23.10.2017
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Nueva ofensiva «contrarrevolucionaria»
Por Marlene Azor Hernández
2 de agosto de 2017
Marlene Azor Hernández
(Cubaencuentro) El Gobierno cubano se comporta como el perro del hortelano, pero con respecto a la producción: ni produce, ni permite que los actores económicos lo hagan. Como bien dice el economista cubano Omar Everleny en una reciente intervención: «Cuba es el único país del mundo que persigue la riqueza y no la pobreza».
 
 

(Cubaencuentro) Con la justificación de ordenar y “perfeccionar” la gestión privada de los cuentapropistas, el Gobierno cubano aumenta los impuestos regresivos, congela el otorgamiento de licencias y obliga al transporte privado a asociarse al transporte cooperativo-estatal controlado directamente por el Estado y que permite sólo la simple reproducción muy por debajo de sus necesidades. [1]

El punto de partida de este nuevo ordenamiento carece de un diagnóstico previo de la realidad del país, por eso su carácter reaccionario y regresivo.

En dirección contraria a las propuestas y análisis de los economistas cubanos dentro y fuera del país, las medidas significan un retroceso de derechos para los cuentapropistas cubanos y nuevas formas de asfixia al trabajo no estatal.

Los puntos de partida

  • Las empresas estatales no pueden ser más productivas por la reducción del petróleo venezolano que ha hecho reducir el consumo empresarial estatal en un 50 %. El Estado cubano tiene que comprar el petróleo que no produce en el mercado internacional como lo ha hecho Japón y otros muchos países que no son productores. No quiere asumir que necesita más petróleo para producir bienes y servicios, y espera por Venezuela.
  • Los empresarios cubanos del área no estatal, sean cuentapropistas o cooperativistas no tienen derecho a importar y exportar directamente ni bienes, ni capitales, ni tecnologías.
  • Toda esa actividad pasa por un Estado incapaz de garantizar los insumos necesarios para la producción y los servicios de sus propias empresas estatales. Los funcionarios estatales señalan estos incumplimientos de importación de insumos como la causa central del no cumplir los planes estatales cada año.
  • Existe en el país alrededor del 28 % de la población económicamente activa (PEA) desempleada de acuerdo a los análisis del profesor Mesa-Lago de desempleo oculto y visible. El Estado no genera nuevos empleos, es la empresa no estatal privada y cooperativa la generadora de nuevos empleos.
  • La empresa estatal de Acopio, encargada de recoger los alimentos y llevarlos a los puestos de distribución minorista ha demostrado durante varias décadas que no tienen envases, o no tienen transporte, o no tienen combustible, y según estudios independientes del Estado cubano el 50 % de las cosechas se pierden en los campos.
  • El transporte público es aún desastroso, no cumple mínimamente la demanda de la población aún con el uso de carretones tirados por caballos en las provincias del interior del país.
  • Los precios estatales del mercado minorista (las TRD) tienen un IVA de entre 240 % y 260 % de impuesto sobre el valor de los productos. Crear mercados “concentradores” con un 20 % de descuento sigue manteniendo los precios por encima del 200 % de sus valores reales. En Cuba no hay mercados mayoristas.
  • Los salarios estatales siguen siendo paupérrimos y los más bajos del hemisferio occidental. Por eso, la migración masiva de profesionales y no profesionales a las empresas no estatales. Significan hoy, el 28 % de la capacidad adquisitiva de los salarios de 1989.

Las reformas reaccionarias

Aumento de los impuestos por cada trabajador contratado. Si antes de las nuevas disposiciones, a partir de tener más de cinco empleados se pagaba un impuesto del 5 % por cada empleado, ahora se aplica el impuesto desde el primer empleado y se aumenta exponencialmente este impuesto entre seis y diez empleados y hasta 21 empleados o más. Lejos de incentivar el empleo no estatal, lo penaliza.

Congelamiento de licencias para actividades de arrendador de viviendas, habitaciones y espacios; cafetería de alimentos ligeros; chapistero; contratista privado; elaborador vendedor de alimentos y bebidas mediante servicio gastronómico en restaurantes (paladares); y elaborador vendedor de alimentos y bebidas en punto de venta fijo (cafetería). Además, las de elaborador vendedor de alimentos y bebidas no alcohólicas a domicilio; fregador engrasador de equipos automotores; gestor de pasaje en piquera; gestor de permutas y compraventa de viviendas; gestor de alojamiento para viviendas o habitaciones que se arriendan; herrero; instructor de prácticas deportivas; así como modista o sastre.

Están igualmente congeladas las licencias de operador de equipos de recreación; organizador de servicios integrales para fiesta de quince, bodas y otras actividades; oxicortador; productor o vendedor de calzado; productor o vendedor de artículos varios de uso en el hogar; y profesor de taquigrafía, mecanografía e idiomas.

