14.8.2018
 
Artículos / Derechos Humanos
Hugo Machín Fajardo
Daniel Ortega vapuleado en la OEA
Por Hugo Machín Fajardo
Twitter: @MachinFajardo
18 de julio de 2018
Se rechazó la estigmatización del ciudadano como terrorista que hace el gobierno nicaragüense, calificándola de profundamente antidemocrática, y que «conlleva el ejercicio del terrorismo de Estado, que se viabiliza a través de torturas y desapariciones».
 

A tres meses del inicio de la mayor crisis en la historia de Nicaragua, la Organización de Estados Americanos (OEA) condenó enérgicamente la dictadura en que se transformó el régimen autoritario encabezado por Daniel Ortega, quien fue calificado de corrupto, al que se le exigió el adelantamiento de las elecciones originalmente previstas para 2021, se le advirtió que los responsables de los crímenes cometidos en los últimos tres meses serán juzgados y se le exigió el diálogo pacífico como metodología para superar la situación.

Distintos representantes fundamentaron su voto con cuestionamientos directos al gobierno de Nicaragua instándole a “poner fin a las acciones contra la ciudadanía” y “al baño de sangre que se agrava cada día”.

También, en las diferentes fundamentaciones de voto realizadas por los representantes de los países que condenaron la represión orteguista, se les recordó a los gobernantes nicaragüenses que los responsables de los crímenes cometidos en los últimos 90 días serán juzgados. La advertencia llegó precisamente horas después de que el Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, declarara en su país, Costa Rica, que Ortega debería ser llevado a juicio en la Corte Penal internacional (CPI).

La representante de Argentina en la OEA rindió homenaje a las víctimas de la represión en Nicaragua y, en recuerdo de Nelson Mandela, de quien el miércoles 18 de julio se cumplía el centenario de su nacimiento, apeló a que “sea el diálogo pacífico el camino” para que el país centroamericano salga de la tragedia actual.

La postura adoptada por la OEA comenzó con la declaración suscrita por 13 países el lunes 16, y se concretó con la resolución aprobada el miércoles 18 por 21 países de 34. Hubo también 3 votos en contra (Bolivia, Nicaragua y Venezuela), 7 abstenciones y 3 ausencias.

Se le conminó al régimen de Managua que proceda al desmantelamiento de grupos parapoliciales y paramilitares, ya que únicamente le corresponde hacerlo al estado nicaragüense que hasta el presente los ha alentado.

Se reclamó en la sesión las necesarias garantías fundamentales para que las organizaciones de derechos humanos puedan acceder a las cárceles políticas. En las distintas intervenciones, y apoyándose en el informe del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, se le exigió a Ortega que cese el “expreso o tácito apoyo del Gobierno a los grupos parapoliciales”.

“Los detenidos lo son por sus ideas y no por haber incurrido en delito”, se escuchó decir en la sala se sesiones del Consejo de la OEA; y se denunció que, hasta el presente, se les ha negado contar con el debido proceso, así como con la visita de representantes de los organismos de defensa de los derechos humanos.

La mayoría de los países de la OEA expresaron su apoyo al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para Nicaragua, instalado el 2 de julio por la CIDH.

En las intervenciones hubo críticas a la violencia generada en Nicaragua, incluso admitiéndose que pueda haber responsables fuera de las fuerzas oficialistas, pero hubo coincidencia en que el único responsable del terrorismo de Estado es el gobierno, al que también se le pidió que “cese en su campaña oficial de odio y estigmatización contra la ciudadanía”. Reiteradamente se le recordó al gobierno su responsabilidad en evitar la violencia y que, por el contrario, es “el propio Estado el que incita a la muerte”.

Se rechazó la estigmatización del ciudadano como terrorista que hace el gobierno nicaragüense, calificándola de profundamente antidemocrática, y que “conlleva el ejercicio del terrorismo de Estado, que se viabiliza a través de torturas y desapariciones”.

