En las dos últimas segundas vueltas el comportamiento electoral fue disímil. Para el periodo 2010 -2014, la participación ciudadana se redujo. En el período 2014 - 2018, la participación creció. En esta segunda vuelta, habida cuenta de la polarización, ¿crecerá o no la concurrencia a las urnas respecto a la primera vuelta del 27 de mayo?

Por Hugo Machín Fajardo

Iván Duque seguramente gane en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia del domingo 17 y se mantenga un gobierno de derecha como ha sido tradicional en el país.

Los 7.567.439 votos (39,14%) obtenidos el 27 de mayo y refrendados por una mayoría en el Congreso, auguran que pueda desarrollar su administración dentro de los parámetros que vienen dándose en los últimos ochos años, en los que estuvo al frente de la Casa de Nariño, Juan M. Santos, Premio Nobel de la Paz 2016.

Su contrincante, el ex guerrillero del M-19 y ex alcalde de Bogotá (2012 – 2015) Gustavo Petro, que obtuvo casi cinco millones de votos en la primera vuelta (25.09%), quedaría consolidado como el primer caudillo de izquierda que efectivamente llegó a intranquilizar al establecimiento colombiano. Jóvenes y clase media constituyen la fortaleza de su electorado.

La incógnita a develarse cuando se abran las urnas será qué porcentaje obtuvo el voto en blanco. ¿Por qué? Porque esa indeseada iniciativa impuesta por el sistema de balotaje desde 1991, tiene como impulsor a quien por pocos votos no llegó a ser el candidato que podría haber estado en la segunda vuelta compitiéndole a Duque: el ex alcalde de Medellín y ex gobernador de Antioquia Sergio Fajardo, cuyo electorado de centro y centro izquierda, casi empata con Petro pero que, más allá de números, demuestra una voluntad creciente de cambios en la ciudadanía colombiana. El voto en blanco en la segunda vuelta de 2014 obtuvo un 5,9% de la votación.

¿A qué cambios me refiero? Los reclamados por el hartazgo de sectores ciudadanos con la política tradicional que en Colombia se le llama eufemísticamente “mermelada”, pero que en realidad es la compra que hace el Presidente de turno de voluntades de congresistas, gobernadores y alcaldes. ¿Cómo se subvenciona? Con las regalías provenientes del pago que realizan las compañías petroleras al Estado colombiano por explotar los yacimientos de Colombia. Son recursos públicos que deberían emplearse con criterio de administración, pero tienen ese cometido espurio. Si bien no es un calco del “mensalao” que determinó la caída de Lula, se parece bastante.

Hay otros hartazgos. De la indefensión en que viven los líderes sociales. Desde enero de 2016 al presente, han muerto más de 261: cada pocos días un legítimo aspirante a recuperar tierras, o un activista de DDHH, es asesinado por grupos ilegales. En mayo el Consejo de Derechos Humanos de la ONU le comunicó al gobierno de Colombia que la salvaguarda de esas personas es la tarea “más urgente”.

Hay hartazgo por la tragedia de por lo menos tres mil muchachos inocentes asesinados por integrantes de las fuerzas armadas que los hicieron pasar por guerrilleros, lo que en Colombia se conoce como “falsos positivos”, investigados por la justicia desde hace años. Hartazgo de que el 71% de 113 millones de hectáreas que cuenta el país sea de propietarios, pero que esa tierra no esté en manos de campesinos y que, además, estos no cuenten con asistencia técnica ni con créditos. El 82% de los trabajadores del campo está en la informalidad. Cuando se conocieron los resultados del censo agropecuario de 2015, luego de 45 años de no tener datos, Santos dijo que “en el campo está todo por hacer”; y el ministro de Agricultura de entonces, Aurelio Iragorri, si bien reconoció “avances”, calificó de “vergonzosa” la situación del agro colombiano. Poner en marcha la denominada Misión Rural costaba USD 65 mil millones, según su director, José A. Ocampo, exsecretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), ex ministro con una larga trayectoria en la ONU.

Es que Colombia no difiere de la media latinoamericana en la materia, donde los programas de reforma de la tenencia de la tierra han sido diseñados con el fin de facilitar mercados de tierras, como lo ha documentado la Oficina de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la OEA.

Hartazgo de la corrupción, cuyas puntas de iceberg son los carteles de los pañales, de la papelería escolar; de la hemofilia; de la alimentación para los comedores escolares; del vaciamiento de entidades prestadoras de salud; de los falsos testigos; de magistrados que vendían beneficios judiciales; del cartel de la mermelada, -una presunta “compra de votos” por parte del Gobierno para la aprobación de proyectos de ley-; del agujero negro en que se convirtió Reficar (Refinería de Cartagena) cuya modernización pasó de los proyectados USD 3.777 millones a USD 8.016 millones, un escándalo que equivale a 18 veces el monto involucrado en el caso Odebrecht colombiano, según investigo la revista Semana. 