Además, profesor de música y otras artes; reparador de equipos eléctricos y electrónicos; repasador; reparador de artículos de joyería; bisutería; servicios de construcción, reparación y mantenimiento de inmuebles; y programador de equipos de cómputo.

Sin embargo, los economistas cubanos vienen planteando desde 2009 medidas contrarias a las nuevas regulaciones:

  • Eliminar la lentitud de los procedimientos para aprobar las inversiones extranjeras. De 400 proyectos de inversión presentados en la Zona especial del Mariel, sólo 20 han sido aprobados y tres de ellos nacionales, en el período de los tres últimos años. En la actualidad sólo ocho están produciendo.
  • Permitir la contratación de los trabajadores directamente por los empresarios extranjeros y no mediante las empresas estatales empleadoras que se quedan con el 80 % del salario mensual del trabajador. Implementar impuestos progresivos sobre los salarios.
  • Fortalecer el proceso de arbitraje para las relaciones con los inversores extranjeros. Hoy ese proceso descansa en los tribunales nacionales cuando debería ser colocado en las instituciones de arbitraje internacional de comercio, visto los procesos confiscatorios reincidentes a empresarios extranjeros que crean inseguridad en la inversión extranjera.
  • Acelerar la aprobación de las cooperativas que hoy se demoran año y medio o dos para ser aprobadas por el Consejo de Estado.
  • Hacer real la personalidad jurídica de las cooperativas de producción y servicios, que cinco años después de admitir su presencia, no logran importar ni exportar sus productos, pero tampoco insumos y fuentes de capital.
  • Dar seguridad jurídica a la micro y pequeña empresa privada, que hasta ahora es una promesa incumplida y la hace depender de las ineficientes gestiones estatales sobre los recursos y los mercados.
  • Permitir la creación de mercados mayoristas mixtos con la inversión extranjera en unión con la economía no estatal y estatal, con la prohibición de cualquier monopolio, ni estatal, ni extranjero, ni privado nacional.
  • Aumentar los créditos a la agricultura en colaboración con la inversión extranjera directa.
  • Eliminar la dualidad monetaria y cambiaria que distorsiona todos los indicadores de eficiencia de la economía nacional. Las empresas estatales tienen un cambio ficticio de un peso cubano por un peso divisa CUC, mientras los trabajadores compran con un cambio de 25 pesos cubanos por un peso divisa en las tiendas estatales que son las únicas autorizadas a importar. Esta medida se ha anunciado desde el 2011 y no se ha implementado.
  • Disminuir el IVA de 260 % o 300 % en las tiendas estatales de alimentos y ropa y calzado para fortalecer la demanda interna. La reducción de un 20 % a algunos productos es risible.
  • Diversificar las fuentes de financiamiento interno y externo, permitiendo la inversión de los cubanos emigrados a EEUU y a otros países del mundo. Hoy existe a partir del envío de remesas, pero no se permite directamente.
  • Disminuir o eliminar el 70 % o 75 % de entregas obligatorias al Estado —con precios por debajo del mercado— de los productores privados y cooperativos agropecuarios. Los crecimientos productivos de la agricultura no aseguran las necesidades alimentarias.
  • Sustituir los $2.000 millones de importación de alimentos anuales, en inversiones y créditos a la agricultura.
  • Acelerar la creación de cooperativas comercializadoras para los productos agrícolas hoy inexistentes.
  • Permitir el trabajo de los profesionales en el sector no estatal de la economía permitiendo ejercer sus profesiones hoy prohibidas en el sector.
  • Aumentar los salarios y hacerlos corresponder con los gastos de la canasta básica individual y familiar.
  • Permitir la competencia entre las empresas del Estado y las empresas no estatales en igualdad de condiciones de acceso a recursos y mercado libres al margen del estado.

Regular jurídicamente el trabajo no estatal es positivo siempre que las regulaciones incentiven la producción de bienes y servicios. Hasta ahora, las nuevas regulaciones, van en dirección contraria. El Gobierno cubano se comporta como el perro del hortelano, pero con respecto a la producción: ni produce, ni permite que los actores económicos lo hagan. Como bien dice el economista cubano Omar Everleny en una reciente intervención: “Cuba es el único país del mundo que persigue la riqueza y no la pobreza”.


[1] Yaima Puig Meneses “Por la ruta de la actualización”, Granma.cu, 1 de agosto del 2017. En el momento de escribir este artículo, la Gaceta oficial extraordinaria #31, del 1 de agosto 2017 no está publicada en su página web.

Fuente: Cubaencuentro

Acerca del autor
Marlene Azor Hernández
Marlene Azor Hernández
Socióloga de formación, imparte cursos de capacitación en las empresas o cursos regulares de maestría y diplomado en varias universidades, todos relacionados con el Desarrollo Humano en las empresas.
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