18.8.2018
 
Artículos / Opinión
Hugo Machín Fajardo
Colombia, un callejón con salida
Por Hugo Machín Fajardo
Twitter: @MachinFajardo
29 de septiembre de 2016
La mayoría de los colombianos no conoce lo que es vivir en un país en el que no hay guerra. En la década del 50 -conocida como «la Violencia»- aunque lo que vino después la superó con creces, el país contaba con nueve millones de habitantes y en el presente llega a 49 millones.
 

¿Será Yorman Felipe González, de seis años, la última víctima de una guerra entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc)?

Yorman murió el lunes 26 de septiembre, al tiempo que en Cartagena se firmaba el acuerdo con el balígrafo –lapicera fabricada a partir de una bala de fusil– cuando jugaba con su balón y pisó una mina quiebra-pata de las miles que permanecen enterradas en suelo colombiano. El fallecimiento del niño ocurrió en el municipio de Algeciras, departamento del Huila al sur del país.

Colombia es, después de Afganistán, el país con más minas quiebra pata, auténticas trampas mortales, diseminadas en su territorio. En 2013, existían 10.272 víctimas, según un programa presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal. A la fecha, esa cifra puede haber aumentado en centenas. Expertos calculan que insumirá por lo menos hasta 2021 lograr desminar el territorio, acción en la que coparticiparán los ex guerrilleros en caso de aprobarse el plebiscito del 2 de octubre.

Plebiscito: 66 a 34. Según la medición realizada entre el 21 y el 25 de septiembre en municipios de todo el país, si la votación fuera hoy, 66 % de los electores apoyarían el Sí, y 34 %, el No.

El estudio fue encargado a la firma Ipsos Napoleón Franco para la revista Semana, RCN Radio y RCN Televisión.

La campaña del plebiscito polarizó las opiniones y, como suele ocurrir en estos temas, de ambos lados se distorsionan los argumentos y las consecuencias de los eventuales resultados del domingo 2 de octubre.

Según el presidente Juan M. Santos es “el mejor acuerdo posible” [para] alcanzar la paz”; mientras que el ex presidente Álvaro Uribe propone votar No para negociar un nuevo acuerdo de paz. En esta tesitura se ubican también quienes, sin ser partidarios de Uribe, entienden que las Farc ya han dicho que no volverán a la selva si gana el No y que en ese caso seguirían en negociaciones de paz.

Justicia transicional, esa creación jurídica hecha para pasar de dictaduras a democracias; y reforma agraria, constituyen dos aspectos muy cuestionados por los partidarios del No. Hay otros, como el otorgamiento de bancas a dedo al partido político que surge de las Farc, pero los dos primeros han sido objeto de múltiples debates y desencuentros.

Sin embargo, las víctimas, consideradas uno de los sectores principales del acuerdo de La Habana, apoyan lo pactado y esperan que haya verdad, justicia, reparación y no repetición.

El lunes el líder de las Farc, Timoleón Jiménez, alias Timochenko, durante la ceremonia de firma de la paz en Cartagena, públicamente pidió perdón por el daño realizado a Colombia durante 52 años.

Y en lo atinente al tema agrario, la frustrada reforma impulsada en la década del treinta por el presidente liberal Alfonso López Pumarejo (1934 -1938), es la que 78 años después, reaparece en parte en uno de los puntos acordado entre el Gobierno y las Farc: la tenencia de la tierra. Problema cardinal de Colombia desde que existe como país independiente. Cerca de 250.000 campesinos sin tierra que se calcula hay en Colombia, serían beneficiados para reconvertir al sector rural en uno de los ejes de desarrollo del país. La actualización del catastro real es otro elemento acordado en el proceso de restitución de tierras a quienes fueron despojados durante la guerra interna. Cerca de seis millones 500 mil colombianos han sufrido desplazamiento forzoso desde 1985.