Hartazgo ante la corrupción detectada hasta en el manejo de los fondos internacionales para implantar el acuerdo de paz de 2016. Prueba de que la corrupción es sentida realmente como un flagelo en Colombia, es que el 26 de agosto la ciudadanía irá las urnas para decidir sobre una consulta anticorrupción de siete puntos. que pretenden acotarla.

Lo anterior lógicamente que ha sido parte del discurso electoral de Petro. Quien logró hacer abdicar del voto en blanco, ganándoselos para la segunda vuelta, a dos pesos pesados de la alianza de centro izquierda fajardista: el ex alcalde bogotano por dos períodos y senador electo Antanas Mockus; y la senadora Claudia López, esta última acérrima critica de Petro hasta antes de la primera vuelta.

A Petro se le ha señalado desde sus opositores que en aras de ganar votos para el balotaje se desdijo de varios puntos de su propuesta iniciales, como eran la de convocar a una Asamblea Constituyente; dejar sus propuestas expropiatorias, impulsar la iniciativa privada y respetar el Estado de Derecho, entre otras cuestiones muy alejadas del llamado socialismo del siglo XXI al que supo adherir otrora.

La campaña electoral en su tramo final – desde el 28 de mayo hasta el próximo domingo- ha tenido una virulencia y polarización de tono mayor.

Dos muestras. “Muchos jóvenes de hoy lo quieren ayudar a subir [a Petro]; los de mañana – como en Venezuela y Nicaragua-se tendrán que hacer matar para bajarlo, cuando no quede nada”, escribe el columnista Saúl Hernández Bolívar en El Tiempo, de Bogotá.

A Duque se le atribuye desde tiendas petristas ser un títere del expresidente Álvaro Uribe. Y a Uribe desde voceros del centro y de la izquierda se le acusa de narcoparamilitarismo; de ejecutar una política de seguridad entre 2002 y 2010 que supo de miles de desapariciones a manos del paramilitarismo; de haber ordenado pinchazos telefónicos a magistrados, periodistas, y opositores, así como de aprobar leyes restrictivas de la seguridad social, laboral y de la salud, más la realidad de que una decena de funcionarios de su administración han sido procesados por la justicia, y de que la Corte Suprema de Justicia adelanta 14 investigaciones contra el ex presidente.

También se le cuestiona a Uribe que se alió para esta segunda vuelta con muchos que le denostaron y estigmatizaron, como el ex presidente liberal Cesar Gaviria; o el fallido candidato presidencial Germán Varga Lleras, entre otros. Los uribistas replican recordando que quienes fueron extremadamente críticos con Petro desde el fajardismo, ahora llaman a votarlo…claro que en este caso, no escapa a la percepción de los estrategas políticos que el pago de este apoyo a Petro podría ser que en 2020 los millones de votos petristas coloquen en la alcaldía de Bogotá a alguien del fajardismo, como Claudia López, por ejemplo.

Todo esto bajo la espada de Hidroituango, la mayor represa colombiana en construcción que desde el 28 de abril mantiene vilo vida y haciendas de miles de ciudadanos si llega a derrumbarse. ¿Cómo se explica esto en un megaproyecto con estudios de factibilidad iniciados hace más de 30 años? Por haber tenido etapas realizadas en contravención de aspectos técnicos según los expertos estadounidenses y de la ONU que fueron llamados a diagnosticar de urgencia cuando el colapso era inminente.

Más allá de las realidades técnicas, sectores de la población ven en Hidroituango un símbolo en la cadena de corrupciones que ya segó vidas con la caída de construcciones como Edificio Space en Medellín, en 2013; el colapso del costado occidental de un puente peatonal en la carrera 11 con calle 103, en el norte de Bogotá, en 2015; el colapso del edificio Blas de Lezo en Cartagena, el año pasado; o el derrumbe del puente vial atirantado Chirajara en la vía Bogotá-Villavicencio en enero.

En la primera vuelta de estas elecciones votaron 19.580.908 ciudadanos, equivalentes al 53,36% del padrón electoral, un 8,47 % más que en las elecciones presidenciales de 2014. ¿Qué pasará el domingo 17? En las dos últimas segundas vueltas el comportamiento electoral fue disímil. Para el periodo 2010 -2014, la participación ciudadana se redujo de 14.781.020 a 13.296.925 votos. En el período 2014 - 2018, la participación creció: de 13.222.354 a 15.818.214. En esta segunda vuelta, habida cuenta de la polarización, ¿crecerá o no la concurrencia a las urnas respecto a la primera vuelta del 27 de mayo?