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La izquierda, el ideal de justicia y la ley como telaraña
Por Adolfo Garcé
30 de agosto de 2017
Adolfo Garcé
(El Observador) No puede extrañar a nadie que la izquierda tenga raíces sociales muy débiles en las facultades de derecho, escasa vocación por demandar y considerar el asesoramiento jurídico, y que muy pocos legisladores frenteamplistas sean abogados. En definitiva, no puede asombrar a nadie que los gobernantes de izquierda no asignen la misma importancia que otros a las normas jurídicas y a los procedimientos administrativos. Normas y procedimientos no son vistos como garantías sino como obstáculos a eludir para avanzar hacia la justicia.
 
 

(El Observador) La semana pasada escribí que la izquierda, de un tiempo a esta parte, tropieza y se cae. Quiero detenerme a examinar una de las piedras con la que el FA últimamente más se empecina en tropezar: las normas jurídicas. Hay muchos ejemplos de la escasa consideración que la gestión frenteamplista suele tener hacia la dimensión burocrático-legal. Pero para llegar hasta ahí no tengo más remedio que dar un rodeo. Es que José Mujica no fue el primero en decir que “lo político está por encima de lo jurídico”. Enunció a su manera una concepción que viene de muy lejos.

En las primeras páginas de La República, Platón presenta un diálogo entre Sócrates y algunos sofistas a propósito de la noción de justicia. Uno de ellos, Trasímaco, expone un argumento que hizo carrera: “Lo justo no es otra cosa que lo que le conviene al más fuerte”. Mucho tiempo después, en su hermoso “Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres”, polemizando con autores de la talla de Thomas Hobbes y John Locke, Jean Jacques Rousseau formulará un punto de vista esencialmente similar: los propietarios crearon las leyes para proteger sus bienes. Carlos Marx, que conocía bien la teoría política griega y que le debe tanto o más a Rousseau que a David Ricardo, ejecutó en un tono menos filosófico y ensayístico, en el lenguaje cientificista de su tiempo, la misma y bien conocida partitura “realista”. Las leyes forman parte de la superestructura que legitima el dominio de la burguesía sobre los explotados. Trasímaco, Rousseau y Marx son apenas tres hitos de una antigua y potente tradición de pensamiento según la cual la ley no expresa el bien común sino “lo que le conviene al más fuerte”.

Los partidos tributarios del marxismo, en todas partes, han compartido esta sospecha radical respecto a lo legal. La izquierda uruguaya, en términos generales, no ha sido la excepción. Su concepción teórica se veía confirmada por la trayectoria histórica de nuestra polis. La superestructura jurídica del país fue elaborada por los partidos tradicionales que, más allá de matices y de buenas intenciones de líderes notorios, de acuerdo a la interpretación de los partidos de izquierda, han sido esencialmente funcionales a las clases dominantes. La legislación electoral, la “trampa de la ley de lemas” como se solía decir, no era más que un caso específico de un fenómeno general. De acuerdo a esta visión, toda la legislación era “tramposa” (estaba política y socialmente sesgada). No podía ser de otra manera. El resultado estaba condicionado, en última instancia, por las instituciones. La democracia, entendida como las reglas de juego que regulan la competencia política, también ella, no hacía más que esconder y reproducir el dominio de la minoría sobre la mayoría, de los poseedores sobre los despojados.

La izquierda estaba y está obsesionada con la justicia social. No puede asombrar que, en el contexto de explosión del desarrollo de las ciencias sociales que hemos vivido después de la dictadura, abunden los profesionales de izquierda (sociólogos, trabajadores sociales, politólogos, demógrafos, etcétera) especializados en políticas sociales. La izquierda siempre pensó que para atacar la desigualdad había que comprender sus bases económicas. No puede extrañar que abunden los economistas de izquierda, formados dentro y fuera de fronteras. La izquierda siempre sospechó de lo legal. Siempre pensó que la ley es un epifenómeno, expresión de lo político y en última instancia, de la dominación social que, a su vez, tiene bases económicas. No puede extrañar a nadie que la izquierda tenga raíces sociales muy débiles en las facultades de derecho, escasa vocación por demandar y considerar el asesoramiento jurídico, y que muy pocos legisladores frenteamplistas sean abogados. En definitiva, no puede asombrar a nadie que los gobernantes de izquierda no asignen la misma importancia que otros a las normas jurídicas y a los procedimientos administrativos. Ni son realmente relevantes ni están hechos de materiales nobles. Normas y procedimientos no son vistos como garantías sino como obstáculos a eludir para avanzar hacia la justicia.

Ilustremos este razonamiento con tres ejemplos. José Mujica, durante su mandato presidencial, hizo un gran esfuerzo por incrementar los impuestos a las grandes propiedades rurales (del viejo sueño de la reforma agraria quedaba poco y nada). Una vez que logró ganar la pulseada en el gobierno, la ley fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. También fue Mujica el que impulsó la iniciativa que convirtió a Uruguay, al FA, y al propio Pepe, en punto de referencia obligado en el concierto internacional: la nueva política de producción y comercialización del cannabis. Después de hablar, legislar, crear instituciones, sembrar, cosechar, envasar y vender, el gobierno se topó con regulaciones legales internacionales insoslayables. Finalmente, el artículo 15 de la ley de Rendición de Cuentas que habilita al Estado a dilatar el pago de deudas generadas por juicios perdidos ha sido calificado como inconstitucional por varios expertos en derecho. Son apenas tres casos. Mujica es el personaje más visible en los dos primeros. También es, seguramente, el mejor ejemplo de escasa consideración a la dimensión legal y burocrática de los asuntos públicos. Pero no se trata solamente de Mujica. Es un partido entero el que tiende a pensar que la ley es la telaraña y la política el plumero.

Fuente: El Observador (Montevideo, Uruguay)

Acerca del autor
Adolfo Garcé
Adolfo Garcé
Doctor en Ciencia Política - Investigador del Departamento de Ciencia Política (Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de la República). Autor del libro “Donde hubo fuego: El proceso de adaptación del MLN-Tupamaros a la legalidad y a la competencia electoral (1985-2004)”. Co-autor del libro “La Era Progresista. El gobierno de izquierda en Uruguay: de las ideas a las políticas”. Líneas de investigación: Ideas, discursos y política; tecnocracia y democracia; Ideologías y adaptación partidaria.
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