La mayoría de los colombianos no conoce lo que es vivir en un país en el que no hay guerra. En la década del 50 -conocida como “la Violencia”- aunque lo que vino después la superó con creces, el país contaba con nueve millones de habitantes y en el presente llega a 49 millones.

Naturalmente que si la ciudadanía acepta lo pactado en La Habana, subsistirán fenómenos generadores de violencia: el propio Humberto De la Calle, principal negociador gubernamental, ha dicho que el primer enemigo a atacar en el posconflicto “es la corrupción”.

Colombia está ubicada en el puesto N° 83, en 167 países, en el Índice de Percepción de la Corrupción 2015, de Transparencia Internacional, y décimo en Latinoamérica.

Según resultados de la Cuarta Encuesta nacional sobre Prácticas de Soborno en Empresas Colombianas “el 91% de los empresarios percibe que se ofrecen sobornos en el entorno de los negocios y que 17,3% es el promedio del valor del contrato que se paga de manera secreta para ganar una adjudicación”.

El estudio fue presentado en 2015 por Transparencia por Colombia.

Los cien mil millones de dólares, procedentes de Colombia, depositados en bancos suizos y otros paraísos fiscales denunciados el lunes 4 de abril de 2016 por el ex director de la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional) de Colombia, Juan Carlos Ortega, -que vive bajo protección en Estados Unidos desde 2014 amenazado por las mafias del contrabando - tendrían que ser auditados en opinión de integrantes de la administración Santos.

La divulgación de los Papeles de Panamá puso ese tema en el orden del día y el propio Santos ha dicho que son 850 nombres de colombianos que deben ser investigados.

Otras trabas. El Ejército de Liberación Nacional (ELN), si bien ha iniciado conversaciones de paz con la administración Santos, estas permanecen congeladas desde el 30 de marzo, en que el Gobierno exigiera la liberación de todos los secuestrados en manos de esa guerrilla de inspiración marxista, fundadas por curas católicos. Actualmente permanecen en poder del ELN un ex legislador, un líder comunitario y dos productores arroceros.

Esa guerrilla -que cuenta con unas 2.500 personas en armas- determinó una tregua unilateral para la realización de plebiscito, después del cual estarían dispuestos a seguir las conversaciones iniciadas en Quito, seguidas de varios encuentros realizados en Venezuela.

Asimismo, el narcotráfico, que ha modificado su forma de actuar pasando de la época de los grandes capos a funcionar en redes, es otro factor que conspira contra un posconflicto positivo: ha colocado a Colombia nuevamente como uno de los principales productores de coca. Si en 2013 se había bajado a 48 mil hectáreas sembradas con coca, en el presente llegan a 100 mil hectáreas, según el informe correspondiente a 2015 del Sistema Integrado para el Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de Naciones Unidas.

El ministro para el Posconflicto, Rafael Pardo, señaló al respecto que el aumento del área cultivada se debe al cese de la fumigación con glifosato.

La sustitución de cultivos ilícitos por agricultura legal previsiblemente tendría un avance al cesar las Farc su participación en el negocio del narcotráfico.

En 2013, un muy completo y documentado informe de 514 páginas de ONU sobre Colombia, se titulaba ”El conflicto colombiano es un callejón con salida”, pareciera que, efectivamente, hay una luz al final del túnel. El tiempo dirá.

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Acerca del autor
Hugo Machín Fajardo
Hugo Machín Fajardo
Periodista desde 1969, una forzada interrupción entre 1973 -1985, no le impidió ejercer el periodismo clandestino. Secuestrado en 1981 por la dictadura uruguaya, permaneció desaparecido y torturado hasta 1982, en que fue recluido en el Penal de Libertad hasta 1985. Ex -docente de periodismo en Universidad ORT, de Montevideo. Ex vicepresidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU). Jurado del Premio Periodismo para la Tolerancia, 2004, de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) /Unión Europea. Coordinó "Periodismo e Infancia-2005". Integró diversas redacciones periodísticas de medios y agencias de noticias en Montevideo, Uruguay. Actualmente se desempeña como free -lance.
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