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Presidenta Bachelet: del «realismo sin renuncia» al desarrollo sostenible sin renuncia
Por Hugo Traslaviña
Twitter: @htraslavina
4 de septiembre de 2017
Hugo Traslaviña
(Política & Economía) Parafraseando a la propia Presidenta, cuando al inicio de su gobierno defendió las reformas sociales con la idea del «realismo sin renuncia», para seguir avanzando, a pocos meses de que termine su segundo gobierno, deja sentado el precedente del desarrollo sostenible sin renuncia. En este caso condicionando el crecimiento a la protección ambiental.
 
 

(Política & Economía) El 31 de agosto pasado comenzó la cuenta regresiva del segundo gobierno de Michelle Bachelet. Ese día la Presidenta intentó dar por superado el quiebre en su equipo económico y designó a Nicolás Eyzaguirre como ministro de Hacienda; y Jorge Rodríguez Grossi, como ministro de Economía. Ambos se conocen y se complementan porque ejercieron similares cargos en el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006). Pero sin duda, el tiempo les juega en contra para revertir la baja tasa de crecimiento.

Apenas asumido en el cargo, Eyzaguirre, el tercer ministro de Hacienda de la Presidenta Bachelet, repitió como un mantra la palabra crecimiento. Claro que lo hizo por simple voluntarismo político y no por la convicción técnica de un economista experimentado. Eyzaguirre sabe que en los seis meses que le quedan a este gobierno solo le es posible administrar lo que heredó de su antecesor, Rodrigo Valdés. Esto es, una economía estancada, con una tasa de crecimiento de 1,5%.

Si a esto se agrega el enfoque político del gobierno de Bachelet, de privilegiar las reformas sociales por sobre el crecimiento, poco y nada podrá hacer Eyzaguirre para revertir esta tendencia. Contribuyó a reforzar este enfoque la convergencia inesperada de otros tres factores: uno, la baja del precio del cobre; dos, el aumento del gasto y el déficit fiscal; y tres, la reticencia del ex ministro Valdés para impulsar la inversión pública y de esta forma enfrentar la baja de la actividad en el sector privado, echando mano a la política fiscal contracíclica.

En resumen, se dieron todos los factores posibles para que el segundo mandato de Bachelet tuviera la tasa de crecimiento promedio más baja de todos los gobiernos pos dictadura, desde 1990 a la actualidad: 1,7%, proyectado para los cuatro años.

La principal tarea de Eyzaguirre es tramitar el proyecto de ley de presupuesto para 2018, durante septiembre y octubre. Ya adelantó que seguirá adelante con el esfuerzo de austeridad declarado por su antecesor, para evitar que aumente el déficit y generar confianza en los empresarios e inversionistas. Las otras tareas también son de carácter legislativo: las reformas al sistema previsional, educación superior y bancos. Esta última se encuentra bastante avanzada, pero las dos primeras requieren de un largo proceso, frente a lo cual Eyzaguirre no tiene el campo a su favor, porque a su paso por los ministerios de Educación y Secretaría General de la Presidencia, generó un clima hostil con los congresistas.

Rechazo a Dominga

En la víspera del quiebre del equipo económico de la Presidenta Bachelet, ocurrido a fines de agosto, el comité de ministros que toma las decisiones de inversión con arreglo a la institucionalidad medioambiental, votó en contra del proyecto minero Dominga, que pretendía desembolsar US$ 2.500 millones. Esta fue la gota que rebalsó el vaso y llevó finalmente a los ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés; de Economía Luis Felipe Céspedes y al subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, a abandonar el gabinete.

Lo curioso de este quiebre y de la inmediata jugada de Bachelet para superarlo es que tanto Eyzaguirre como Rodríguez trabajaron por impulsar el crecimiento y lo lograron, porque en el gobierno de Lagos tuvieron que enfrentar los efectos de la crisis asiática. Además, fue el propio Eyzaguirre quien inició en Chile la política fiscal contracíclica, que consiste en que el Estado se permite gastar más en tiempos cuando el ciclo económico está en baja, con el compromiso de aumentar el ahorro fiscal en periodos normales, o de alto crecimiento. El otro componente de esta política es propender a un superávit fiscal estructural, en un horizonte sostenible mediano y largo plazo.

