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18.11.10

Colombia: Los primeros cien días del gobierno de Santos

La reanudación de las relaciones con Venezuela y Ecuador, dos gravitantes leyes sociales reparatorias para víctimas del conflicto armado y un reposicionamiento de Colombia en la región, caracterizan la gestión del presidente Juan Manuel Santos al cumplir sus primeros cien días de gobierno.
Por Hugo Machín Fajardo

La reanudación de las relaciones con Venezuela y Ecuador, dos gravitantes leyes sociales reparatorias para víctimas del conflicto armado y un reposicionamiento de Colombia en la región, caracterizan la gestión del presidente Juan Manuel Santos al cumplir sus primeros cien días de gobierno.

"Trabajaré día y noche sin descanso para ayudar a los débiles y a los pobres", prometió el liberal Belisario Betancur durante su discurso, luego de triunfar en las elecciones nacionales de 1982. Casi tres décadas después, el presidente Juan Manuel Santos, en su discurso de asunción del 7 de agosto, pronunciado en la plaza pública ante representantes de la comunidad internacional, se comprometió a trabajar por los pobres de Colombia, y agregó que su gestión estaría signada por el pasaje de "la seguridad democrática a la prosperidad democrática".

Recibía un país con 28 millones de pobres, de los cuales siete millones 200 mil, viven en la indigencia, según Planeación Nacional. Un panorama agravado con la existencia de más de tres millones de desplazados -la mayor cantidad en el mundo después de Darfur, según el ministro de agricultura Juan Camilo Restrepo-, dos millones y medio de desempleados y un 44% de la población económicamente activa con una remuneración de 251 dólares mensuales.

Política exterior. Desde el interés regional, el desafío principal para el gobierno entrante era la situación de ruptura de relaciones con los vecinos Ecuador y Venezuela, heredada de la administración de Álvaro Uribe (2002-2010).

Santos imprimió una reorientación a la política exterior diseñada desde la Casa de Nariño. La primera visita fue a Brasil después de su asunción; y el fallecimiento del ex presidente argentino Néstor Kirchner, el 28 de octubre, le llevó a decretar tres días de duelo con bandera a media asta.

Con el gobierno de Rafael Correa, prácticamente se han normalizado las relaciones interrumpidas desde marzo de 2008, a raíz del bombardeo a un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) ubicado en Ecuador, en el que murió uno de los principales jefes de esa organización, Raúl Reyes.

Correa agradeció las acciones de Santos durante la crisis vivida en Quito el 30 de setiembre, cuando enfrentó una grave revuelta policial, episodio que el flamante Presidente de Colombia rápidamente se avino a canalizarlo a través de la Unasur, en viaje relámpago a Buenos Aires.

Con Venezuela, Santos ya generó nuevos vínculos, a través de una exitosa gestión de su canciller, la politóloga María Ángela Holguín y dos encuentros personales con el presidente Hugo Chávez.

El Presidente de Venezuela es su "nuevo mejor amigo", ha dicho Santos, quien se estrechó en un saludo con Chávez ante el panteón donde se guardan los restos de Simón Bolívar.

Pero lo más importante, es que se han restablecido las relaciones con el principal comprador de productos colombianos. El comercio bilateral llegó a estar cerca de los 7.000 millones de dólares en 2008, pero se redujo notoriamente debido al deterioro de las relaciones entre ambos países.

Chávez se comprometió a saldar la deuda de aproximadamente 800 millones de dólares que mantiene con los exportadores de Colombia, empezando con un primer pago de 200 millones de dólares.

En la segunda semana de noviembre, una delegación colombiana encabezada por el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz-Granados, permaneció en Caracas negociando un tratado de libre comercio a ser firmado en abril de 2011.

Venezuela se compromete a vender combustibles subsidiados a la frontera colombiana y a importar textiles, alimentos, café, cacao. Las importaciones venezolanas apuntan además a ganadería, vivienda, materiales de construcción y automóviles.

También en materia comercial, el jueves 11 de noviembre, Santos aceptó la propuesta del presidente peruano Alan García, para firmar un acuerdo de profundización comercial, de capitales y de migraciones entre Colombia, Chile y Perú; un nuevo paso hacia la integración iniciada en la primera semana de noviembre con la firma de la unión entre las bolsas de valores que comenzará a operar el 21 de noviembre, según informó La Republica de Bogotá, periódico especializado en economía.

Santos ha logrado hasta el presente contener la revaluación, con una compra diaria de 20 millones de dólares prevista hasta marzo de 2011, pero el jueves 11 de noviembre criticó la decisión de la reserva federal de Estados Unidos de enviar a los mercados cambiarios del mundo una cifra de USD 600 mil millones de dólares.

Política social. Dos proyectos de Santos pautan un cambio sustancial respecto a la Administración Uribe en este terreno: Ley de Tierras y Ley de Víctimas. La primera, pretende restituir unos dos millones de hectáreas en los próximos cuatro años a sus legítimos dueños: los desplazados y desposeídos por la violencia armada que azota a Colombia desde hace décadas.