Sobre este aspecto alguno de los participantes en la sesión expresaron preocupación respecto a que la ley sobre Terrorismo aprobada recientemente por el Parlamento de Nicaragua, dominado por el gobierno, sea utilizada para criminalizar la protesta pacífica.

En las intervenciones hubo coincidencia en que con resoluciones no se resuelven los graves hechos que hoy ocurren en Nicaragua, por lo que se instó al gobierno de Ortega “a retomar el dialogo e iniciar dentro del país la restauración de la paz que termine el conflicto”.

Una solución pacifica fue el ánimo de todos los que intervinieron en la sesión del miércoles 18, complementado con el pedido un calendario electoral acordado entre todas las partes del diálogo.

En el salón de sesiones de la OEA se evocó la revolución sandinista de 1979 contra la dictadura de Anastasio Somoza, confrontándola con la violencia que hoy se ejerce desde el gobierno hacia la ciudadanía.

Al representante nicaragüense ante la OEA se le pidió que no subestimara a los representantes de los otros países queriéndoles hacer creer que están mal informados sobre lo que ocurre en Nicaragua.

Desde la Secretaría General de la OEA se adelantó que de persistir Ortega en la tesitura de aferrarse al poder sin dialogar y seguir reprimiendo, se llegará a los dos mil muertos en 2019.

Paralelamente a esta tercera reunión especial de la OEA para entender en la situación de Nicaragua, es grave, muy grave, lo que se registra en otros escenarios continentales.

Líderes latinoamericanos, organizaciones que supuestamente deberían defender los derechos humanos y gremiales de periodistas, han dejado de considerar la defensa de los derechos humanos como una tarea permanente y fundamental para la democracia latinoamericana.

Es grave que esos referentes para millones de latinoamericanos se afilien a la tesis defendida por el gobierno de Nicaragua de que es el Departamento de Estado de EEUU el gran responsable de la tragedia nicaragüense y que, con ese pretexto, persista en violar los derechos humanos de su ciudadanía.

Esos omisos y cómplices- el Foro de San Pablo reunido del 15 al 17 de julio en La Habana envió mensajes de solidaridad para con el “Comandante Daniel Ortega” – se hunden abrazados a posiciones sesentistas ya desmentidas por la historia reciente acerca de las responsabilidades que les cupo a cada quien en los procesos latinoamericanos de los setenta y ochenta.

Un ejemplo de esto se vivió en la sesión del martes 17 del senado de Uruguay, donde la izquierda encuadrada en el gobernante Frente Amplio se opuso a una resolución que calificaba de “dictadura” al gobierno de Nicaragua y exigía el cese “del terrorismo de Estado”, respaldada por el resto del espectro partidario. Los senadores frenteamplistas se negaron a que la resolución a ser aprobada incluyera la palabra “represión” y únicamente aceptaron condenar en abstracto la violación de los derechos humanos, sin responsabilizar al auténtico responsable: Ortega.

Los revolucionarios de ayer, cuando no están encarcelados por corruptos, o procesados por la justicia, se abrazan hoy a dictadores como Maduro y Ortega. En ese abrazo terminarán acunados por los viejos y nuevos autoritarismos representados por Xi Jinping o Putín.

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Acerca del autor
Hugo Machín Fajardo
Hugo Machín Fajardo
Periodista desde 1969, una forzada interrupción entre 1973 -1985, no le impidió ejercer el periodismo clandestino. Secuestrado en 1981 por la dictadura uruguaya, permaneció desaparecido y torturado hasta 1982, en que fue recluido en el Penal de Libertad hasta 1985. Ex -docente de periodismo en Universidad ORT, de Montevideo. Ex vicepresidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU). Jurado del Premio Periodismo para la Tolerancia, 2004, de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) /Unión Europea. Coordinó "Periodismo e Infancia-2005". Integró diversas redacciones periodísticas de medios y agencias de noticias en Montevideo, Uruguay. Actualmente se desempeña como free -lance.
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