrar que no estamos frente a un problema menor. Esto nos conduce directamente a la segunda pregunta, la más importante desde mi punto de vista. Es decir, a los mecanismos para combatirla.

Si mi lectura de la historia nacional es correcta, el principal instrumento para combatir la corrupción en Uruguay ha sido la competencia política. A ningún dirigente político se le escapa que una denuncia de corrupción resonante puede colocar una lápida en su carrera política. La competencia política en nuestro país ha sido y es feroz. Entre partidos, pero también entre las fracciones y líderes de un mismo partido. La mirada vigilante del rival es, por tanto, un factor inhibidor fundamental de los renunciamientos éticos. Sin embargo, el caso brasileño demuestra que es perfectamente posible que haya prácticas corruptas ampliamente compartidas dentro de la "clase política". El caso de los viáticos no rendidos, de comprobarse, sería de un buen ejemplo de este tipo. Por tanto, es imprescindible que a la vigilancia entre pares se agreguen mecanismos de otra naturaleza, tan independientes de los partidos como sea posible. Aquí es donde Uruguay, aunque ha venido avanzando, tiene que trabajar mucho más.

Tenemos una potente tradición de independencia del sistema judicial respecto a los partidos políticos. Pero tenemos que preguntarnos cuáles son las innovaciones que se requieren para blindar todavía mucho más a la justicia respecto a las inevitables presiones del poder. La Junta de Transparencia y Ética Pública, antes Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado creada en 1998 (en el contexto de la instalación de un clima de alarma pública sobre la corrupción similar con puntos de contacto con el actual), también viene jugando un papel importante y merece ser fortalecida. Se ha venido consolidando, especialmente después de la dictadura, un periodismo independiente con vocación por la investigación y sin pelos en la lengua. Hay que proteger este incipiente mercado y potenciarlo. Se ha avanzado en la legislación sobre financiamiento de los partidos. Y se espera que haya novedades muy pronto en esa materia. Es fundamental que así sea.

Han empezado a cobrar prestigio y autoridad las comisiones de ética de los partidos. El FA acaba de ofrecer en ese sentido un ejemplo excelente, que viene a sumarse, por ejemplo, a la firme actuación del Comité de Ética y Conducta Política del Partido Colorado en el caso Sanabria a principios de este año. El trabajo de estas instituciones también precisa ser protegido y potenciado.

Nada lastima tanto la confianza ciudadana en la democracia como las sospechas de corrupción. Es imperioso que el sistema político no subestime la gravedad de lo ocurrido durante estos años.

Fuente: El Observador (Montevideo, Uruguay)

Acerca del autor
Adolfo Garcé
Adolfo Garcé
Doctor en Ciencia Política - Investigador del Departamento de Ciencia Política (Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de la República). Autor del libro “Donde hubo fuego: El proceso de adaptación del MLN-Tupamaros a la legalidad y a la competencia electoral (1985-2004)”. Co-autor del libro “La Era Progresista. El gobierno de izquierda en Uruguay: de las ideas a las políticas”. Líneas de investigación: Ideas, discursos y política; tecnocracia y democracia; Ideologías y adaptación partidaria.
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