El 21 de octubre Santos anunció en Macayepo, departamento de Bolívar, cuya capital es la ciudad de Cartagena, un "plan de choque" para iniciar la restitución de las tierras, antes incluso de que el Congreso apruebe el proyecto de ley enviado desde el Poder Ejecutivo.

El plan, que llega hasta abril de 2011, tiene cinco componentes "estructurados y listos para avanzar en la materia" y están definidas "las regiones y las poblaciones beneficiadas, así como el presupuesto que se necesita".

Esta primera fase beneficiaría a 130 mil familias y Santos anunció que estará enfocada en las regiones que fueron objeto de desplazamiento masivo y en zonas donde "se está consolidando la presencia del Estado".

La representación de ONU en Colombia manifestó su apoyo a esta iniciativa. La ONG estadounidense Human Rights Watch (HRW), valoró positivamente los proyectos de Ley de Tierras y Ley de Víctimas, luego de una visita realizada a Colombia en octubre, pero advirtió sobre los obstáculos a ambas iniciativas provenientes de los nuevos grupos armados integrados por ex paramilitares. La advertencia tiene lugar cuando ya han sido asesinados líderes de organizaciones que defienden ese reintegro territorial.

Por su parte la Ley de Víctimas, propone indemnizar a las víctimas del conflicto armado colombiano, generadas por múltiples actores: paramilitarismo, guerrillas y fuerzas armadas.

Clara López Obregón, presidenta del Polo Democrático Alternativo (PDA), fuerza política opositora, que gobierna Bogotá, ha denunciado que "veintinueve líderes políticos de oposición fueron asesinados en los primeros noventa días de la nueva administración". López Obregón, no obstante, mostró su conformidad porque el gobierno dispuso la necesidad de identificar los cadáveres antes de ser enterrados como N.N.

De los miles de N.N registrados en el país, la gran mayoría aparecen muertos por violencia y en centenares de casos se debe a los asesinatos conocidos como "falsos positivos". Según el relator de Naciones Unidas Philip Alston, quien en 2009 estuvo en Colombia investigando estos hechos, los asesinatos sistemáticos de jóvenes y campesinos cometidos por el Ejército colombiano para hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate, suman aproximadamente 1.800.

El relator afirmó en julio de 2009, según reportó la prensa colombiana en ese momento, que el gran número de asesinatos, la amplia geografía abarcada y el elevado número de militares implicados, casi evidencia el hecho de que los homicidios "fueron llevados a cabo de una manera más o menos sistemática por una cantidad significativa de elementos del Ejército y son un crimen de Estado".

Estas constataciones generaron la salida de treinta oficiales del Ejército y la renuncia del general Mario Montoya, entonces comandante en jefe del Ejército. En el presente la justicia sigue investigando.

Conflicto armado. Otro de los hechos significativos de la primera etapa de gobierno de Santos, fue el mantenimiento de la ofensiva contra las Farc. El episodio más relevante lo constituyó la muerte, el 20 de setiembre, del máximo jefe militar de esa organización, Víctor Julio Suárez Rojas, (a) Luis Suárez, (a) Jorge Briceño, (a) alias el Mono Jojoy.

En este terreno Santos, aunque continuó con la estrategia de "arreciar y arreciar" en la ofensiva armada, también marcó una impronta al dejar abierta la posibilidad de un acuerdo negociado con las Farc.

Desde las Farc se han mantenido las hostilidades durante estos cien días con diversas acciones. El último episodio de significación se registró el lunes 15 de noviembre, cuando en enfrenamientos con las fuerzas armadas, murieron 14 guerrilleros y cuatro policías. Dos menores heridos fueron capturados en la frontera con Ecuador -uno de ellos de 12 años, tendría nacionalidad ecuatoriana- ambos pertenecientes a las Farc, según las autoridades.

Estos hechos, sumados a picos de violencia urbana últimamente registrados - trece personas fueron asesinadas en distintos puntos de Medellín, el jueves 4 de noviembre -determinaron una advertencia del gobierno de Estados Unidos, que también incluyó a México, para que sus ciudadanos se abstuvieran de realizar viajes turísticos a Colombia.

Santos respondió el jueves siguiente y afirmó que en Colombia la seguridad es "excepcional".

Al cierre del primer trimestre Santos registró un 89 por ciento de aprobación en su gestión como presidente, según una encuesta del Centro Nacional de Consultoría, realizada entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre y revelada por el Noticiero de Televisión C&M. El sondeo indica también que Santos tiene una imagen positiva del 87 por ciento. Otro sondeo, de Opinómetro de Datexco, informó el lunes 15 de noviembre, que Santos obtiene una imagen favorable del 75.1%.

Un indicador de este estado de opinión puede aportarlo quien fuera su adversario en las elecciones de mayo, el ex alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, del Partido Verde (PV): "el presidente Santos gobierna con un programa de opositor". Y otro principal dirigente del PV, el también ex acalde bogotano Luis Garzón, sostuvo que su partido coincide "con el 80% de las iniciativas del gobierno".

Hugo Machín es periodista, integra el Consejo Consultivo de CADAL en Uruguay y es miembro de la Red Puente Democrático Latinoamericano.