Sin embargo, este objetivo se puso en riesgo en los últimos gobiernos y, hoy por hoy, el sector público presenta un déficit de 3,5% del PIB, con bajas posibilidades de que sea abatido en los próximos años. Mientras tanto, el gasto fiscal ha estado creciendo por encima de la expansión del PIB, debido a los nuevos compromisos asumidos por las reformas sociales, en los ámbitos de la salud, la educación y la previsión. Así y todo, Chile mantiene un nivel de deuda fiscal inferior al promedio de los países de la OCDE, cercano al 25% del producto.

Aparte de que tienen los días contados, lo nuevo para los ministros Eyzaguirre y Rodríguez es el estilo presidencial de Bachelet, distinto del de Lagos. Un par de semanas antes, el ex Presidente declaró en un seminario dirigido a empresarios que lo que importa hoy es el crecimiento y que todo lo demás “es música”. Aunque sin aludir a Lagos, esta declaración fue refutada por Bachelet el mismo 31 de agosto, minutos antes de consumado el cambio de ministros. “No concibo el desarrollo a espaldas de las personas, donde solo importan los números y no cómo lo están pasando las familias”, dijo la mandataria.

Con esta declaración Bachelet envió una señal potente de que es partidaria del desarrollo sostenible, con un fuerte apego a la protección ambiental, aunque el país tenga que sacrificar el crecimiento. En el pasado queda entonces el eslogan del “crecimiento con equidad”, acuñado por el ex Presidente Patricio Aylwin en 1990 y seguido por todos los gobiernos de la Concertación posteriores, incluido el de la propia Bachelet, en su primer mandato (2006-2010).

Mientras el ex ministro Valdés intentaba impulsar el crecimiento, a su modo, abriendo todo el espacio posible al sector privado, los ministros pro ambientalistas de Bachelet justificaban el rechazo al proyecto minero Dominga, supuestamente porque no cumplía con todos los requisitos medioambientales. Otra era la opinión de los ex ministros Valdés y Céspedes y del ex subsecretario Micco, quienes apoyaban el proyecto y terminaron abandonando el gobierno.

Inversionistas cuestionados

En todo caso, la compañía Andes Iron anunció que recurriría de queja ante el tribunal ambiental. La empresa asegura que Dominga cumple con todas las exigencias medioambientales y acusa de una maquinación política en su contra. Esto porque al inicio del proyecto tuvo como inversionista al ex Presidente Sebastián Piñera y entre los más recientes se contaban los dueños del grupo Penta (Carlos Délano y Carlos Lavín), quienes fueron procesados en 2016 por financiar de manera ilegal a varios dirigentes y parlamentarios de la UDI (Unión Demócrata Independiente), el partido de derecha más duro contra el gobierno de Bachelet.

Mientras tanto, con o sin Dominga en marcha, la suerte de la economía chilena ya está echada. Para lo que queda de 2017 y el primer semestre de 2018 se espera un bajo ritmo de crecimiento, con la esperanza de que recién en el segundo semestre del próximo año se produzca el punto de inflexión, cuando el alza del precio del cobre se consolide y empuje la inversión minera.

De paso, esta situación perjudica a los candidatos presidenciales del bloque gobiernista, Alejandro Guillier y Carolina Goic, en la medida en que son percibidos como continuistas de Bachelet.

Parafraseando a la propia Presidenta, cuando al inicio de su gobierno defendió las reformas sociales con la idea del “realismo sin renuncia”, para seguir avanzando, a pocos meses de que termine su segundo gobierno, deja sentado el precedente del desarrollo sostenible sin renuncia. En este caso condicionando el crecimiento a la protección ambiental.

Ahora los habitantes de la pequeña comuna de La Higuera, saben que este proyecto minero es resistido no solo por los grupos ambientalistas, los cuales afirman que Dominga tendría un fuerte impacto en el ambiente marino aledaño, particularmente en la Reserva Nacional Marina Pingüino de Humboldt, ubicada 30 kilómetros mar adentro, al norte del puerto de embarque del mineral que contempla el proyecto.

No queda claro entonces cómo una compañía que estaba dispuesta a invertir US$ 2.500 millones no hubiese tomado los resguardos previstos por la institucionalidad ambiental. La última palabra la tiene entonces el tribunal ambiental y quizás el fallo se conozca cuando Bachelet ya no sea Presidenta.

Fuente: Política & Economía (Santiago, Chile)

Twitter: @htraslavina
 
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Editorialista, diario La Nación

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